Chaves aludió a la condena de Víctor Hugo Víquez para ilustrar las dudas que tiene en torno al trabajo del Poder Judicial.
El viernes pasado el presidente Rodrigo Chaves Robles contestó las preguntas de diversos medios de prensa tras ofrecer su conferencia semanal.
El periodista José Adelio Murillo (Repretel) tomó la palabra y consultó al presidente por las medidas inmediatas que tiene pensado tomar el Gobierno para combatir el aumento en la violencia que vive el país.
Al contestar, el mandatario reconoció que el país tiene un “problema de guerra entre bandas criminales” y aseguró que están trabajando un paquete de proyectos de ley para presentar al Legislativo tras Semana Santa.
Dentro de los temas que adelantó serán abordados incluyó el tratamiento de los menores de 18 años, la justicia restaurativa y el control de armas, antes de señalar “las sentencias, diay aquí usted acaba de ver un diputado que por coincidencia le dieron 2.8 años de condena, qué raro porque menos de 3 no se sirve la pena en la cárcel... hmm... yo no estoy diciendo nada pero me lo pregunto”.
El presidente aludía a la sentencia de 2 años y 8 meses de cárcel dictada esta semana contra el exdiputado del PLN Víctor Hugo Víquez, plazo que precisamente le permite evitar la prisión.
Siempre abordando la misma consulta, Chaves agregó: “O cuando alguien tiene una pena de 12 años de prisión y sirvió un año el ministerio de Justicia y Paz podía ahí emitir una orden salga al año vaya, si ya lo acabamos, y me atacan de que soy etcétera”.
Terminó esa línea de ideas indicando que “los jueces pueden condenar para el mismo delito, “discrecionalmente”, entre un año y no sé cuánto un periodo amplísimo de pena y ahí es donde se hacen las negociaciones, pónganme menos de tres y no voy a la cárcel, etcétera”.
Reacción en el Poder Judicial
Los comentarios no sentaron bien en el Poder Judicial, donde se interpretó que el presidente estaba dando a entender que los jueces negocian con las personas imputadas la dureza de las condenas que imponen.
El Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD) emitió un comunicado este sábado en el que indicó que “desde el momento en que asumió el cargo de Presidente de la República, Rodrigo Chaves no ha dejado de atacar al Poder Judicial, con la clara intención de debilitar la institucionalidad republicana que juró defender”.
En la misiva, SINDIJUD señala que Chaves atribuyó a tres jueces integrantes del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, “el gravísimo hecho de haber negociado la pena que se impuso a un ciudadano condenado por el delito de tráfico de influencias”.
Por ello, indican que si el presidente tiene sospecha de que se cometió el delito de prevaricato su deber, como funcionario público, es denunciarlo y aportar la prueba, pues de no hacerlo incurriría en el delito de incumplimiento de deberes.
SINDIJUD estima que el mandatario no presentó la denuncia porque su tesis se ampara en conjeturas sin sustento: “solo una persona irresponsable, malintencionada o ignorante de la labor judicial, se atrevería a cuestionar una decisión jurisdiccional, sin conocer los pormenores que rodean el expediente en concreto”.
Concluyen afirmando que lo que el presidente hizo “haciendo uso del lenguaje chabacano que le caracteriza” fue “propalar un chisme” con el fin de distraer la atención de “el fracaso en las políticas de prevención del delito, traducidas en el incremento de la inseguridad ciudadana y la comisión de delitos”.
Por todas estas razones la Junta Directiva del SINDIJUD acordó:
1. Emplazar al Presidente de la República Rodrigo Chaves para que de manera directa y concreta aporte las pruebas que le permiten afirmar que en el caso por él aludido el día viernes 31 de marzo de 2023, los juzgadores «negociaron» con el encartado la pena impuesta.
2. Caso contrario lo emplazamos a retractarse de sus dicho, tal cual lo haría una persona de honor.
3. Dada la inseguridad en la que se encuentra sumido el país en este momento y el incremento en los delitos, instamos al Presidente de la República a ocuparse con eficiencia de los asuntos que al Poder Ejecutivo corresponden. Evitar la comisión de delitos corresponde al Ejecutivo, no al Judicial.
4. Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de manera expresa, sobre las repetidas e irrespetuosas injerencias del Presidente de la República en asuntos concretos de competencia del Poder Judicial.
La Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Chaves. En días recientes los presidentes de los tres poderes se han reunido para coordinar una estrategia conjunta que permita combatir la crisis de inseguridad que ha venido presentándose en el país.
