Las apreciaciones de Gimena Cordero Mejías y Roger Humberto Ríos Duarte sobre Japdeva tienen el mérito de devolver al debate público una pregunta que Limón no puede seguir esquivando: ¿qué ocurrió con la institución llamada a administrar los puertos del Caribe y promover el desarrollo de la Vertiente Atlántica?
Gimena acierta al señalar que Japdeva tiene cuentas pendientes. No se puede hablar seriamente de la institución sin reconocer deficiencias administrativas, baja ejecución, lentitud, falta de planificación y una incapacidad dolorosa para transformar recursos públicos en bienestar visible para la provincia. Si existen fondos destinados al desarrollo regional y estos no se traducen en obras, empleo, infraestructura, capacitación y oportunidades, entonces hay un problema institucional que debe enfrentarse sin excusas.
Pero Roger también acierta al advertir que Japdeva no puede ser convertida en chivo expiatorio del abandono histórico de Limón. La provincia no empezó a sufrir exclusión con Japdeva. Limón carga una historia larga de economía de enclave, centralismo político, subordinación al negocio exportador y separación brutal entre el puerto que genera riqueza y la ciudad que recibe pobreza.
Por eso, ambas lecturas deben tomarse en serio, pero ninguna por separado basta. Japdeva no solo falló en aspectos administrativos; también fue debilitada por un modelo político que primero le arrebató su actividad portuaria estratégica y luego quiso presentar ese debilitamiento como prueba de inutilidad.
Ahí está el punto que no puede quedar fuera del análisis.
No se puede hablar de Japdeva como “institución fallida” sin hablar de la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín. No se puede hablar de baja ejecución, pérdida de capacidad o crisis institucional como si el año 2019 no hubiera ocurrido. No se puede evaluar el presente de Japdeva como si no se le hubiese despojado del centro económico más dinámico de su operación portuaria.
La concesión no fue un simple cambio de operador. Fue un punto de quiebre. Se trasladó la actividad portuaria más rentable hacia un operador privado y se dejó a Japdeva con una estructura disminuida, una transición traumática y una responsabilidad regional enorme, pero sin el mismo músculo económico que antes sostenía su capacidad de acción. Dicho claro: primero se le quitó el corazón operativo y luego se le pidió que siguiera caminando como si nada.
No se puede arrebatarle a Japdeva la actividad portuaria más rentable mediante una concesión cuestionada, dejarla institucionalmente disminuida y luego usar esa disminución como prueba de su fracaso. Eso no es modernización: es despojo con lenguaje técnico.
Si Japdeva tenía problemas, había que corregirlos. Si había mala gestión, había que intervenirla institucionalmente. Si había burocracia, había que reformarla. Si había captura política, había que democratizarla y profesionalizarla. Lo que no era aceptable era utilizar esas debilidades como argumento para trasladar el negocio portuario estratégico hacia manos privadas, dejando a Limón con el discurso del desarrollo y a otros con la caja registradora del puerto.
Porque aquí hay una verdad que debe decirse sin anestesia: la concesión no resolvió el problema histórico de Limón; trasladó el negocio, debilitó la institución pública y dejó intacta la deuda social con la provincia.
La concesión no eliminó la pobreza de Limón. No resolvió el desempleo. No integró el puerto con la ciudad. No reconstruyó el tejido urbano. No produjo una revolución educativa, técnica ni productiva para la juventud limonense. No cerró la brecha entre la riqueza que sale por los muelles y la precariedad que queda en los barrios.
El problema de Limón nunca ha sido falta de riqueza. El problema es quién controla esa riqueza, hacia dónde fluye, quién decide sobre ella y cuánto retorna realmente al territorio que la produce. Limón no ha sido pobre por incapacidad de su gente. Limón ha sido empobrecido por un modelo que extrae, transporta, exporta y factura, pero no redistribuye con justicia territorial.
Por eso, hablar de Japdeva obliga a hablar de poder: quién manda en el puerto, quién planifica la ciudad, quién define el desarrollo, quién captura el excedente económico y quién queda afuera esperando migajas.
A Japdeva no se le puede juzgar honestamente sin poner en el banquillo el modelo que primero la vació de contenido y luego la acusó de estar vacía.
Ese es el juicio completo. Japdeva debe rendir cuentas, sí. Pero también deben rendir cuentas quienes promovieron, diseñaron, defendieron y ejecutaron un modelo que debilitó la institucionalidad pública portuaria del Caribe. La defensa de Japdeva no puede ser ciega. Debe ser crítica, popular y limonense. Defenderla no significa defender ineficiencias; significa defender el principio de que la actividad portuaria estratégica debe servir al desarrollo de la provincia y no únicamente a la rentabilidad de operadores privados.
La respuesta no puede ser cerrar Japdeva. Tampoco puede ser dejarla igual. La respuesta debe ser reconstruirla desde Limón, con Limón y para Limón: pública, fuerte, transparente, técnica, regional, con control ciudadano, metas medibles y capacidad real para articular puerto, ciudad, empleo, logística, ambiente, turismo, infraestructura y desarrollo social.
Limón no necesita nostalgia. Necesita poder. No necesita discursos piadosos. Necesita institucionalidad fuerte. No necesita que le expliquen desde el centro del país por qué debe resignarse. Necesita que se le devuelva capacidad real de decisión sobre su destino.
Porque Limón no fracasó. A Limón le fallaron.
Y cuando a una provincia se le falla durante tanto tiempo, el deber histórico no es rematar sus instituciones públicas, sino recuperarlas, limpiarlas, fortalecerlas y ponerlas nuevamente al servicio de su pueblo.
El puerto debe volver a mirar a la ciudad.
La riqueza debe volver a tocar la tierra que la produce.
Y Japdeva, si ha de seguir existiendo, debe dejar de ser administradora de ruinas para convertirse otra vez en instrumento de dignidad, soberanía regional y desarrollo limonense.