Inicio deseándoles un muy feliz año nuevo, con la esperanza de que en este 2023, podamos construir como nación los grandes acuerdos para alcanzar una mejor calidad de vida en todos los hogares costarricenses.

Quiero resaltar que, para ello, es necesario que Costa Rica tenga una ruta clara en temas claves, en los cuales, todavía, no vemos acciones suficientes por parte del Ejecutivo, más cuando enfrentaremos un 2023 bastante complicado. Así lo ha señalado Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, quien ha apuntado que será “un año difícil para el mundo”, pudiendo entrar en recesión una tercera parte del planeta y, que, economías en desarrollo como la nuestra, podrían verse devastadas.

Así también lo ha apuntado Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, quien dijo “no va a ser un buen año para la región”.

Ante este panorama, preocupan situaciones internas que pueden agravar cualquier crisis global. Más cuando vemos, por ejemplo, que las prometidas acciones del Gobierno en cuanto al costo de la vida, siguen sin surtir efectos reales en el bolsillo de las costarricenses y los costarricenses. Según datos del INEC, Costa Rica cerró el año pasado con la variación anual de inflación más alta desde el 2008, con un histórico 7,88%. Cuestión que demuestra que, contrario a lo dicho por Casa Presidencial, el precio de la vida sigue en aumento.

A lo cual, hay que añadir un alto desempleo (de un 11,6% según el INEC); en los últimos meses casi 300 mil personas no encontraron trabajo.

Así las cosas, una inflación interna creciente, junto con al estancamiento del desempleo en el país, sumado a una crisis económica internacional al acecho, nos deben llevar a pensar muy bien cuál es el rumbo a seguir para abordar estos temas. Peor aún hoy, sin una estrategia, sin políticas públicas y sin acciones concretas para resolverlos.

Y no es lo único que anda mal, también el manejo de las finanzas públicas, vital para el bienestar de nuestra economía, el financiamiento de las políticas públicas y la reactivación económica. Este no puede ser el mismo al del año pasado, sin cambio alguno con respecto al gobierno anterior.

Es urgente dar calidad al gasto. Sin embargo, para esto, una adecuada planificación presupuestaria resulta trascendental. El año pasado, debimos correr en varias ocasiones para examinar presupuestos extraordinarios enviados a destiempo para cubrir necesidades estatales, por la falta de planificación. La cual, también fue notoria con un presupuesto ordinario desbalanceado, con recortes en programas estatales para la ciudadanía y sin un norte definido. Cuestión que pudimos corregir hasta donde el ordenamiento jurídico nos lo permitió, según nuestras potestades de control en el Parlamento.

Tampoco podemos olvidar, la deficiente gestión de los créditos internacionales, sobre todo para inversión pública, que ayuden a reactivar la economía.  En la Comisión de Hacendarios advertimos que este es un problema serio, principalmente por concepto de multas, atrasos y comisiones de compromiso, por las cuales tuvimos que pagar solo el año pasado 4 millones de dólares; aproximadamente unos 2.563 millones de colones, a setiembre de 2022. En un contexto fiscal donde el saldo de la deuda pública representa un 63,1% del PIB, no es de recibo, que los costarricenses tengamos que pagar miles de millones de colones por pura ineficiencia e impericia.

Los datos y pronósticos para este año no son para nada alentadores, aunado a medidas insuficientes y la ausencia de una ruta clara por parte del Gobierno. Lo que nos obliga a que, como país, demos nuestro mayor esfuerzo, en aras de que podamos hacer frente a los difíciles retos presentes y futuros de este complejo 2023 que iniciamos.

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