Como funcionaria de la Defensoría de los Habitantes por casi dos décadas, he tenido el privilegio de defender los derechos de muchas personas y observar el impacto que esta intervención tuvo sobre su vida y su familia. Es por ello que, en vísperas de la elección de su jerarca, me siento con la autoridad y en la obligación de dirigirme a las y los señores diputados para aportar desde mi experiencia, algunos elementos que deberían considerarse para tomar su decisión, debido a la enorme relevancia que tiene la escogencia de la persona que dirigirá por los próximos cuatro años la Defensoría de los Habitantes, de forma tal que podamos fortalecerla y dotarla de las herramientas necesarias para llevar a cabo su función como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), según los principios de París.
No es un asunto antojadizo que la escogencia del defensor o defensora recaiga en la Asamblea Legislativa, siendo consecuente con su mandato legal, es esperable que sea el pueblo, en este caso, a través de sus representantes, quien la elija; por ello, reviste de gran trascendencia que la persona seleccionada tenga las cualidades personales y profesionales que le permitan representar y defender los derechos de toda la población, sin discriminaciones de ningún tipo, es así que el proceso de elección debe ser consecuente con el resultado esperado.
Precisamente por ello, esta elección —que por primera vez será con votación pública— no debe tener sesgos ideológicos, ni partidarios. Lograr esto no es tarea fácil, y algunas personas podrán decir que es una pretensión ingenua, pero así debe ser. En este sentido, resulta necesario que las y los señores diputados puedan aplicar en la escogencia, una premisa que orienta el accionar de las y los funcionarios de las Defensoría cuando defendemos los derechos de todas las personas. Hacemos nuestro trabajo con la convicción y el compromiso de que nuestra posición personal no puede interferir en el abordaje de un asunto que ha sido puesto bajo nuestro conocimiento. Cuando se defiende los intereses de una persona o población, lo que orienta la actuación del funcionariado de la Defensoría, es el amplio cuerpo normativo nacional y los instrumentos internacionales, convenciones y tratados en materia de Derechos Humanos que el país de forma libre y soberana decidió suscribir y ratificar y que tal y como lo establece la Constitución Política y lo ha señalado la Sala Constitucional en su línea jurisprudencial, tienen rango superior a las leyes y tutela supraconstitucional.
Una de las funciones del defensor o la defensora es ser garante del cumplimiento de estos instrumentos jurídicos que fueron ratificados por la misma Asamblea Legislativa. La Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), son solo algunos de estos instrumentos.
En materia de Derechos Humanos no hay que “descubrir el agua tibia”, en prácticamente todos los temas hay criterios y posiciones ya definidas, derivadas propiamente de la normativa interna y de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos que hemos suscrito y ratificado, por lo pedirle a una persona candidata que asuma determinada posición, para ser nombrado, (aún en contra de normativa nacional e internacional que nos rige) o bien descalificarla por ello, no solo desnaturaliza el puesto para el que será nombrada, sino que además va en contra del mandato que tienen nuestros legisladores de adecuar sus actuaciones a la ley, en procura de la sostenibilidad de nuestro Estado de Derecho. Por ello, lo que resulta de relevancia es que la persona cuente con las condiciones, cualidades y experiencia que le permita actuar con objetividad, diligencia y transparencia en el ejercicio del cargo.
La magistratura de influencias es una de las principales fortalezas que tiene la Defensoría de los Habitantes, pero también puede verse diezmada si no se escoge a una persona que esté a la altura de esa responsabilidad. Para ello se requiere de una persona íntegra, proba, con experiencia y solidez profesional y moral, que tenga muy claro el ejercicio de su mandato y lo que esto implica para las y los habitantes a los que se debe.
La Defensoría cuenta con herramientas y estrategias para llevar a cabo su función, y tiene la capacidad de resolver un asunto aun cuando estamos en presencia de una posible colisión de derechos. Esto nos ha permitido presentar acciones y recursos jurisdiccionales, así como girar recomendaciones para proteger a todas las poblaciones. Precisamente por ello se requiere una persona que haya demostrado que puede, aun en situaciones complicadas, resolver con criterio técnico y objetivo, basando su gestión en los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Confío en que la elección pública permita a las y los legisladores justificar y razonar su voto ante las y los habitantes; espero que la opinión de las personas sea escuchada para una toma de decisión informada; y deseo que cada vez con más frecuencia, contemos con personas que postulen su nombre a este honroso puesto, sabiendo que se cuenta ahora con un mecanismo más transparente.
La institución ha pasado por periodos muy convulsos, que han generado grietas y hasta desconfianza, pero ello de ninguna manera justifica, la descalificación de una institución que tiene una de los mandatos más loables y trascendentes en la vida de las personas. Fortalezcamos la institución, dotémosla de mayores y mejores herramientas, apoyemos su gestión. En las manos de las y los diputados está la enorme responsabilidad de escoger a una persona que tienda puentes, que logre unir y potencie a su equipo de trabajo, que genere credibilidad y confianza en la población, que tenga claro su mandato y no responda a otros intereses, más que los que el puesto le demanda.
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