El diputado del Partido Liberación Nacional, Pedro Rojas Guzmán presentó este jueves a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley (expediente 23.536) para impedir que la Procuraduría General de la República (PGR) pueda ejercer la acción penal y actuar como Ministerio Público o parte acusadora en distintos procesos penales.
La propuesta se presenta un día después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, dijera que había "ordenado" al Ministerio de Justicia pedir a la Procuraduría actuar como órgano acusador en la investigación por un "megacaso de fraude fiscal" que involucra al Banco BCT y a su presidente, Leonel Baruch Goldberg; luego que la fiscalía que estudiaba la denuncia pidiera su desestimatoria.
Según el Ejecutivo esa potestad la otorga el artículo 16 del Código Procesal Penal, el cual indica que en los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública, los poderes públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-terrestre, la hacienda pública, los deberes de la función pública y los ilícitos tributarios la Procuraduría General de la República también podrá ejercer directamente la acción penal, sin subordinarse a las actuaciones y decisiones del Ministerio Público.
El exprocurador general de la República, Julio Jurado Fernández, afirmó a medios de prensa que ese artículo es un vestigio del anterior Código de Procedimientos Penales que la Asamblea Legislativa olvidó reformar, y que aunque se mantenga vigente, la Abogacía de Estado carece de las herramientas para ejercer la acción penal pues hoy están delegadas en el Ministerio Público, especialmente lo relativo a ejercer la dirección del Organismo de Investigación Judicial, de modo que los procuradores no podrían coordinar con el OIJ las diligencias necesarias para un caso bajo su conocimiento.
El diputado del PLN afirmó que el propósito de su proyecto es eliminar la posibilidad de que la Procuraduría General de la República pueda ejercer la acción penal y actuar como Ministerio Público o parte acusadora en distintos procesos penales, ya que considera que esa institución debe centrarse como lo ha hecho hasta ahora, en ser el órgano consultor y asesor del Estado costarricense y ejercer la representación legal de las distintas instituciones.
No está en la naturaleza de la Procuraduría actuar como acusador penal sustituyendo al Ministerio Público, algo que se fundamenta en una norma totalmente desfasada de la realidad jurídica y social del país y que respondía a un momento histórico muy lejano. Con esto pretendemos que la Procuraduría no obstaculice ni menoscabe el principio de división de poderes, pues en un país democrático como el nuestro es al Poder Judicial a quien corresponde ejercer la acción penal. También buscamos evitar que la Procuraduría se convierta en un instrumento para los gobernantes de turno, independientemente de la filiación política que sea.
Rojas Guzmán afirmó que su proyecto es "urgente y necesario para resguardar nuestra institucionalidad".
De aprobarse tal y como se presentó, sin embargo, el proyecto no impediría que la Procuraduría actúe como órgano acusador según lo dicho por el Ejecutivo, para el "megacaso de fraude fiscal", ya que contiene un transitorio en el que se indica que:
Si al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, la Procuraduría General de la República hubiere ejercido la acción penal en sustitución del Ministerio Público, deberá continuar con el procedimiento penal respectivo, hasta su debida conclusión en virtud de sentencia firme.
