Diputadas liberacionistas pretenden postergar ley que entra en vigencia el próximo 1 de diciembre.

Las diputadas de Liberación Nacional, Rosaura Méndez Gamboa y Carolina Delgado Ramírez, presentaron dos proyectos de ley para retrasar la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación Pública (Ley 9986), a menos de dos semanas de que entre en vigencia, el próximo 1 de diciembre.

El proyecto presentado por Méndez (expediente 23.467) propone una prórroga de 6 meses para que la nueva ley entre en vigor hasta el 1 de junio del 2023, mientras que el expediente presentado por Delgado —y contó con 31 firmas de respaldo al ser presentado— (expediente 23.471) propone que se postergue hasta el 1 de diciembre del próximo año.

Dato D+: Como la Asamblea se encuentra en sesiones extraordinarias los proyectos tendrían que ser convocados por el Poder Ejecutivo para que inicien su trámite legislativo.

Ambos proyectos presentados no contemplan las múltiples derogatorias incluidas en la Ley de Contratación Pública, por lo que, de ser promulgada posterior al 1 de diciembre de este año, esas derogatorias habrán entrado en efecto, generando múltiples vacíos legales.

Incluso, hay normativa conexa que ya ha sido derogada —como parte del proceso de transición— tal como la Circular N° 03-11-82 del 03 de noviembre de 1982 de la Contraloría, cuya derogatoria fue publicada en La Gaceta el pasado 11 de noviembre, por lo que, una postergación a la Ley de Contratación Pública generaría un escenario incierto durante la ejecución contractual, contrario a la transparencia y seguridad que demanda la contratación pública.

Desde Delfino.cr se consultó a la División de Contratación Administrativa de la Contraloría sobre las implicaciones de una eventual postergación de la ley, y señalaron que

Aparte del retroceso que ello implica, conlleva además el riesgo de no cumplir con los compromisos adquiridos vía OCDE. Pretender extender la entrada en vigencia de la ley vendría a entorpecer y retrasar los esfuerzos realizados en un proceso de coordinación, con el riesgo de abrir nuevos espacios de discusión sobre temas consensuados durante el trámite legislativo a favor de una aplicación estandarizada que brinda seguridad jurídica”.

Adicionalmente, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría añadió que la postergación de la entrada en vigencia de la ley

Impacta negativamente el proceso de elaboración y consolidación del texto que se realizó en su momento con éxito, en cuanto a los pilares sobre los cuales se determinó que se debía construir la regulación en materia de contratación pública, colocaría a los diferentes actores en un estado de inseguridad e incerteza de frente a los diferentes ajustes que se han ido realizando en el ordenamiento y a lo interno de la administraciones y pondría en riesgo el cumplimiento de compromisos asumidos por parte del país en esta materia”.

Por tales motives la División de Contratación Administrativa señaló que no recomienda la postergación y recordó que, incluso, “ya se cuenta con un proyecto de Reglamento elaborado con participación de la CGR y del Ministerio de Hacienda, que pasó por un proceso de consulta pública y de incorporación de los ajustes respectivos y que generó una versión final al mes de julio del presente año”.

El diputado liberacionista, José Joaquín Hernández Rojas, manifestó a este medio su oposición a ambos proyectos, y añadió:

Sobra decir todas las ventajas de esta nueva normativa que moderniza y logra con mejores prácticas y transparencia, mayor eficiencia en la contratación y compras públicas y aplicando la realidad tecnológica en que vivimos hoy".