La reforma permite a Japdeva desarrollar infraestructura mediante alianzas estratégicas y otorga controles a la Contraloría.
El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en segundo debate, una reforma a la ley que rige a Japdeva para que pueda desarrollar obras de infraestructura mediante "alianzas estratégicas", particularmente la marina y terminal de cruceros que se pretende levantar en esa provincia.
La iniciativa, que se tramitó bajo el expediente 24.259, es un desagregado de la fallida Ley Jaguar impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, la cual fracasó ante la Sala Constitucional debido a que ese tribunal dijo que las obras de infraestructura debían contratarse mediante procesos de licitación exigidos por la Constitución Política, cerrando la puerta a la posibilidad de hacerlo mediante alianzas estratégicas.
El nuevo Congreso tomó la iniciativa y mediante un acuerdo multipartidista llegó a un texto de consenso que busca superar la inconstitucionalidad señalada por la Sala IV, señalando que las obras de infraestructura hechas mediante alianzas estratégicas deberán regirse por los principios constitucionales protegidos mediante una licitación, tales como transparencia, eficiencia, igualdad, publicidad, libre concurrencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de la Hacienda Pública.
El texto aprobado este jueves por el Congreso dispone además que la Contraloría General de la República ejercerá fiscalización posterior de esas alianzas, y que los contratos vinculados a las alianzas estratégicas requerirán refrendo de la CGR en los casos y condiciones que establezca la normativa de ese ente auxiliar de la Asamblea.
El encargado de autorizar y aprobar cada alianza estratégica será el Consejo de Administración de Japdeva. El plazo máximo de los acuerdos será de 50 años y, en cada caso, la institución deberá justificarlo mediante estudios técnicos y económicos, según la magnitud de la obra y su modelo financiero.
En el caso específico de las marinas, la reforma faculta a Japdeva, como autoridad portuaria, para otorgar concesiones en bienes bajo su administración, de conformidad con la Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos.
El proyecto también establece límites sobre los bienes públicos vinculados con los muelles de Japdeva. Las instalaciones que se construyan en esos espacios no podrán salir del dominio público ni enajenarse, arrendarse o gravarse, directa o indirectamente, aunque sí podrán explotarse por el socio estratégico junto con Japdeva, bajo las reglas que se definan en el reglamento.
La presidenta de la república, Laura Fernández Delgado anunció el miércoles que una vez el Congreso aprobara esta iniciativa en segundo debate se trasladaría a la provincia de Limón para firmar el decreto legislativo como Ley de la República.
