La vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes en primera instancia apelable a seis años de prisión e inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos, tras concluir un juicio en el que se le acusó de desviar cientos de millones de dólares en contratos públicos a un socio de negocios y amigo familiar.

La decisión contra la vicepresidenta fue tomada por el Tribunal Oral Federal N°2 después de tres años y medio de juicio oral. La fiscalía había pedido una sentencia a 12 años de cárcel por asociación ilícita y defraudación al Estado.

En el juicio, que comenzó en mayo de 2019, se analizaron irregularidades en 51 obras públicas que las empresas del empresario Lázaro Báez, socio de Kirchner, recibieron entre 2003 y 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El fiscal del caso, Diego Luciani, acusó a Néstor y Cristina de haber instalado y mantenido en el seno de la administración nacional "una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país".

Según la acusación, las licitaciones fueron amañadas porque las empresas no tenían capacidad para ejecutarlas; la mayoría de las obras no llegaron a término y a pesar de eso, se pagaron los proyectos en su totalidad. La empresa de quien en los días previos a la toma del poder de Néstor Kirchner era un simple funcionario bancario, defraudó al Estado por más de 5000 millones de pesos argentinos, casi 1000 millones de dólares.

Este fue el primer juicio de una larga lista de acuasaciones contra Cristina Fernández de Kirchner en llegar a juicio, ya que previamente cuatro acusaciones fueron desechadas y en dos más fue absuelta.

La vicepresidenta había acusado al tribunal de ser un "pelotón de fusilamiento" y apuntó al juicio como el detonante de un intento de asesinato en su contra en septiembre, cuando un hombre gatilleó un arma de fuego apuntando hacia su cabeza durante una manifestación a las afueras de su departamento en la ciudad de Buenos Aires.

El esquema de sobornos que, según la acusación, supervisaba Fernández de Kirchner, ocurrió en la provincia de Santa Cruz durante los 12 años que los Kirchner gobernaron, reseñó The New York Times.

Entre las pruebas del juicio se aportaron mensajes de WhatsApp con referencias a "la señora". La Fiscalía acusó que esa era una referencia a Cristina Fernández, a pesar de que en ninguno de los mensajes se le mencionó por su nombre.

Pese a la condena, Kirchner no irá a prisión pues goza de inmunidad frente al arresto por ser miembro actual del Congreso de los Diputados. Además, si apela, podrá postular a la presidencia de la República mientras se resuelve su gestión. Inclusive, si la apelación fuera negativa, la vicepresidenta no iría a prisión pues en Argentina las personas mayores de 70 años cumplen sentencia en su casa de habitación, y ella tiene actualmente 69 años.