En Costa Rica, la conversación sobre inteligencia artificial y elecciones suele quedarse atrapada en una pregunta: ¿hace falta una ley? El TSE ayudó a redactar una propuesta, el expediente 24.875, que no llegó a aprobarse antes de febrero. En abril, la ministra de Ciencia y Tecnología pidió archivarla con el argumento de que el Tribunal no tiene capacidad para regular la materia. Es un debate legítimo. Pero Brasil, que acaba de cerrar sus elecciones generales, ofrece una respuesta que ninguna de las dos posturas debería ignorar: tener la norma es la parte fácil.
El Tribunal Superior Electoral brasileño llegó a esta campaña con una de las regulaciones más avanzadas del mundo sobre IA en elecciones. Prohibió los deepfakes, obligó a etiquetar todo contenido sintético y vetó la publicación de nuevo material generado con IA sobre candidaturas en las 72 horas previas a la votación. Sobre el papel, Brasil hizo todo lo que aquí se discute.
En la práctica, el proyecto VigIA de la agencia de verificación Lupa confirmó el uso de IA en 920 piezas de contenido electoral entre el 16 de agosto y el 28 de septiembre, casi una por hora, y solo 371 llevaban la etiqueta obligatoria, alrededor del 40%. Lupa también reportó a Meta y a la Justicia Electoral 37 publicaciones irregulares de candidatos y partidos detectadas en los primeros once días de campaña: un mes después, 29 seguían en línea. Y cuando un tribunal regional ordenó retirar un video, las copias siguieron circulando; un profesor de derecho electoral de la Fundación Getulio Vargas reconoció que no existe una solución técnica para perseguir cada réplica.
La lección no es que regular sea inútil. Es que una prohibición sin capacidad de hacerse cumplir en cuestión de horas se queda en una declaración de principios. En campaña, el daño se produce el mismo día; la sanción, si llega, llega meses después.
Nuestro propio diagnóstico
Costa Rica no necesita mirar solo afuera. El informe de Proledi (UCR) y el Observatorio Complutense de Desinformación documentó 257 incidentes de manipulación informativa entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026. En 55 se usó IA generativa, alrededor de uno de cada cinco. El dato más revelador, sin embargo, es otro: el 77,4% no recibió corrección ni medida visible, y las plataformas solo eliminaron dos contenidos. El mismo estudio recuerda que la desinformación no es por sí misma una falta electoral y que la comunicación del TSE con las empresas carece de acuerdos formales que la respalden y no garantiza plazos de atención.
Dicho de otro modo: Costa Rica tiene el problema de Brasil sin las reglas de Brasil, y Brasil demuestra que las reglas, por sí solas, no resuelven el problema. Lo que falta en ambos casos es capacidad de ejecución.
Tres ideas para 2028
De cara a las elecciones municipales del 6 de febrero de 2028, el debate útil no es solo qué prohibir, sino cómo hacerlo cumplir.
Convenios con plazos. Antes que nuevas multas, acuerdos formales entre el TSE y las plataformas, con tiempos de respuesta medidos en horas durante la campaña e informes públicos de cumplimiento. El propio Tribunal pidió esa facultad al opinar sobre el expediente 24.875. Un compromiso medido y publicado presiona más que una sanción que nadie llega a cobrar.
Empezar por lo que se puede controlar. Perseguir cuentas anónimas es lento y muchas veces imposible. En cambio, exigir a partidos y candidaturas que declaren y etiqueten su propia propaganda sintética es verificable y recae sobre quienes sí rinden cuentas ante el Tribunal. En Brasil, incluso con la norma vigente, una parte de las piezas irregulares salió de las propias campañas.
Observación local. En una elección repartida entre 84 cantones, la atención de verificadores y medios nacionales se dispersa, y la desinformación de escala cantonal pasa por debajo del radar. Las alianzas que funcionaron en la elección presidencial —universidades, verificadores y organizaciones civiles— deberían extenderse a medios regionales y trabajar con un registro común de incidentes desde antes de que arranque la campaña.
Ninguna de estas medidas exige esperar una ley integral, y todas harían más eficaz cualquier ley futura.
Brasil invirtió años en escribir la mejor norma posible y aun así vio cómo la mentira llegaba antes que la sanción. Costa Rica tiene la ventaja de observar ese experimento desde fuera, con quince meses por delante. Sería una lástima gastarlos solo en discutir si hace falta una ley y no en construir la capacidad para que cualquier ley, la que sea, funcione el día en que importa.
