En años recientes el Ministerio Público ha sido fuertemente cuestionado por su efectividad en los casos de alto perfil. Los desalentadores hallazgos del Informe Estado de la Justicia 2020 indicaban que solo se obtenía sentencia en un 7% de los casos relacionados con delitos contra deberes de la función pública, después de retardados procesos que bien podían demorarse más de una década.

Luego de un proceso de nombramiento que tardó aproximadamente dieciséis meses, la Corte Suprema de Justicia finalmente eligió fiscal general el lunes 31 de octubre. Las debilidades mostradas en este proceso ameritan una urgente reflexión y reformas, claramente señalados por el Panel Independiente de Personas Expertas para la Elección de la Fiscalía General. Llamó la atención el énfasis en temas de corrupción que prevaleció en las entrevistas que hizo la Corte Plena a todos los candidatos al puesto y, también fue el tema central en las primeras declaraciones del fiscal general electo, quien anunció reestructuraciones y sistemas de monitoreo para disminuir las duraciones de los procesos, especialmente mencionó la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

Claro que promover investigaciones prontas y efectivas en casos de corrupción y de crimen organizado debe ser una prioridad del Ministerio Público, a partir de un perfil y una ruta estratégica bien diseñada. Tenemos una ciudadanía cada vez más informada, y rescatar la confianza requiere demostrar resultados concretos en estos casos.

Sin embargo, como órgano encargado de la investigación, acusación y persecución de los delitos en el país, la mayoría de las denuncias que recibe el Ministerio Público se relacionan con delincuencia común, delitos contra la propiedad y contra la vida entre ellos, que golpean a la población más vulnerable y cuya sofisticación creciente los hace difíciles de perseguir. Los datos de inseguridad ciudadana exhiben un crecimiento alarmante en el presente año, ello significa un aumento de la presión hacia el sistema penal en su conjunto, pero en especial a la puerta de entrada a la justicia que es el Ministerio Público.

Como si fuera poco, el nuevo jerarca del Ministerio Público enfrentará otros retos a lo interno menos visibles. De manera particular, alcanzar la independencia y el liderazgo necesarios para unir a una fiscalía fracturada y que trabaja en grupos o bandos poco coordinados, lo que le dificulta una mejor gestión. Como en una construcción de una casa, se debe partir del fortalecimiento de las bases internas para que soporte los pisos superiores. El trabajo interno sentará los fundamentos del éxito —o fracaso— de las prioridades que defina el nuevo jerarca. Dada la fuerte verticalidad que opera en el Ministerio Públiuco, dicha tarea recae en el fiscal general, quien tiene amplias competencias —en demasía en mi opinión, pero eso es otro tema— para reorganizar y dar las directrices necesarias para lograr el óptimo servicio que debe brindar la institución, así como la obligación de rendir cuentas oportunas y completas por esas decisiones.

En este frente interno, otra prioridad es promover una mayor profesionalización, estabilidad y especialización de la carrera fiscal. Para ello se requiere retomar la co-creación de un reglamento para la carrera fiscal, aún sin la aprobación del proyecto de ley presentado en 2020. Esta normativa debe orientarse a buscar la meritocracia, la estabilidad e independencia de las personas fiscales, y a contrarrestar los efectos de la alta movilidad de personal que se presenta en el Ministerio Público, tanto por movimientos horizontales hacia otras fiscalías, como fuera hacia la judicatura o el litigio privado. Esta altísima movilidad hace que las fiscalías estén en una constante curva de aprendizaje de las personas de nuevos ingresos, lo que impacta en su gestión.

En línea con lo anterior, debe fomentarse la especialización a partir de un programa robusto y universal de capacitación inicial y continua, que contribuye a garantizar un servicio conforme lo demanda la ciudadanía en estos momentos. Tanto la formación de inducción para el personal de recién ingreso, como la preparación continua en temas técnicos que se actualizan constantemente por el lanzamiento de nuevas tecnologías y un mayor conocimiento de las distintas modalidades de delicuencia. Buena parte de los recursos de capacitación deben cubrir vacíos básicos de escuelas de derecho, y disminuyen recursos para esta tarea. En ese sentido, la promoción de alianzas con entes técnicos nacionales o extranjeros, así como la creación de cursos virtuales masivos o especialidades académicas, pueden ser una solución a este reto. Para la generación de alianzas se requerirá que la fiscalía general desarrolle mucho trabajo interinstitucional e intersectorial.

Para trabajar en estos retos, el Ministerio Publico, al igual que el Poder Judicial, enfrenta un escenario de menos recursos y más carga de trabajo, que exige una administración pública de primer nivel, instrumentos de medición e información actualizada que alimenten la toma de decisiones y evaluación en tiempo real. Además, en la reorganización de la gestión debe aplicar las políticas vigentes para todo el conglomerado judicial, como la de participación ciudadana, equidad de género, justicia abierta, por citar algunas, que se enfocan en las personas que necesitan respuestas de la justicia penal, en todo caso, el fin último de este órgano.

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