El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en segundo debate y tras pasar el filtro de la Sala Constitucional, el proyecto de ley que fija a los trabajadores independientes un plazo de prescripción de cuatro años a sus deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La iniciativa, tramitada en el expediente 21.434 y denominado "Ley del Trabajador Independiente" fue presentada por el diputado Pedro Muñoz Fonseca del Partido Unidad Social Cristiana durante el periodo constitucional anterior, sin embargo, experimentó cambios radicales en su redacción hasta la versión que fue finalmente votada este lunes por unanimidad (45 presentes).
Según dispone el texto, se entenderá que es un trabajador independiente aquella persona física que de manera autónoma ejecuta trabajo sin subordinación en el contexto de una actividad económica y que puede organizarse a través de una unidad económica, con el fin de ordenar los recursos e insumos que le permitan prestar servicios generadores de ingresos de carácter no salarial, asumiendo los riesgos de dicha actividad.
Además, se establece que el trabajador independiente ejerce el control de las actividades y por cuenta propia toma las decisiones más importantes de una unidad económica; y que puede trabajar solo o en colaboración con otros trabajadores independientes y proporcionar o no trabajo a terceros.
En lo relativo al plazo de prescripción, el texto dispone que la acción de la Caja Costarricense de Seguro Social para determinar la obligación contributiva de los trabajadores independientes, imponer sanciones y/o para cobrar la obligación principal y sus sanciones, prescribirá en un plazo de cuatro años. Igual término regirá para exigir el pago de dichas cuotas.
Para el caso de los trabajadores independientes que no se inscriban ante la Caja o incumplan sus deberes formales de declaración debidamente regulados, o los que estén registrados pero hayan presentado declaraciones calificadas como fraudulentas, el plazo de prescripción será de 10 años.
La prescripción deberá ser declarada en sede administrativa a petición del trabajador independiente, sin perjuicio de que pueda ser alegada también en sede judicial.
Asimismo, se establece que las obligaciones que no se paguen por declararse la prescripción de los periodos que correspondan, no generarán derechos al contribuyente para efectos de las cuotas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Como medidas transitorias, el Congreso ordenó a la Caja reglamentar esta ley en un plazo de hasta seis meses, contados desde la fecha de aprobación de la ley; una medida atípica pues lo normal es que la ley rija desde que es publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
La redacción agrega que la falta de reglamentación de la ley no impedirá su "aplicación inmediata".
El segundo y último transitorio establece que una vez que entre en vigor la presente ley, se aplicará el plazo de prescripción de cuatro años para los trabajadores independientes inscritos, en lo que respecta a sus contribuciones nacidas antes de la entrada en vigor de la ley, independientemente de que existan o no procedimientos determinativos, sancionatorios o de cobro.
La expresión "independientemente de si se iniciaron o no procedimientos determinativos o de cobro" significa que de haberse realizado procedimientos determinativos o de cobro, o se inicien con posterioridad a la vigencia de esta ley sobre periodos anteriores a esta, solo se podrán determinar contribuciones o cobrarlas sí, al momento de notificar el primer acto de inspección o de cobro, no hubiese transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Cualquier otro acto posterior que se haya dado sobre periodos respecto de los que ya para el primer acto había transcurrido el plazo de prescripción carecerá de efecto interruptor bajo el principio de que no se puede interrumpir la obligación ya prescrita.
Para los trabajadores independientes no inscritos se aplicará el plazo de prescripción de 4 años durante 24 meses, contados a partir de la vigencia de esta ley, tanto para deudas nacidas antes de la entrada en vigor de la ley como las nacidas durante ese plazo de 24 meses. Transcurridos estos 24 meses sin que los trabajadores independientes no inscritos acudan a registrarse ante la CCSS, aplicará el plazo de prescripción de 10 años.
El proyecto pasó el filtro de la Sala Constitucional luego de que una mayoría de jueces de esa Cámara indicara que la regulación de los plazos de prescripción es reserva de ley, y por ende, resorte del Congreso; al tiempo que afirmó que la Asamblea puede legislar en materia de la Caja Costarricense de Seguro Social, siempre y cuando no vacíe o varíe sustancialmente su autonomía constitucional y su gobierno sobre los seguros sociales.
En materia de retroactividad, la mayoría del Tribunal determinó que al ser una medida positiva la reducción a 4 años del plazo de cobro de la Caja, se aplica su jurisprudencia sobre la aplicación de la norma "más favorable" para el ciudadano o administrado.
Asimismo, la Sala tomó en cuenta que un informe de la Caja sobre el efecto financiero del proyecto arrojaba que el mismo sería poco significativo, ya que había que tomar en cuenta el nivel de incobrables de esa deuda, versus el efecto que tendría la ley de fomentar la formalización de personas actualmente excluidas de la Seguridad Social.
Breves
— El Plenario continuó el trámite de las mociones de reiteración del Frente Amplio que fueron presentadas al expediente 22.561 "Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional".
— El jefe de la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig Mintz, presentó un proyecto de ley (expediente 23.675) que pretende rebajar la tasa de impuesto sobre la renta que se le cobra a las personas jurídicas en una décima parte, pasando del 30% actual a un 27% de la renta imponible. El proyecto fue presentado con la firma de Johana Obando Bonilla y Gilberto Campos Cruz.







