El pasado 4 de junio, la estudiante limonense Gimena Cordero Mejías publicó un artículo que merece ser celebrado antes que refutado. Que una joven de la provincia, formada en Relaciones Internacionales, tome la palabra pública para exigir cuentas sobre el desarrollo de su tierra es exactamente el tipo de ciudadanía que el Caribe costarricense necesita. Su indignación es legítima y sus datos sobre la subejecución del canon de desarrollo son graves y verificables. Sin embargo, su diagnóstico —Japdeva como “institución fallida”— merece discusión, porque del diagnóstico se deriva la receta. Y una receta equivocada puede costarle a Limón otra década perdida.
Primera precisión: el rezago de Limón no nació con Japdeva ni puede atribuírsele en exclusiva. Cuando la institución fue creada, en 1963, la provincia cargaba ya un siglo de economía de enclave: el ferrocarril de 1871, la arquitectura bananera que organizó el territorio en función de la exportación y no de la vida urbana, y un centralismo vallecentralino que decidió desde San José lo que Limón debía ser. Que Matina aparezca hoy al fondo del ranking cantonal de desarrollo humano es el resultado acumulado de esas capas históricas, no del desempeño de una junta portuaria. Pedirle a JAapdeva que revierta sola lo que el Estado costarricense completo no ha revertido en siglo y medio es, además de injusto, analíticamente impreciso.
Segunda precisión: no se puede evaluar a Japdevacomo si 2019 no hubiera ocurrido. La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín transformó radicalmente el modelo de la institución, que perdió su principal fuente de ingresos operativos y quedó inmersa en una transición traumática que aún no concluye. El canon de desarrollo fue, precisamente, el mecanismo de compensación de ese cambio. Analizar su ejecución sin ese contexto es estudiar el síntoma sin la enfermedad. Conviene además precisar la naturaleza jurídica: Japdeva no es una “empresa”, sino una institución autónoma con prerrogativas de autoridad portuaria, sometida a la regla fiscal, a los controles de la Contraloría General de la República y a procesos de planificación quinquenal. Parte de la lentitud que con razón se denuncia no es solo mala gestión: es el corsé normativo en el que el propio Estado la encerró.
Y aquí llega la tercera precisión, la más importante: el problema de fondo no es de desempeño institucional, sino de arquitectura estatal. A Japdeva se le asignó en 1963 un triple mandato que ninguna otra institución del país carga: ser autoridad portuaria, operador portuario y, simultáneamente, agente de desarrollo regional. Pero se le entregó ese mandato sin las competencias que exige —y la concesión de 2019 le amputó precisamente el rol de operador que financiaba los otros dos. La planificación urbana es municipal; la vivienda corresponde al Mivah; la conectividad, al MOPT; la política social, al IMAS. El resultado es una institución responsable de un desarrollo cuyas palancas están en manos de otros. Costa Rica regula puertos, pero no gobierna ciudades portuarias. Y ese vacío no se resuelve con una nueva gerencia, una reestructuración más o una declaratoria de fracaso: se resuelve diseñando lo que nunca hemos tenido, una gobernanza de ciudad portuaria que articule puerto, ciudad y región.
Las experiencias internacionales son elocuentes. Las ciudades portuarias que lograron convertir su condición en bienestar —de Róterdam a Valencia, de Hamburgo a Buenaventura en sus intentos recientes— no lo hicieron declarando fallidas a sus autoridades portuarias, sino construyendo instancias de coordinación donde puerto, gobierno local, academia y comunidad deciden juntos el destino del territorio. El puerto genera riqueza; la ciudad portuaria la convierte en desarrollo. Sin la segunda pieza, la primera es un enclave moderno con grúas más altas.
La autora tiene toda la razón en su conclusión: Limón no debe quedarse rezagada, y el tiempo perdido debe restaurarse. Pero la salida no pasa por enterrar a Japdeva bajo el epitafio de “institución fallida”, sino por exigirle al Estado lo que verdaderamente falta: una hoja de ruta de gobernanza para la ciudad portuaria de Limón, con metas medibles, competencias claras y participación limonense real. La deuda histórica con el Caribe no es solo de una institución: es de un país entero que durante 150 años ha mirado a su puerto sin ver a su gente.
Que este intercambio entre generaciones —una estudiante que exige y un investigador que matiza— ocurra en la plaza pública es, quizás, la mejor noticia: significa que Limón ya no espera en silencio.