El protocolo permite atender y proteger la salud de la víctima, así como recabar pruebas y evidencia.

Según la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, "la violencia sexual es una de las manifestaciones de violencia más importantes en perjuicio de las mujeres, con mayor presencia en las edades más tempranas".

Entre los años 2015 y 2020, esta Secretaría registró 35.562 denuncias por delitos de este tipo cometidos contra menores, entre los que destacan tentativa de abuso sexual, abuso sexual y relaciones sexuales con persona menor de edad; así como 9493 denuncias por delitos de violación cometidos tanto contra personas menores como mayores de 18 años.

Por ello, en el 2011 dicha Secretaría logró la aprobación del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas en las Primeras 72 Horas de Ocurrido el Evento, conocido también como el Protocolo de las 72 horas el cual, según la dirigencia de la entidad, es una prueba vital para recabar prueba y proteger a las personas víctimas de estos delitos en el país.

Delfino.cr conversó con la jefa de esta Secretaría, Jeannette Arias Meza, quien nos explicó los motivos por los cuales el cumplimiento de este procedimiento es tan importante para garantizar la seguridad de la víctima y el adecuado proceso penal posterior al evento.

Según señaló Arias Meza:

Con el protocolo se definen todos los esfuerzos a nivel de investigación e, importante, se da acceso a anticoncepción de emergencia, a antirretrovirales y a la profilaxis para infecciones de transmisión sexual, que eso es lo primario. Por eso es importantísimo que la persona víctima ponga la denuncia. Las recomendaciones que hacemos, yo sé que son difíciles de seguir, muy difíciles, pero por eso insistimos en que se cumplan en la medida de lo posible porque son vitales para recabar la prueba".

Dato D+: Repase más sobre este protocolo en el podcast Violación: ¿cómo actuar ante un ataque sexual?

El protocolo: antes y después

Según indicó Arias Meza en su entrevista con este medio, previo a la puesta en marcha del protocolo, en el 2011, lo que las víctimas de abuso sexual o violación encontraban al tratar de poder la denuncia eran "nudos críticos" que les ponían cuesta arriba el proceso de denuncia y el acceso a los medicamentos básicos posteriores al evento.

Por ejemplo, previo al protocolo no había verdadera coordinación entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Poder Judicial para atender estos casos y las víctimas tenían, entre otras cosas, que trasladarse por su cuenta hasta la sede de la Medicatura Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en San Joaquín de Flores en Heredia, para interponer la denuncia.

Además, y como no había un único procedimiento institucional, las víctimas eran obligadas a contar su historia hasta nueve veces en diferentes espacios.

Ahora bien, si bien es cierto que absolutamente nadie quiere tener que afrontar una situación de este tipo, menos aún quiere hacerlo con las complicaciones de tener que rendir declaración más de una vez y, luego, ver cómo se moviliza hasta San Joaquín de Flores para que le tomen la prueba forense.

De ahí que el objetivo principal del protocolo fuese el de proveer procedimientos técnicos y operativos para el abordaje interinstitucional integral y oportuna de estos delitos, en todo el país.

Según señaló Arias Meza:

Lo que encontramos antes, al analizar el servicio, eran nudos críticos en los pasos que tenía que dar a la persona el primer día solo para poner la denuncia. Por eso trabajamos este programa con las diferentes instituciones que apoyan a las víctimas como el 9-1-1, la Cruz Roja, la Fuerza Pública, el PANI en caso de menores, el INAMU en caso de mujeres mayores y todas las instancias del Poder Judicial. Así ampliamos el servicio de Medicina Legal de San Joaquín de Flores, para que se dé 24/7, así como el suministro de los antirretrovirales que antes solo se daban en el Calderón Guardia".

En esta misma línea es necesario señalar que, a partir del protocolo, ahora las víctimas solo deben dar declaración en un máximo de dos veces, una en la Fiscalía y otra en Medicina Legal y las dos con datos diferentes, al tiempo que "ya todas las otras policías saben qué es lo que tienen que preguntar para no extenderse", según detalló Meza.

Además, ahora las unidades médico legales (que son las que ven estos casos y laboran en horas no hábiles, como fines de semana y días de cierre colectivo) pasaron de ser las cuatro que operaban previo a la implementación del protocolo, a 14 en la actualidad (13 especializadas y la central de Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores); al tiempo que hay 16 hospitales en todo el país capacitados para brindar el servicio sanitario y de medicamento a las víctimas.

Todos estos centros están equipados con carteles en los consultorios de Emergencia, con todos los detalles del programa para que las partes conozcan el procedimiento.

Según Meza:

Lo valioso del programa y el por qué de las comunidades lo exigen es porque antes las víctimas no tenían ningún tipo de acompañamiento, tenían que ver cómo se la jugaban solas y en cualquier parte del país. Antes se perdía evidencia y no había ningún tipo de conversación entre salud y administración de justicia. Si entraban por hospital, nadie les decía el tema de la denuncia, salvo que fuera menor de edad y cuando entraban se perdía la ropa, los elementos pilosos... todo. Si entraba por Poder Judicial, nadie les decía de la necesidad de ir al hospital por el tema del VIH o de anticoncepción de emergencia".

En esta misma línea, ahora son la Fuerza Pública y el OIJ quienes movilizan a las víctimas a los puntos de puesta en marcha del protocolo, esto con el fin de descentralizar los servicios hacia las localidades.

Estos equipos se comunican constantemente y reportan el avance de los casos, con una generación de policías que también se han sensibilizado al respecto.

Antes se duraba hasta 20 horas en el proceso y la víctima quedaba destrozada. Ahora eso no es así y a quien viene de La Cruz la atienden en Liberia: ya no tiene que venir a San José.

Finalmente, Ciencias Forenses abrió una recepción de evidencias que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde las muestras se trasladan en frío y con cuidado de los tiempos y coordinación con el hospital, lo que ha permitido que la recepción de indicios de ADN en casos como estos haya subido a un 46% desde la implementación del protocolo.

Además se trabaja con el Poder Judicial y su centro de captación de ADN por delitos para identificar de forma más rápida a victimarios que cometan estos crímenes de forma serial:

Si a una persona le encontramos un ADN en otro caso donde la víctima no sepa quién la atacó pero esta dejó muestras, podemos hacer match a partir del banco y así captar a criminales seriales".

72 horas: el paso a paso

El protocolo de las 72 horas es un programa institucional declarado de interés nacional por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

En él se articula la acción de instituciones como el Ministerio de Salud, el Sistema de Emergencias 9-1-1, la Fuerza Pública, la Cruz Roja Costarricense, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el OIJ, los Departamentos de Trabajo Social y Psicología, de Medicina Legal y de Ciencias Forenses del Poder Judicial, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, la Defensa Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otras.

A su vez, tiene un campo de acción muy específico: víctimas de una violación ocurrida en las 72 horas previas. Según señaló Arias, el cumplimiento de ese plazo es fundamental y por eso es que lo primero que se insta a la víctima es a que acuda a los centros médicos o judiciales para empezar el proceso donde no solo se le apoyará con la denuncia, sino que también se le brindará apoyo sanitario, de contención de embarazo y antirretroviral para evitar enfermedades de transmisión sexual y mayores complicaciones a futuro:

La violación que nosotros vemos con el protocolo es la emergencia médica de una violación por contacto, es decir donde hay contacto del pene con vagina, boca o ano que implique intercambio de fluidos, donde puede haber riesgo de contraer VIH-sida, embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual. Esa es la emergencia que vamos a ver en ese marco de 72 horas.

Es importante reiterar que este protocolo aplica solamente para estos casos específicos. Cuando se trata de una situación de violaciones constantes a lo largo del tiempo o cuando ya han pasado las 72 horas existen otros procedimientos que evidentemente también implican apoyo y atención a la persona pero con un método diferente.

Según Arias, en esos casos "ya no proceden unos antirretrovirales profilácticos, sino que lo que procede es que le hagan un examen basal para ver si ya tiene la enfermedad y darle otro tratamiento. No se abandona ni mucho menos, pero ahí entra otro procedimiento".

Este protocolo tampoco es para las sentencias o para las violaciones que no sean con esos contactos de transmisión de fluidos. Este protocolo es para casos específicos y para el resto de casos hay otros procedimientos.

Ahora bien ¿cómo arranca el procedimiento de las 72 horas? Pues según nos indicó la Secretaría de Género, la activación del protocolo depende de la institución por la que entre la persona víctima:

A quien acuda al 9-1-1, a la Fuerza Pública, al OIJ, a la Cruz Roja o Emergencias, lo primero que se le va a preguntar siempre es cómo se siente, porque lo primero es la salud y la vida. Entonces si la persona se siente mal porque puede tener hemorragias, lo primero siempre va a ser llevarla al hospital. Si la persona está estable, pues vamos a procurar entrar por Poder Judicial".

En caso de ingresar por la vía judicial, la víctima será abordada por el OIJ en una entrevista pequeña cuyo fin es determinar datos claves como el tipo de delito y el tiempo transcurrido desde el hecho, para comunicárselo a Fiscalía.

Ahí es el Ministerio Público quien decidirá si se activa o no el protocolo y, en caso afirmativo, se llamará a la Oficina de Atención a la Víctima para que esta envíe a un profesional en Psicología o en Trabajo Social que dé contención y acompañamiento a la persona.

A su vez, y en caso de que esta sea menor de edad, se llamará al Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Mientras esto sucede, las autoridades trasladarán hasta el lugar de atención al médico forense encargado y se esperará la llegada del fiscal que esté de turno para interponer la denuncia, de forma que esta se procese con contención psicológica.

Una vez finalizado este proceso, el fiscal pedirá valoración y dictamen de médico legal para adjuntar a la denuncia y el médico forense entrará a hacer dicho proceso, a partir del consentimiento informado de la víctima.

Posteriormente se tomarán las muestras y si la víctima lo quiere, se le llevará al hospital más cercano para que, en el servicio de Emergencias, le den todos los medicamentos que necesite una vez recabada la prueba.

Por otro lado, si la víctima llega primero al hospital se le tomará la evidencia correspondiente con un papel Kraft para que luego llegue el OIJ a embalarla.

En este punto se toman muestras de fluidos y se hacen exámenes de sangre y orina especiales para que quede la prueba que se trasladará al OIJ. Si por la condición en la que ingresa la víctima queda hospitalizada, el médico forense irá al hospital a hacer ahí el proceso.

Entre las recomendaciones de las autoridades destaca también la de usar un protector diario que se entregará al llegar al OIJ para que las autoridades judiciales recojan los fluidos, al tiempo que se recomienda no ir al baño, no lavarse los dientes ni la boca y no bañarse ni quitarse la saliva para que quede rastro del ADN.

Según Arias Meza:

Ningún caso va a ser igual al otro. Siempre vamos a estar poniendo en la balanza las particularidades o especificidades de un caso, porque lo que procede para uno puede que no proceda para otro. Por eso, si necesitamos recoger la evidencia pero la víctima está mal, descompuesta y llorando tanto que no puede, pues no se puede. Ahí bueno, será mañana porque no vamos a revictimizar.

Los datos de la Secretaría señalan que las autoridades competentes atienden unos 500 casos por protocolo de las 72 horas cada año.