¿Se ha puesto a pensar en la distancia que ha recorrido para llegar hasta su clóset esa camiseta que le trajo el Niño? Si la etiqueta indica que fue fabricada es China, eso no significa que la distancia haya sido la que nos separa de ese país. Es posible que la tela, el hilo y los botones provengan de lugares distintos y que, antes de llegar a la tienda donde la adquirió —usted o el Niño—, haya pasado por uno o varios centros de distribución. Estimaciones realizadas en el Inglaterra indican que, en promedio, una camiseta comprada en ese país ha viajado 63.000 kilómetros desde su lugar de confección. Esto equivale a darle una vuelta y media a nuestro planeta. Tremendo viaje para una camiseta.

El comercio global depende de las cadenas de suministro, que involucran a proveedores de bienes o servicios, que generalmente están lejos entre sí. Muchas de las personas que trabajan con esos proveedores cuentan con condiciones laborales pobres, sin un pago digno ni vacaciones y habitualmente están expuestas a riesgos inaceptables. Por otra parte, el transporte de los productos genera emisiones de carbono y por ende contribuye al calentamiento global. Además, pudieron presentarse otros impactos ambientales a través de esta cadena de suministro, como deforestación, degradación de fuentes de agua o derrames de sustancias químicas peligrosas, entre muchos otros.

Nuestro sistema de suministro globalizado es una maravilla del ingenio humano y la logística. Sin embargo, sus impactos ambientales y sociales están invisibilizados, escondidos o son con frecuencia significativamente subestimados. En la vida diaria no pensamos en esto. Solo vamos al supermercado y a la tienda y, ¡listo! Todo está al alcance de la mano, como por arte de magia. Pero no se trata de magia sino de una realidad, que recientemente ha llevado a la Unión Europea a actuar a través de directrices que promuevan cadenas de suministro mas justas, tanto para el ambiente como para las personas involucradas.

Nuevas directrices

En los últimos años ha habido grandes avances en la promulgación de legislación que obliga a importadores europeos a realizar una debida diligencia ambiental y social de sus proveedores. Este texto se concentrará en la legislación promulgada en 2021 por el gobierno alemán, llamada Ley de debida diligencia empresarial en las cadenas de suministro. Sin embargo, existe legislación similar en Francia, Reino Unido y los Países Bajos, además de un proyecto de ley europeo enfocado en este tema y otro que pretende evitar importaciones de países que contribuyen con la deforestación. El gobierno de Costa Rica se ha interesado significativamente en este proyecto. Es decir, las cosas están cambiando con rapidez y de forma positiva.

Esta ley alemana de debida diligencia empresarial en las cadenas de suministro, que comenzó a regir en enero de este año, coloca la responsabilidad en las empresas alemanas que tienen operaciones en ese país con más de 3000 empleados, para garantizar que sus proveedores estén haciendo las cosas bien en relación con el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de ciertos estándares ambientales. A su vez, los proveedores directos deben extender estas obligaciones a sus proveedores a través de toda la cadena de suministro. Ese es el objetivo: que se mejoren las condiciones laborales y ambientales de todos los involucrados.

Impactos locales

En términos generales, los estándares que esta nueva ley alemana aplica a los proveedores están contemplados en la legislación costarricense. Por ejemplo, la prohibición del trabajo infantil, de la discriminación laboral, del trabajo ilegal, del uso de ciertas sustancias químicas prohibidas, de la disposición o exportación ilegal de residuos peligrosos y de la contaminación de las aguas. ¿Por qué debería entonces importarnos esto, si la legislación nacional establece requisitos que se alinean con estas exigencias?

Hay varias razones. Por un lado, contar con una legislación no significa necesariamente que se cumpla con ella. A la mayoría de las empresas exportadoras se les exige obtener certificaciones que, en principio, contemplan el cumplimiento con la normativa local. Sin embargo, la calidad de las revisiones varía y a veces existen vacíos en esos procesos. Por otra parte, las empresas que no exportan rara vez reciben inspecciones por parte de las autoridades. Así que, tanto los proveedores directos como los indirectos de estas empresas importadoras alemanas podrían estar incumpliendo sus requisitos legales.

Además, algunos requisitos no están contemplados por la legislación nacional. Por ejemplo, identificar los impactos negativos de su operación sobre los derechos humanos y el ambiente, e implementar las medidas necesarias para mitigar o remediar esos impactos. Establecer un mecanismo de reclamos y quejas al cual puedan tener acceso todos los proveedores. Estar informados sobre el desempeño ambiental y social de sus proveedores. Definir indicadores de desempeño claros, precisos y relevantes. Asegurar que las medidas de control en temas de salud ocupacional se enfoquen en la eliminación del peligro y no en la provisión de equipo de protección personal.

Finalmente, las empresas locales comenzarán a recibir solicitudes —si no lo han hecho todavía— de parte de las empresas alemanas para que les suministren información. Por lo tanto, será necesario ordenar y sistematizar. Sin embargo, no existe claridad sobre la forma en que las empresas solicitantes apoyarán este proceso, especialmente en relación con la gestión de proveedores y con la formalización de la gestión, y sobre cómo brindarán recursos para gestionar los posibles vacíos que surjan. En todo caso, la legislación alemana indica que se deben definir tiempos razonables para solucionar las brechas, a menos de que se trate de un tema inminente, que deba ser solucionado en el corto plazo.

El camino hacia adelante

En varios países europeos rigen leyes de debida diligencia en la cadena de suministro que demandan buenas prácticas ambientales y de derechos humanos. Se espera que, en un par de años, los demás países de la Unión Europea hayan desarrollado sus propias leyes. Esto podría significar, si pensamos de forma optimista, que el comercio se ha convertido en el detonante para acercarnos a un mundo más justo.

Durante mucho tiempo, los gobiernos de los países en desarrollo no han contado con suficientes recursos para fiscalizar a las empresas en términos de cumplimiento con la normativa ambiental y social. Hoy, este mecanismo indirecto, mediante las cadenas de suministro, hace que todos los implicados en el comercio deban asumir su responsabilidad en relación con los derechos humanos y el ambiente.

El camino que hemos comenzado a recorrer permite pensar que, poco a poco, mejorarán las condiciones laborales de quienes estén involucrados en la fabricación de una camiseta, un teléfono celular, y de todo aquello que compramos cotidianamente, sin imaginar siquiera la complejidad de sus procesos de producción y distribución. Ojalá que sea así.

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