El Plenario de la Asamblea Legislativa tuvo una calmada sesión este miércoles, dado que no hay reformas constitucionales convocadas por el Poder Ejecutivo que puedan conocerse en ese recinto actualmente. En su lugar, los congresistas conocieron mociones para renovar el plazo de tramitación de dos proyectos de ley, aprobando uno y rechazando otro.
En primer término se conoció una propuesta para darle cuatro años más de tramitación al expediente 21.237 "Reforma de los artículos 38 y 40 del Código de Minería, Ley N° 6797, de 4 de octubre de 1982 y sus reformas. Actualización de los Impuestos por Extracción en Canteras y Cauces de Dominio Público para brindar seguridad jurídica y fortalecer los ingresos de los gobiernos locales".
Este proyecto, formulado por José María Villalta del Frente Amplio en el periodo anterior, propone reformar las tarifas de los tributos cobrados por extraer materiales de canteras o cauces públicos para establecerlos como un 75% del IVA generado por la venta de los materiales extraídos, en lugar del 30% actual; y establecer que no pagar esos impuestos es causal de que se cancele la concesión otorgada.
Eliécer Feinzaig, jefe de fracción del Liberal Progresista cuestionó el razonamiento técnico para fijar el impuesto en un 75% del IVA y alertó que aumentarlo de esa forma fomentaría la evasión fiscal. Finalmente, la moción fue rechazada con 25 votos a favor y 28 en contra, votando a favor únicamente el PLN, FA; y las oficialistas María Marta Padilla y Luz Mary Alpízar.
La segunda moción presentada, esta vez por Nueva República, pedía dar cuatro años más de vida legislativa al expediente 21.239 "Ley de derechos del niño y la niña por nacer" presentado en el periodo pasado por diputados de Restauración Nacional y sus tránsfugas, Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Republicano Social Cristiano e Integración Nacional.
David Segura de NR fue el encargado de defender la moción afirmando que era un proyecto de ley "muy importante que busca defender los derechos humanos de los bebés en gestación".
Digo muy importante porque muchos políticos en campaña dicen que son provida, se reúnen con organizaciones como la iglesia católica, la iglesia evangélica pero a la hora de la hora cuando se tienen que votar proyectos importantes no le ponen el pecho a las balas. Este proyecto cuenta con criterios favorables de organizaciones como Médicos por la Vida, Enfoque a la Familia, Universidad Católica de Costa Rica, Instituto para la solución de conflictos familiares, entre otras.
Segura afirmó que los criterios negativos recibidos en la fase de comisión llevaron a que las diputaciones de la Comisión de Niñez y Adolescencia construyeran un texto sustitutivo de consenso y que "incluyó incluso cambios propuestos por diputados que no son provida, como resultado el proyecto salió de la Comisión con un dictamen unánime afirmativo".
El legislador agregó que "la ciencia ha determinado en forma científica que, desde el momento de la concepción o fertilización, estamos en presencia de un ser humano único e irrepetible, con ADN propio diferente al del padre o al de la madre" y que teniendo en consideración que no pueden discriminarse a los seres humanos en razón de haber nacido o no, había que garantizar que a los seres humanos en gestación se les reconociera su dignidad intrínseca y personalidad jurídica.
Este proyecto fue objetado por la Procuraduría General de la República al señalar que no es viable desde el punto de vista jurídico, pues contradice el criterio vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los conceptos de “fecundación” y “concepción” y además porque el proyecto pretende la protección absoluta del embrión desde la fecundación (unión del óvulo y el espermatozoide), en contradicción con la protección gradual e incremental reconocida por dicha Corte.
El proyecto también fue objetado por el Patronato Nacional de la Infancia, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Pese a eso, 35 congresistas del PLN, PUSC, y Nueva República votaron a favor de darle un nuevo plazo cuatrienal, en contraposición a los 18 del Frente Amplio y Liberal Progresista, así como algunos del PLN y la jefa del PUSC, Daniela Rojas, que votaron en contra.







