El editorial del periódico La Nación del pasado 12 de junio, afirma que, de cara a la implementación del Pacto Verde europeo, los productores agroindustriales de Costa Rica deberán hacer algunos ajustes. Ajustes verdes. Entre estos destacan el uso de empaques reciclables, los controles sobre los terrenos utilizados para cultivo, que no podrán ser áreas recientemente deforestadas, y la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes.
El texto destaca la vocación verde de Costa Rica e indica que debemos aprovechar nuestra ventaja ambiental sobre los competidores comerciales. Además, menciona la reciente detección en Alemania de un cargamento de melones proveniente de Costa Rica, con una concentración de clorotalonil que superaba, por mucho, el límite permitido. El clorotalonil es un agroquímico cancerígeno que ha sido prohibido en Europa, pero está permitido en nuestro país.
Esta situación nos obliga a ser autocríticos. Por un lado, Costa Rica tiene un excelente camino recorrido en relación con la creación de parques nacionales y áreas de conservación. Pero por otro, son muy limitados nuestros avances en relación con la calidad del agua de nuestros ríos, con la gestión de residuos y con el uso de sustancias peligrosas, incluyendo los agroquímicos.
Avances a medias
Isabel Méndez vive en Oreamuno de Cartago y desde hace más de nueve meses no puede usar el agua del tubo, porque está contaminada con clorotalonil. Sí, la misma sustancia que estaba en los melones del cargamento alemán. Ella y otras 10.000 personas de esa zona han tenido que salir diariamente de sus casas a recoger el agua que se distribuye en cisternas, para beber, lavar sus alimentos, cocinar y bañarse.
Esta situación salió a la luz pública en marzo de este año, gracias a un reportaje que produjo la cadena de noticias Deutsche Welle, como reacción al famoso cargamento de melones. La Deutsche Welle llevó a cabo una detallada investigación sobre el uso de plaguicidas en el país e identificó el problema de contaminación en Oreamuno. De rebote. Es decir, el exceso de clorotalonil en los melones era apenas la punta del iceberg.
Existen plantaciones dentro del área de protección de una de las nacientes de agua de Oreamuno, lo que está prohibido. Como los cultivos no se plantan solos, alguien llegó a ese lugar, pensó en productividad, cortó los árboles, sembró el cultivo y aplicó plaguicidas en exceso. Probablemente ese alguien dirá que se trata de contaminación difusa, porque todos en la zona usan clorotalonil, así que no se podrá encontrar a un responsable. Si no hay un responsable, ¿quién responde por el daño?
Comercio y gestión social
Además del Pacto Verde que menciona el editorial de La Nación, recientemente se ha aprobado una directriz europea de debida diligencia de sostenibilidad corporativa. Esta directriz exige que una empresa grande europea o con sede en Europa, que importe recursos o bienes como verduras o frutas, evalúe a sus proveedores para asegurarse de que no contaminen el ambiente ni pongan en riesgo a las personas ni a la comunidad. Esto significa que, muy probablemente, pronto tendremos más noticias como la de la Deutsche Welle.
Las ONGs europeas estarán muy pendientes de cualquier incidente y empezarán a investigar en profundidad y determinar responsabilidades. Además, esta nueva directriz pone el foco en lo social y no solo en lo ambiental, como plantea el Pacto Verde. Y cuando se habla de lo social, se habla de la salud y las condiciones laborales de quienes trabajan en esas empresas exportadoras y de sus proveedores, además de la salud de las comunidades que esas empresas puedan estar impactando. El caso de Oreamuno habría sido un ejemplo perfecto de esto.
Recientemente se han reportado casos de trabajadores que viven en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y con irregularidades migratorias, en la zona norte y en Guanacaste. Por otra parte, según los datos reportados al Consejo de Salud Ocupacional, en 2020 fallecieron 106 personas por accidentes y enfermedades laborales. Estos casos se presentan como consecuencia de una fiscalización muy limitada, por no decir inexistente. En buena medida, estas situaciones han impulsado a la Unión Europea a tomar cartas en el asunto.
El papel de la banca
Desde hace alrededor de una década, al colocar dinero en los bancos locales, las instituciones financieras multilaterales exigen que se evalúe el desempeño de los sujetos finales de crédito. Estas evaluaciones se llevan a cabo a través de Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, conocidos como SARAS, que disminuyen la probabilidad de financiar a quien sea peligrosamente noticioso y eventualmente manche su reputación.
Existe un interés por parte de la Unión Europea y la banca internacional para que se reduzcan los impactos ambientales y sociales de las empresas costarricenses. Esto se relaciona directamente con el prestigio de nuestro país, que se erosiona cada vez que se presenta un caso como el de Oreamuno. Ni qué decir de la reputación de las empresas que, ahora sí, tendrán que responder por el daño.
Si queremos fortalecer nuestras relaciones comerciales con Europa y otros mercados, debemos barrer la basura que ingenuamente hemos escondido debajo de la alfombra. Si no serán otros quienes lo hagan.
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