La modelo y empresaria costarricense Karina Ramos, valientemente ha compartido su testimonio. Ha sido acosada por años, de forma persistente y mortificante, por un sujeto que afirma que ella está obligada a tener relaciones sexuales con él. Ese sujeto la ha perseguido hasta fuera del país, y el evento más reciente ocurrió cuando entró en su condominio hasta tocar la puerta de su casa e intentar ingresar a su hogar.
El año pasado, la DJ, diseñadora y modelo Jessi González también compartió su testimonio, donde tras sufrir acoso predatorio mortificante y aterrador, las autoridades se declaraban incompetentes para actuar, básicamente porque no la habían abusado sexualmente aún, porque aún no había sido agredida, violada o asesinada. Es terrible decirlo con esas palabras, pero es efectivamente así. Hay un vacío legal en nuestro país, pues no se sanciona el acoso predatorio o stalking, mientras que las víctimas que lo padecen sí pierden su paz, su tranquilidad, su autonomía, su libertad, su intimidad y su seguridad, y pasan a vivir con miedo permanente, sabiéndose acechadas y vulnerables a un ataque inminente.
Por esa razón, el 25 de noviembre del 2021, en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, presenté el proyecto 22.804: "Ley "anti-stalking" para prevenir, sancionar y erradicar el acoso predatorio". El proyecto busca modificar el Código Penal para incorporar penas de cárcel o días multa a quien de forma reiterada y persistente perturbe con conductas de acoso a otra persona, así como ofrecer medidas de protección a las víctimas.
Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza son algunos de los países que han avanzado en legislación en esta materia. El stalking se puede manifestar de diversas formas, entre las más frecuentes están: la persecución, merodear o presentarse en los lugares donde la víctima habita, se encuentra o frecuenta, envío de mensajes por medio de redes sociales de manera reiterativa, llamadas reiteradas, envío de regalos, solicitar servicios o mercancías a nombre de la víctima, violentar el domicilio de la víctima, entre otras. Por supuesto que todas estas acciones se dan sin consentimiento de la víctima y en contra de su voluntad.
El vacío legal permite que los acosadores actúen desde la más absoluta impunidad. Saben que su actitud no está penada y persisten, sin consecuencia alguna, en mortificar a sus víctimas, ejerciendo sobre ellas una violencia sistemática. A las víctimas les debemos una respuesta, una herramienta legal para su defensa y protección, y el expediente legislativo 22.804 puede ser la ruta para ofrecer acceso a la justicia a estas mujeres, por lo que respetuosamente invito a la Asamblea Legislativa a retomar y avanzar en este debate.