Propone reformar el artículo 121, inciso 9) de la Constitución Política para establecer que las personas integrantes de los Supremos Poderes de la República que sean acusadas por la comisión de delitos y siempre que la Asamblea Legislativa haya admitido la acusación, serán juzgadas por los tribunales penales competentes de conformidad con la ley, y no por la Corte Suprema de Justicia, como ocurre en la actualidad. Con esta modificación a la Carta Magna se pretende eliminar un privilegio injustificado que puede poner en entredicho la imparcialidad de la justicia, entorpece el buen funcionamiento de la Corte Plena y no garantiza a las personas juzgadas principios básicos del debido proceso, como la doble instancia y el juez natural. Todo lo anterior, se plantea sin afectar las garantías establecidas para evitar persecuciones políticas injustificadas contra quienes integran los Supremos Poderes, como la existencia de un fuero de improcedibilidad penal y el requisito de un antejuicio en la Asamblea Legislativa de previo al levantamiento de dicho fuero.