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Foto: Asamblea Legislativa

Asamblea termina de votar mociones a proyecto contra crimen organizado y pasa a consulta de la Corte

El Plenario de la Asamblea Legislativa concluyó este miércoles el trámite de las mociones de fondo que fueron presentadas al proyecto de ley contra el crimen organizado que se tramita en el expediente 23.090.

En total a los diputados les tomó 20 sesiones tramitar las 529 mociones que fueron presentadas, de las cuales se votaron 485 porque 44 fueron retiradas. A ello se sumaron 284 mociones de revisión presentadas por Carolina Delgado Ramírez (280) y Danny Vargas Serrano (4).

Delgado había renunciado a presentar revisiones a todas las votaciones negativas a sus mociones, aunque en la recta final decidió revertir su decisión y volvió a reiterar las mociones que le estaban siendo rechazadas.

En total el Congreso votó 769 mociones de fondo y revisión al proyecto de ley, cuya discusión no inició este mismo miércoles pues el texto actualizado debe ser consultado a la Corte Suprema de Justicia, la cual ha prometido realizar una sesión extraordinaria para conocerlo con prontitud y enviar su respuesta a la Asamblea, y que así pueda votarse lo más pronto posible.

Una vez la Corte responda cada congresista tendrá 10 minutos para hacer uso de la palabra en primer debate y 10 minutos en segundo debate. Una consulta de constitucionalidad que posponga la votación final es poco probable dado que solo Delgado y Vargas objetan el proyecto de ley, que la Fiscalía ha dicho debe aprobarse antes del 7 de junio para que no expiren las prisiones preventivas de cabecillas de bandas de crimen organizado.

La Corte ya había emitido criterio al proyecto en trámite de comisión el 25 de octubre de 2022 y aunque indició que afectaba su organización y funcionamiento, no se oponía al expediente y por el contrario se manifestaba a favor de su aprobación pues contenía aspectos que se visualizaban adecuados para la implementación de la nueva jurisdicción contra el crimen organizado y en general, la investigación y juzgamiento de procesos por delincuencia organizada, sean ordinarios o de la jurisdicción especializada.

El Proyecto de Ley N° 23.090 propone una mejora integral de la Ley N° 9481, que respeta su paradigma esencial: la necesidad de una jurisdicción especializada para hacer frente a los complejos y/o violentos procesos de crimen organizado, pero que tampoco renuncia a la vía ordinaria para resolver otras causas de delincuencia organizada de tramitación sencilla, de manera que unidas, garanticen a los ciudadanos del país una justicia más pronta y cumplida, de cara a un tipo de criminalidad que día a día muta, cuenta con significativos recursos económicos, profesionales y vínculos de todo tipo, que amerita procesos judiciales capaces de evolucionar, de reaccionar, de especializarse, en suma, una jurisdicción que dé respuesta eficiente a esos nuevos retos.

El proyecto de ley modifica los requisitos específicos para ser considerado juez o juez tramitador en los Juzgados y Tribunales Especializados en crimen organizado, y se establece un incentivo salarial para quienes ocupen estos cargos.

Asimismo indica que las personas que trabajen en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada deberán ser evaluadas cada dos años para verificar su idoneidad en el cargo. Esta evaluación podrá ser solicitada por instancias superiores o entidades encargadas de supervisar los deberes de probidad. En caso de obtener resultados desfavorables en la evaluación, la autoridad que realizó el nombramiento puede revocarlo y regresar a la persona a su puesto original.

Ante la apertura de un procedimiento disciplinario o penal, la jefatura correspondiente podrá tomar la medida administrativa de regresar al funcionario investigado a su puesto original, si está debidamente justificado.

Se establece que los empleados de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada cuentan con protección especial en casos de riesgo relacionados con sus funciones.

El texto también señala que los empleados de la Jurisdicción Especializada podrán ser asignados a tareas en la jurisdicción ordinaria según las necesidades institucionales, y viceversa en casos específicos y para diligencias particulares, sin recibir el incentivo salarial correspondiente.

También habilita que los casos de delincuencia organizada puedan ser procesados tanto en la jurisdicción penal ordinaria como en la Jurisdicción Especializada, y los actos procesales realizados en la jurisdicción ordinaria previa a la creación de la Jurisdicción Especializada mantendrán su validez.

Un aspecto medular para la Fiscalía es que en los procesos de delincuencia organizada que se llevan a cabo en la jurisdicción ordinaria, no se requerirá una resolución judicial adicional, y se aplicarán las normas del Código Procesal Penal relacionadas con los plazos para casos de tramitación compleja.

Finalmente, se establecen plazos específicos para la investigación, etapa intermedia, prisión preventiva, continuidad y suspensión del juicio, deliberación y dictado de sentencia, los cuales se duplican en comparación con la jurisdicción ordinaria.

Breves

— El presidente Rodrigo Arias anunció la conformación de más comisiones, las cuales mantienen la misma integración que en la primera legislatura salvo con los siguientes cambios:

— Al proyecto de jornadas 4x3 solo se le conocieron tres mociones de fondo y tres revisiones, de modo que restan 804 mociones de fondo.