El Plenario de la Asamblea Legislativa decidió por mayoría este jueves enviar al archivo un proyecto de ley para endurecer el delito de fraude a la Hacienda Pública, al votar negativamente una moción para darle cuatro años más de plazo para tramitarse en el Congreso.

Se trata del expediente 21.414 denominado "Ley para fortalecer el combate al delito de fraude a la Hacienda Pública" y que había sido presentado por el entonces diputado del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada. Solo la bancada del FA votó a favor de mantener viva la iniciativa.

El proyecto proponía una serie de reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios en materia de incumplimiento tributario, especialmente en materia de evasión y elusión. 

Entre las medidas incluía una reducción de los montos mínimos -o umbrales- que establece la legislación penal tributaria actual respecto de las condiciones bajo las cuales se puede considerar que existe el delito de fraude fiscal, así como otras medidas adicionales a las ya existentes, con el fin de establecer condiciones agravantes y sanciones complementarias, inhabilitaciones y multas que se impondrían ante la comisión del delito de Fraude a la Hacienda Pública.

Como primera medida el proyecto reducía de 500 salarios base (231.100.000 colones) a 200 salarios base (92.440.000 colones) el monto que, defraudado, se haría constitutivo del delito de fraude a la Hacienda Pública.

Como segunda medida el proyecto aumentaba de 4 a 5 años la prisión resultante de dicho delito y como tercera incorporaba tres agravantes en los que la cárcel sería de 5 a 10 años: que la defraudación superara los 500 salarios base; que la defraudación se hiciera mediante grupos criminales; o por el ocultamiento de obligados, montos de la obligación o patrimonio de los obligados.

Como tercera medida estaba que el delito de fraude fiscal podría considerarse como "continuado", de modo que se eliminaban hipotéticas situaciones en las que en un solo periodo fiscal se evadían 499 salarios base o menos, y en otro periodo fiscal 499 salarios base o menos, como medida para evadir la sanción penal. Si se aprobaba, podrían tomarse en cuenta los montos defraudados en varios periodos fiscales.

Luego se establecía que a los condenados por fraude a la Hacienda Pública se les impondría la pérdida temporal de subvenciones, beneficios fiscales o en las cargas sociales, así como la inhabilitación para participar en procedimientos de contratación administrativa; y que las personas que participaran o coadyuvaran en el delito serían considerados y sancionados de acuerdo con las normas generales de participación previstas en el Código Penal.

Finalmente, la iniciativa incorporaba una norma que expresamente regulaba la responsabilidad penal y civil de las personas físicas y responsabilidad civil de las personas jurídicas que no figuren como sujetos de la relación tributaria.

El proyecto fue estudiado en la Comisión de Asuntos Hacendarios por diputados del actual periodo constitucional, quienes emitieron un dictamen negativo de mayoría recomendando archivar el proyecto, suscrito por Pilar Cisneros Gallo y Ada Acuña Castro del oficialismo, Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco Castro del PUSC, Eliécer Feinzaig Mintz del PLP; Sonia Rojas Méndez y Gilberth Jiménez Siles del PLN.

El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña Castro presentó un dictamen afirmativo de minoría recomendando aprobarlo.

En la fase de audiencias la Procuraduría General de la República consideró que el proyecto era viable y no presentaba roces aparentes de constitucionalidad, ni contravenía el ordenamiento jurídico, siendo un tema de mera política criminal y de resorte exclusivo del Congreso el delineamiento de las conductas que se consideran lesivas del conjunto social, y que justificaban la aplicación del poder punitivo del Estado.

La Defensa Pública también le había dado un criterio positivo por considerar que el texto no era inadecuado, desproporcional, o innecesario, y recordó que la evasión y elusión de impuestos son de los principales factores que contribuyen al incremento de la desigualdad y de la crisis fiscal, pues las reglas sancionatorias actuales no permiten una adecuada persecución de los grandes evasores.

De hecho, la Defensa Pública dijo que la reforma era "necesaria, justa y equilibrada en un sistema de solidaridad y equidad, para que se impongan reglas sancionatorias a quienes debiendo pagar adecuadamente al fisco no lo hagan".

Por el contrario, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) emitió un criterio negativo y afirmó que "la reforma se considera muy peligrosa, con penas de cárcel para los administrados con una clara tendencia a utilizar el instrumento penal como forma de coacción para hacer pagar al contribuyente".

Asimismo Uccaep dijo que el proyecto era "innecesario, sumamente agresivo y confiscatorio; ya hoy se cuenta con la fortaleza necesaria en las sanciones aplicadas sobre los ilícitos tributarios y se cuenta con un tipo penal suficiente para enfrentarlos".