Si Costa Rica puede endeudarse por aproximadamente $770 millones para modernizar la carretera San José-San Ramón, ¿por qué se presenta como inevitable buscar un inversionista privado —probablemente extranjero— para financiar una Marina y Terminal de Cruceros en Limón cuyo costo se acerca a los $900 millones?
La pregunta no es caprichosa. Tampoco nace del rechazo automático a la inversión privada ni de una visión cerrada frente al capital internacional. Surge de una contradicción que el país tiene la obligación de explicar con transparencia: para algunas obras públicas, el Estado aparece con toda su fuerza financiera, su garantía soberana, su capacidad de endeudamiento y el respaldo del presupuesto nacional; pero cuando se trata de desarrollar el patrimonio estratégico de Limón, ese mismo Estado parece llegar con los bolsillos vacíos, dispuesto a ofrecer terrenos, infraestructura, derechos de explotación e ingresos futuros para convencer a un tercero de que haga lo que Costa Rica ni siquiera se ha propuesto intentar directamente.
Ahí está el verdadero problema.
El financiamiento de la carretera San José-San Ramón demuestra que el país conserva capacidad para contratar créditos internacionales de gran magnitud. El dinero tampoco nace dentro de nuestras fronteras: proviene de organismos financieros internacionales. Sin embargo, en ese caso, la República negocia, se endeuda y responde. El Estado costarricense conserva la titularidad de la infraestructura y asume la responsabilidad de ejecutar una obra considerada estratégica para el desarrollo nacional.
Para Limón, en cambio, se impulsa otra narrativa: que la Marina y Terminal de Cruceros requiere necesariamente un socio estratégico que aporte el capital, asuma el financiamiento y recupere su inversión mediante la explotación económica del proyecto durante varias décadas.
Pero el capital privado no llega como peregrino ni como benefactor. Llega buscando rentabilidad.
Quien aporte centenares de millones de dólares exigirá condiciones suficientes para recuperar su inversión, cubrir sus costos financieros, compensar los riesgos asumidos y obtener ganancias. Eso es normal dentro de la lógica empresarial. Lo que no es normal es que el Estado omita discutir, con la misma seriedad, cuánto patrimonio público deberá comprometerse, cuáles ingresos se compartirán, qué decisiones dejará de controlar la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y cuánto valor económico saldrá de Limón durante el período contractual.
El inversionista pondrá dinero. Limón pondrá el territorio, la ubicación, el litoral, la infraestructura, el acceso marítimo, la vocación portuaria, la actividad turística y la posibilidad misma de hacer rentable el negocio.
No puede hablarse entonces como si solamente una de las partes estuviera aportando valor.
Una carretera recibe garantía soberana; Limón recibe una promesa.
Para financiar la carretera, el Estado ofrece su respaldo soberano. No necesita hipotecar físicamente cada kilómetro del corredor porque detrás del préstamo se encuentra la capacidad fiscal, presupuestaria e institucional de toda la República.
Para financiar el proyecto limonense, por el contrario, se pretende que Japdeva llegue a la mesa aportando sus bienes, su patrimonio y sus posibilidades de explotación, mientras el inversionista aporta el financiamiento.
La diferencia no es menor.
En un modelo, el Estado se endeuda para conservar la obra pública. En el otro, procura evitar el endeudamiento directo permitiendo que un tercero participe durante décadas en el aprovechamiento económico del proyecto.
La pregunta que debe formularse el país es sencilla: ¿resulta verdaderamente más barato evitar una deuda pública si el precio consiste en compartir por 40 años los ingresos, el control y las decisiones sobre activos públicos de enorme valor?
Una obligación financiera aparece claramente en los presupuestos. La pérdida gradual del control sobre el patrimonio público suele esconderse entre contratos, cláusulas de exclusividad, garantías de ingresos, compromisos de largo plazo y fórmulas financieras difíciles de comprender para la ciudadanía.
Una deuda se ve. Una mala alianza puede disfrazarse de progreso hasta que sea demasiado tarde.
No se trata de cerrarle la puerta a la inversión
Limón necesita inversión. Muchísima.
Necesita infraestructura turística, portuaria y urbana. Necesita empleo de calidad, encadenamientos productivos, formación técnica, nuevos servicios, revitalización comercial y oportunidades para sus comunidades. Negarse de manera absoluta a la participación privada sería tan irresponsable como entregar el proyecto sin comparar alternativas.
El debate serio no consiste en escoger entre inversión o abandono. Consiste en decidir bajo qué condiciones se invierte, quién dirige el desarrollo, cómo se distribuyen las ganancias y qué permanece en manos públicas.
La inversión privada podría participar en la construcción de hoteles, comercios, restaurantes, servicios turísticos, operación de determinados componentes o desarrollos inmobiliarios complementarios. También podría integrarse mediante contratos específicos, concursos transparentes y obligaciones claras de inversión.
Lo que debe rechazarse es la idea de que, para recibir inversión, Limón tiene que entregar el timón.
La experiencia histórica aconseja prudencia. Los grandes proyectos suelen anunciar empleo, prosperidad, modernización y oportunidades. Sin embargo, cuando la estructura contractual está mal diseñada, las comunidades terminan recibiendo empleos periféricos mientras las utilidades, las decisiones estratégicas y los negocios de mayor valor quedan en otras manos.
Limón no puede conformarse con cargar maletas, limpiar habitaciones, vigilar instalaciones o vender recuerdos alrededor de un proyecto construido sobre su propio territorio.
Debe participar en la propiedad, en la dirección, en los servicios, en las cadenas de suministro y en la riqueza generada.
El Estado debe llegar a negociar con capital y con autoridad
El peor escenario no es la presencia de un inversionista extranjero. El peor escenario es un Estado débil negociando con una corporación poderosa.
Cuando el Estado llega sin financiamiento, sin estudios independientes, sin alternativas y con urgencia política por anunciar el proyecto, deja de negociar desde una posición soberana. Comienza a negociar desde la necesidad.
Y quien negocia necesitado casi siempre concede más de lo que debería.
Por eso, antes de escoger una alianza estratégica, Costa Rica debería estudiar y presentar públicamente todas las opciones posibles: financiamiento soberano, créditos multilaterales para Japdeva, ejecución por etapas, fideicomisos públicos, emisión de bonos respaldados por los ingresos futuros del proyecto, participación de la banca estatal, inversión de fondos institucionales bajo condiciones prudentes y alianzas específicas para componentes determinados.
No se trata de afirmar que cualquiera de estas opciones sea automáticamente mejor. Se trata de exigir que sean comparadas con números, plazos, riesgos y beneficios.
- ¿Cuánto costaría el financiamiento público?
- ¿Cuánto recibiría el socio privado?
- ¿Qué porcentaje de los ingresos conservaría Japdeva?
- ¿Cuáles bienes se aportarían?
- ¿Qué garantías exigiría el inversionista?
- ¿Quién asumiría los sobrecostos?
- ¿Qué ocurriría si el flujo de cruceros o turistas resulta menor al proyectado?
- ¿Cuáles actividades quedarían reservadas para empresas limonenses?
- ¿Cuánto empleo permanente se generaría realmente?
- ¿Quién controlaría las tarifas, los alquileres y los servicios?
Sin respuestas claras, hablar de una alianza estratégica es pedirle al pueblo que entregue confianza a cambio de una maqueta.
Limón no es un terreno baldío a la espera de un salvador
Existe una vieja costumbre nacional de tratar a Limón como si su territorio estuviera disponible para el próximo gran proyecto concebido desde fuera.
Se habla del Caribe como plataforma logística, puerto, corredor, enclave turístico o espacio de inversión. Muy pocas veces se habla de Limón como sujeto del desarrollo, con capacidad para decidir su propio futuro y participar directamente en la riqueza que produce.
La provincia ha aportado puertos, ferrocarril, banano, cacao, turismo, biodiversidad, cultura y una ubicación estratégica invaluable. A cambio, ha soportado desempleo, deterioro de infraestructura, desigualdad, contaminación y promesas repetidas.
Por eso, una Marina y Terminal de Cruceros no puede presentarse únicamente como una obra arquitectónica. Debe concebirse como una herramienta para reconstruir la economía regional.
Si el proyecto solamente sirve para que una compañía explote durante décadas un punto privilegiado del litoral mientras JAPDEVA recibe una participación secundaria, habremos construido infraestructura sin construir desarrollo.
Y una obra enorme puede seguir siendo pequeña cuando sus beneficios no alcanzan al pueblo.
La misma confianza que se le otorga al centro del país
La carretera San José-San Ramón es considerada suficientemente importante para recibir financiamiento internacional con garantía soberana. El Estado acepta asumir deuda porque entiende que la infraestructura generará beneficios económicos y sociales de largo plazo.
¿Por qué no puede aplicarse un razonamiento semejante a Limón?
Una Marina y Terminal de Cruceros podría producir ingresos propios mediante servicios portuarios, turismo, comercio, alquileres, hoteles, restaurantes y otras actividades. Es decir, no se trata necesariamente de una obra sin capacidad de repago.
Si el proyecto es financieramente atractivo para un inversionista privado, también debería ser suficientemente atractivo para estudiar una participación pública robusta.
Si existen ingresos capaces de devolver centenares de millones de dólares al inversionista y producirle utilidades, entonces existen ingresos que podrían respaldar una estructura pública, institucional o mixta en la que Japdeva conserve una posición dominante.
No es razonable socializar la infraestructura y privatizar la rentabilidad.
Tampoco resulta aceptable que el Estado utilice toda su fuerza para respaldar obras en el centro del país, mientras en Limón se limita a ofrecer patrimonio público para seducir capital extranjero.
Invertir sin entregar
Costa Rica necesita cooperación internacional, financiamiento externo y capital privado. Ningún país serio puede encerrarse en sí mismo.
Pero abrirse al mundo no significa arrodillarse ante el capital.
Una alianza verdadera exige equilibrio. Cada parte aporta, cada parte arriesga y cada parte recibe una proporción justa de los beneficios. Para alcanzar ese equilibrio, el Estado no puede presentarse como propietario pobre de un patrimonio rico.
Debe llegar con estudios propios, capacidad técnica, financiamiento parcial, alternativas reales y reglas previamente definidas.
Debe establecer que los bienes públicos no se transfieren ni se comprometen más allá de lo estrictamente necesario.
Debe garantizar que los ingresos de Japdeva crezcan y no se conviertan en una compensación simbólica.
Debe asegurar participación empresarial limonense, contratación local, capacitación, transferencia tecnológica y reinversión regional.
Debe proteger el ambiente, el acceso público al litoral y el interés de las generaciones futuras.
La inversión que llega para complementar al Estado puede ser bienvenida. La inversión que pretende sustituirlo, condicionarlo o desplazarlo debe examinarse con lupa.
Limón no necesita otro dueño
Esta es, en el fondo, una discusión sobre soberanía económica.
No basta con afirmar que la propiedad formal continuará siendo pública si, durante décadas, la capacidad real de explotar, decidir y obtener beneficios queda condicionada por un socio privado.
La soberanía no se conserva únicamente con un título inscrito. También se ejerce controlando las decisiones, los ingresos, los plazos y el destino de la riqueza.
Limón no necesita que una corporación extranjera venga a descubrir el valor de su costa. Ese valor lo conocen desde hace generaciones quienes han vivido, trabajado y sostenido la provincia.
Tampoco necesita discursos que presenten cualquier inversión como salvación. El desarrollo no puede construirse desde la gratitud hacia quien llega con dinero, sino desde la dignidad de quien sabe lo que aporta a la negociación.
El país debe decidir si la Marina y Terminal de Cruceros será una obra pública con participación privada o un negocio privado sostenido sobre patrimonio público.
Esa diferencia determinará quién recogerá sus frutos durante las próximas décadas.
La pregunta inicial sigue en pie: si Costa Rica puede movilizar $770 millones para una carretera, ¿por qué no puede construir una solución financiera sólida para el principal proyecto turístico y portuario de Limón?
La respuesta no puede ser simplemente que no hay dinero.
Hay capacidad de endeudamiento cuando existe voluntad política. Hay garantía soberana cuando el Gobierno considera prioritaria una obra. Hay creatividad financiera cuando el poder decide encontrarla.
Lo que Limón exige no es aislamiento, rechazo al capital ni privilegios. Exige igualdad en la manera en que el Estado respalda el desarrollo nacional.
Porque Limón no necesita otro dueño.
Necesita inversión, planificación y un Estado que no llegue con las manos vacías a negociar sobre patrimonio público.