La fracción del Frente Amplio acusó este miércoles, en el Plenario de la Asamblea Legislativa, presuntas irregularidades cometidas por la presidenta de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) en los procesos de contratación de una empresa de seguridad.
La diputada Rocío Alfaro Molina usó el espacio de control político otorgado a la bancada frenteamplista para señalar que la jerarca de Japdeva, Sussy Wing Ching, habría intermediado a favor de una empresa oferente, a pesar de que la Comisión de Licitaciones recomendó declarar "infructuoso" el concurso.
El caso versa sobre la tercerización del servicio de seguridad privada y vigilancia para las terminales Hernán Garrón Salazar y Gastón Kogan Kogan de Japdeva, en Limón.
"Wing Ching participó en una reunión de la Comisión de Licitaciones, donde no debería estar por ser esto un asunto técnico, pero llegó para coaccionar las recomendaciones dadas por el departamento solicitante y para que se corrigiera la decisión de declararla infructuosa y, por el contrario, darle curso a la adjudicación", acusó la legisladora.
Según un comunicado de prensa de la bancada del FA, un informe interno de Japdeva pidió declarar infructuoso el cartel de licitación por considerar que el único oferente no cumplía con los requisitos.
Sussy Wing Ching (i), presidenta de Japdeva, junto a la expresidenta de la institución, Andrea Centeno Rodríguez (d). Foto tomada de Facebook.
Además, Alfaro Molina denunció que tercerizar el servicio haría que este pase de costar los 27 millones actuales que invierte Japdeva; a 91 millones de colones, es decir, más de tres veces el costo actual.
La diputada también alertó de una eventual ilegalidad en la pretensión de tercerizar el servicio de seguridad de los puertos de Japdeva, señalando que el voto 2022-016950 de la Sala Constitucional, emitido el 20 de julio anterior para una acción de inconstitucionalidad donde se cuestionaba la concesión a APM Terminals del Puerto de Moín, indicó que:
La Sala entiende además que la concesión de las obras y servicios públicos a que se refiere este proyecto de ley, exceptúa todo aquello relativo a la seguridad nacional, control aduanero, migración y todo aquello que tenga que ver con funciones propias del Estado, las que son indelegables e irrenunciables y en modo alguno pueden quedar en manos privadas. Así por ejemplo, aun cuando un aeropuerto sea dado en concesión, para que el servicio público que ahí se preste sea realizado por un ente privado, lo relativo a la seguridad portuaria, migración y aduanas entre otros, queda reservado exclusivamente al Estado, sin que puedan ser ejercidas esas funciones ni directa ni indirectamente por los particulares.
Para la congresista, ese voto de la Sala es claro que no se pueden tercerizar los servicios relativos a la seguridad nacional.
"Respetuosamente solicitamos al Ejecutivo, a Japdeva y a la Contraloría se tomen en consideración estos argumentos, a efecto de no tercerizar o concesionar los servicios de Seguridad Portuaria en el Atlántico. Mas cuando se está traficando tanta droga por el puerto privado de APM", concluyó Alfaro
La licitación en cuestión se tramitó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) bajo el número 2022CD-000033-0001800002. En el documento del acto de adjudicación se señala que la Comisión de Licitaciones recomendó declarar "infructuoso" el proceso, pero el documento firmado por Elbhlyn Mora Hamilton, secretaria general del Consejo de Administración de Japdeva, señala que se tomaron acuerdos a lo interno de la institución para revertir la recomendación y permitir al único oferente presentar la documentación no presentada, una vez se le hubiese adjudicado la licitación.
Según un documento del 21 de julio de 2022 visible en Sicop, entre los requisitos incumplidos estaba el haber suministrado material probatorio de portación de armas del personal; certificación de antecedentes penales; noveno año de educación general básica aprobada; exámenes de audiometría y oftalmológicos; conocimiento en equipo de cómputo; experiencia del personal, entre otros.
Según el documento, se adjudicó al Consorcio Servicios de Control y Vigilancia JOBEN S.A. & Seguridad ALFA S.A. por un monto de 1052 millones de colones bajo el escenario "sin crucero"; y 1089 millones de colones bajo el escenario "con crucero".
La presidenta de Japdeva, Sussy Wing Ching, iba a comparecer este jueves en la Comisión Especial de Limón, sin embargo, la oficina de prensa del FA informó que a última hora enviaron una comunicación indicando que la jerarca no acudiría a la cita.








