El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) señaló a la Comisión de Asuntos Jurídicos que el proyecto de ley que pretende prohibir la doble postulación en Presidencia y diputaciones, es inconstitucional a la luz de pronunciamientos históricos de la Sala Constitucional.
En audiencia ante los congresistas que integran ese foro legislativo, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia María Zamora Chavarría afirmó que desde el año 2001 y con base en la jurisprudencia de la Sala IV, el Tribunal ha señalado que en materia de impedimentos y de condiciones de inelegibilidad, aplica el principio de reserva de Constitución en aquellos cargos cuya creación y condiciones de acceso se prevean directamente en ese texto político fundamental.
Como derecho humano, la participación política solo admite las limitaciones que, dentro de los parámetros constitucional y convencional, determine el ordenamiento jurídico; eso sí, no cualquier tipo de norma puede establecer tales restricciones, pues la jerarquía que requiere la cláusula limitativa está íntimamente relacionada con el tipo de puesto.
Zamora explicó que si bien la Asamblea sí puede por vía de ley establecer causas que hacen inelegible a una persona para optar por un cargo de elección popular en el régimen municipal, dado que la Constitución delegó en la ley ordinaria la regulación de ese sistema; no ocurre igual con la Presidencia de la República y los asientos a la Asamblea Legislativa.
Tratándose de los cargos del gobierno nacional la Constitución Política sí previó expresamente cuáles serían las condiciones personales que debían cumplir los aspirantes a esos puestos, así como quienes no podrían presentar candidaturas a ellos; en ese sentido, está vedado al legislador imponer más restricciones de las que se contemplan en la citada norma fundamental.
La presidenta del TSE recordó que en el año 2001 los jueces electorales indicaron que, en 1994, la Sala Constitucional había dispuesto que las excepciones a la igualdad electoral solo debían admitirse cuando la propia Constitución Política las imponga, e interpretándolas de forma restrictiva y razonablemente de acuerdo con toda la Constitución, los principios de ésta y del Derecho Internacional.
El proyecto de ley en análisis establece un supuesto de inelegibilidad para los cargos de Presidente y diputados que no fue previsto por el constituyente costarricense, limitación al derecho al sufragio pasivo que resulta inconstitucional en tanto, como se apuntó, en esta materia existe reserva de Constitución.
Durante la audiencia Zamora y demás personeros de Tribunal recordaron el antecedente mediante el cual la Sala IV anuló la reforma que limitó la reelección presidencial, en cuya argumentación los jueces constitucionales señalaron que los derechos otorgados por la Constitución en su versión original, o aspectos del funcionamiento u organización del Estado en su diseño original (normas pétreas), solo podían ser limitados, variados o reformados sustancialmente mediante una Asamblea Nacional Constituyente convocada al efecto.
La presidenta del Tribunal afirmó ante la comisión que ellos comparten las tesis emitidas previamente por la Sala que harían inviable este proyecto de ley, y también a modo de reforma constitucional parcial como está en trámite en este momento, pues es algo que debería adoptarse mediante reforma general de la Carta Fundamental.
Y aún si se realizara por la vía de la reforma constitucional, la presidenta del TSE recordó que la Sala emitió en la década de los noventas una histórica sentencia en la que determinó que en la medida de que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Costa Rica protejan en mayor grado un derecho reconocido por la Constitución, dicho instrumento tendrá rango incluso encima de la propia Constitución.
En ese sentido, afirmó que si la reforma se hiciera por la vía constitucional, también podría considerarse no efectiva por contravenir los derechos políticos que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).
El diputado oficialista proponente del proyecto, Manuel Morales Díaz, pidió no afirmar desde ya que la iniciativa sea inconstitucional y en su lugar pidió que sea aprobada en primer debate y enviada a consulta de la Sala Constitucional.
Breves
— La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó este miércoles afirmativamente el expediente 22.714, titulado Reforma del Artículo 23 de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, Ley 6836 de 22 diciembre 1982 y sus reformas, que excluye de esa legislación las contrataciones de personal médico realizadas en el sector privado.
— Se llevó a cabo en el Plenario la primera lectura de admisibilidad de la reforma constitucional tramitada en el expediente 22.059 "Reforma del inciso 9) del artículo 121 de la Constitución Política. Juzgamiento de los miembros de los Supremos Poderes".









