Las recientes acusaciones sobre una red de “troles” pagada por la ministra de Salud, Joselyn Chacón, para atacar periodistas y medios de comunicación no son una anécdota más de la difícil relación gubernamental con la prensa ni el más reciente chisme político. Al contrario, es una situación grave que debe analizarse en términos de democracia y libertades fundamentales.

Pero habrá que empezar por lo primero: El “trol” describe una persona con una identidad desconocida o alternativa que en redes sociales publica una serie de mensajes que puede tener como fin provocar o crear polémica sobre diversos temas o incluso, molestar, acosar y atacar a personas de forma dirigida. En la discusión pública de internet y las redes sociales, el “trol” distorsiona el debate; al tratarse de una persona real escondida tras una identidad desconocida o alternativa no se tiene total conocimiento sobre las intenciones de su participación y mensajes.

Para cualquiera que haya dedicado un tiempo considerable a navegar por redes sociales el término y comportamiento es bien conocido. También es conocido ese intento de ensuciar el espacio digital utilizando para ello redes de troles: Desde acoso selectivo y ciberbullying a personas en concreto, hasta intervenir en favor o en contra de determinados políticos en tiempos de elecciones en ejercicios más complejos y peligrosos.

El señalamiento del “trol” en contra de la ministra de Salud es claro: Él (la persona real) recibió pagos de la ministra con el objetivo de que el perfil “trol” atacara a periodistas y medios de comunicación en específico. Al menos, esa es la versión del “trol” y que, de forma consistente, ha mantenido durante las semanas de polémica que se van sumando a este tema.

Por otro lado, las explicaciones de las personalidades políticas de gobierno no han sido consistentes. La ministra de Salud ha pasado de negar cualquier pago a admitirlos y de ahí a dar hasta tres versiones distintas sobre el objeto de dichos pagos (una campaña de salud, ayudas para la universidad y caridad). Los pagos realizados no existieron y al mismo tiempo sí, pero al mismo tiempo tuvieron explicaciones distintas. La ministra de Salud parece proponerle al país un ejercicio mental más paradójico que el Gato de Schrödinger (en resumen, un gato hipotético que puede estar simultáneamente vivo y muerto).

La jefa de fracción oficialista, quien también ha sido mencionada en las acusaciones, pasó de negar cualquier conocimiento del “trol” a aceptar conocerlo. Tampoco es que le quedara de otra a Pilar Cisneros, porque se dieron a conocer videos y audios de ella misma que contradecían su primera versión. Por otro lado, la Presidencia de la República pasó de señalar que cualquiera de estas acciones no reflejan el proceder del Gobierno a defender a la ministra de Salud en una conferencia de prensa digna del repudio e indignación de la gente con dos dedos de frente.

Mientras que la versión del “trol” se mantiene consistente en el tiempo, las personalidades políticas de gobierno no han dejado de proponernos versiones paradójicas de los hechos que se contradicen entre sí y a ellos mismos. Es un auténtico ejercicio de gobierno de creer que el país puede ser “troleado” una y otra vez, y que habría que creerles cada nueva mentira que enreda más sus propias versiones. Si todo este asunto fuese un simple chisme político más donde habría que creer únicamente en la palabra de alguna de las partes, es claro que quien goza de menos credibilidad debido a su historial de mentiras es precisamente el gobierno.

Fuera de los dimes y diretes, y las mentiras que se pronuncian públicamente sin conocimiento de la vergüenza e integridad, todo el tema es mucho más complejo que una simple polémica política. La utilización de “troles” pagados para atacar periodistas y medios implica un intento de violación directa de las libertades de expresión y de prensa en el país; cuando este ataque proviene de las más altas esferas políticas del oficialismo, es aún más peligroso.

Costa Rica sigue siendo un oasis para las libertades fundamentales dentro de una región Mesoamericana que se configura como una de las más peligrosas para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pero las democracias se erosionan y caen cuando las libertades y derechos esenciales para sostenerlas son atacados. El papel esencial de los medios es informar y cuando colocamos eso en términos de democracia son un contrapeso más al poder estatal: Informan y denuncian sobre las malas acciones de los políticos y a partir de ahí el propio sistema político y la ciudadanía se encargan de sentar las responsabilidades.

Es por ello que todos los Estados tienen una obligación especial de respetar, garantizar y promover las libertades de expresión y de prensa. La democracia podrá tener fallos y resultarnos a veces insuficiente para responder a las necesidades de todas las personas pero es el único sistema político que logra hacer confluir múltiples intereses opuestos y generar respuestas socialmente aceptables para las mayorías.

Los políticos que en democracia no se sonrojan a la hora de atacar la prensa, de forma directa o a través de “troles”, son los primeros que incumplen su más básico deber de rendir cuentas a la ciudadanía y proteger el sistema democrático que les dio el poder por un tiempo limitado. Porque atacar a periodistas y medios es atacar las libertades de expresión y de prensa, y, por consiguiente, buscar el erosionamiento de la democracia.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.