La Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto Ordinario 2023 (expediente 23.318), tras una larga discusión y análisis. Este es uno de los ejercicios de control más importantes en el quehacer parlamentario, que implica un enorme compromiso y seriedad.

De primera entrada, los costarricenses deben tener claro que la responsabilidad de elaborar el Plan de Gastos recae en el Poder Ejecutivo y que la Asamblea Legislativa está facultad para realizar un reacomodo con el fin de enmendar algunas inconsistencias en la distribución del contenido presupuestario.

En el caso del Presupuesto Ordinario 2023, por 12.26 billones de colones, quedó más que evidenciado un enorme desequilibrio entre lo social y lo fiscal, pues se dieron recortes en programas sensibles sin consultar a los jerarcas sobre dichas modificaciones. Esto demostró, además, un problema serio de enfoque de prioridades, falta de planificación y ausencia de una nueva ruta por parte del Poder Ejecutivo.

Tras casi dos meses de análisis, 24 audiencias, informes y demás insumos técnicos, me atrevo a manifestar que el presupuesto lo han venido utilizando para financiar principalmente el gasto corriente y recurrente de las instituciones, en detrimento de los legítimos intereses de las personas administradas.

Para 2023 solo nueve Títulos Presupuestarios muestran crecimiento, aunque tres lo hacen en porcentajes cercanos o inferiores al 1%, manteniendo recursos muy similares al 2022. Es muy evidente la falta de análisis a la hora de asignar recursos.

Estoy absolutamente convencida de que resulta más ventajoso invertir en infraestructura educativa antes que comprar flotillas vehiculares; o que produce más rédito social mejorando el estado físico de las delegaciones policiales que tienen orden sanitaria, antes que incrementando rubros como viajes, viáticos o consultorías.

Los principales programas sociales se verán fuertemente afectados por los recortes unilaterales realizados por el Ministerio de Hacienda. El Poder Ejecutivo no hizo un esfuerzo por formular un presupuesto equilibrado entre lo fiscal y lo social, prueba de ello es que se sigue apostando muy poco por el gasto de capital, que es aquel que se destina a inversión, productividad, infraestructura, generación de empleo y reactivación económica. Tan solo un 4,3% del total del presupuesto 2023 se destina para estos propósitos, es decir, 532.026 millones colones.

Lamentablemente, ciertas poblaciones vulnerables y en riesgo social, se verán afectadas por los insensibles recortes efectuados por este Gobierno, dejando al descubierto programas que atienden personas adultas mayores y menores de edad, así como también poniendo en entredicho el financiamiento de la seguridad social y proyectos de desarrollo comunal. Entidades como CONAPAM, PANI, BANHVI, Asociaciones de Desarrollo y las municipalidades podrían recibir menos recursos de los que por ley les corresponde.

No puede obviarse el hecho de que los recursos son escasos, máxime en este contexto de crisis fiscal en el que el Servicio de la Deuda consume casi el 50% del presupuesto y en que la relación deuda PIB ronda el 63,1%. Eso obliga a ser más eficientes con los fondos públicos, que se garantice el financiamiento de los rubros más sensibles y que a mitad del próximo ejercicio económico no tengamos que estar buscando recursos (entiéndase andar solicitando recursos prestados) para solventar necesidades que debieron haber estado previstas o cubiertas desde el principio.

El proyecto de presupuesto que contiene el dictamen afirmativo de mayoría emitido por la Comisión de Asuntos Hacendarios que presido, viene a garantizar y defender, en la medida de lo posible, las necesidades más básicas en materia social, infraestructura y seguridad pública. No haberlo aprobado, implicaría —por procedimiento legislativo— mantener la propuesta inicial del Poder Ejecutivo, con las graves afectaciones que esto conllevaría.

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