La Presidencia de la República firmó este miércoles en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense.

Se trata del expediente 21.531, aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa el pasado 11 de agosto y que fue presentado en 2019 por el entonces diputado José María Villalta Flórez-Estrada, del Frente Amplio.

La iniciativa reforma profundamente la Ley de Pesca y Acuicultura para que el país deje de "regalar" la riqueza atunera a flotas extranjeras, y en su lugar se potencie la pesca y aprovechamiento local, se cobre lo justo por las licencias de pesca y se actualicen las condiciones bajo las cuales se dan esas licencias. Hasta ahora, Incopesca cobraba por la primera licencia y las prórrogas las otorga de manera gratuita si lo pescado es descargado en suelo nacional; eso se acabara ahora.

Por ello, y según señaló el presidente Rodrigo Chaves Robles, durante la firma de esta tarde:

Esta Ley de Pesca y Acuicultura, que de nuevo reconozco a quienes la propusieron y a los diputados que la votaron afirmativamente, lo que pretende es maximizar el beneficio sostenible de ese recurso natural para el pueblo de Cosa Rica. Estamos declarando de interés público y prioridad nacional la creación de una flota atunera con artes de pesca debidamente certificadas, para que la pesca sea sostenible, sin dañar el medio ambiente. Eso va a generar más empleo y vamos a quitar las licencias gratuitas. Ahí estamos cerrando un portillo legal que permitía y de hecho, hizo que regaláramos nuestra riqueza atunera por años sin pagar un cinco a barcos extranjeros y pagando en algunos casos montos ridículos debajo del precio verdadero".

El texto además dispone la protección, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los recursos marinos de las aguas jurisdiccionales del país deberá estar basado en estudios técnicos, científicos, fidedignos y actualizados. Además, el Estado ahora deberá privilegiar a la población costarricense en el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y la flota pesquera nacional tendrá prioridad en el aprovechamiento de los recursos pesqueros del domo térmico, siempre y cuando no se contravengan compromisos comerciales internacionales.

La ley dispone que Incopesca fijará el canon a cobrar por registro y licencias de pesca para barcos internacionales, pero ahora también a nacionales. Además, se amplió el espectro de elementos a considerar para fijar el precio de los cánones y se establece que deberá actualizarse. Previa fijación y actualización deberá ahora hacerse consulta al sector pesquero y a la industria nacional de conservas, y deberá estar basada en criterios técnicos, siendo proporcionales y razonables, y con el fin de una justa retribución de los recursos pesqueros nacionales.

La iniciativa también declara el recurso atunero como “recurso estratégico para el desarrollo nacional”.

Ahora, también, Incopesca tendrá un rol protagonista en la labor de atender y regular diligentemente la obtención del recurso atunero por parte de embarcaciones nacionales y extranjeras.

Además, se establece que quedan autorizadas a pescar atún las embarcaciones de pesca de cerco (gran potencia, extranjeras o nacionales); embarcaciones de pesca mediana y avanzada (incluidas las configuradas para el uso de palangre); embarcaciones de pequeña escala (con caña y otras artes de pesca sostenible autorizadas); y embarcaciones de pesca de atún con caña (realizada por personas física o jurídicas equipadas en barcos de pequeña y mediana escala en cardúmenes cercanos a las costas), previa obtención de la licencia respectiva.

Si los estudios técnicos arrojan que hay baja disponibilidad de recurso atunero, Incopesca también tendrá la potestad de definir mecanismos para el aprovechamiento equitativo, como establecer que de determinadas millas náuticas a otras, pescarán determinados tipos de barcos.

La iniciativa también dispone que el atún que sea pescado en aguas costarricenses, por nacionales o embarcaciones bajo control del país, se considerará atún de origen costarricense. El atún pescado por embarcaciones de bandera nacional deberá descargarse en territorio nacional y ponerse a disposición de la industria nacional conservera de atún en condiciones de mercado.

El proyecto, además, quita la distinción de que solo los barcos extranjeros con red de cerco que deseen pescar en el país deban tener una licencia de pesca por viaje hasta por 60 días naturales. En su lugar, dispone que todos los barcos atuneros con red de cerco deberán obtener licencia. Se mantiene en 60 días naturales el plazo del permiso, contado desde que se obtiene y hasta que se descarga el producto obtenido o se venza el plazo de 60 días.

La reforma también elimina la licencia gratuita por 60 días para los barcos que hubiesen entregado la totalidad de su pesca, o al menos 300 toneladas, a compañías enlatadoras o procesadoras nacionales. Ahora tendrán derecho a una prórroga inmediata por otros 60 días, siempre y cuando paguen también por esa licencia.

Además, el barco atunero con red de cerco con registro anual vigente, que sin haber hecho uso de licencia nacional ni haber capturado en la Zona Económica Exclusiva costarricense, entregue la totalidad de su captura a la industria conservera nacional, del atún capturado fuera de las aguas jurisdiccionales de Costa Rica, podrá obtener una licencia de pesca con una reducción en el monto del canon de hasta un 50% por 60 días naturales durante el año calendario para el que fue otorgado el registro, cuando así lo disponga INCOPESCA de manera fundamentada, con la finalidad de asegurar la provisión de materia prima a la industria nacional. Para acceder a este beneficio, la entrega de la totalidad de su captura no deberá ser menor a trescientas toneladas.

También se dispone que todos los buques de red de cerco autorizados tanto para pescar dentro de la Zona Económica Exclusiva, como aquellos autorizados para capturar atún en aguas internacionales por el uso de cuotas de acarreo otorgadas al país, deberán registrarse ante Incopesca, mantener abierto su localizador satelital durante todo el período de autorización y cumplir con la legislación nacional relativa a embarcaciones atuneras de cerco de bandera extranjera.

Otra medida es que se cambió es la de la zona de prohibida la pesca con barcos atuneros cerqueros de bandera nacional o extranjera de 12 millas del mar territorial; esta pasa ahora a una prohibición según zonas o polígonos definidos por el Poder Ejecutivo antes de que esta reforma entre a regir, pues quedarán reservadas a la pesca sostenible de atún. El Ejecutivo podrá reformar las zonas de reserva, fundamentado en estudios técnicos y científicos avalados por Incopesca.

Además, se establece que todo buque cerquero atunero que esté autorizado para pescar en las aguas jurisdiccionales de Costa Rica, en las áreas definidas para este tipo de pesca con cerco, deberá llevar un observador a bordo para asegurar la recolecta de información científica y el respeto a la normativa nacional pesquera. La presencia del observador a bordo será en todos los viajes de pesca por el período que le conceda la licencia o el periodo de concesión de capacidad de bodega de pescado.

Para llevar a cabo esa tarea, Incopesca a partir de ahora deberá desarrollar un programa de observadores a bordo para buques cerqueros atuneros, que se financiará con un canon por metro cúbico de la capacidad de bodega asignada dentro de las cuotas de acarreo otorgadas al país.

Otra reforma es que las embarcaciones dedicadas a la pesca de atún con red de cerco que lleven a cabo esa actividad sin tener licencia, o en zonas no permitidas, serán multadas con el 25% del valor de la embarcación.

También se dispone que Incopesca deberá desarrollar un programa especial para el desarrollo del tejido empresarial, promoviendo las capacidades técnicas, organizativas y gerenciales, entre otras, que permita comercializar el atún fresco y asegurar las condiciones de desarrollo de la industria asociada al recurso atunero, fresco, congelado, cocido y enlatado, bajo los principios de desarrollo sostenible democrático, reconocimiento del valor del producto y comercio justo.

Para cumplir con ese propósito, la institución deberá promover el desarrollo de empresas individuales o colectivas, cooperativas o emprendimientos empresariales que salvaguarden los intereses de las personas adscritas a la actividad pesquera, disminuyendo con ello la intermediación, mejorando los niveles de competitividad y productividad y promoviendo canales de comercialización idóneos para los productos pesqueros obtenidos.

También se ordena que Infocoop destine parte de los recursos destinados al Sistema de Banca para el Desarrollo, con la finalidad de apoyar la efectiva conformación de organizaciones sociales cooperativas que puedan administrar el negocio de la pesca y comercialización del atún.

Además, se declara de interés público y prioridad nacional la creación de una flota atunera nacional con artes de pesca debidamente calificadas y prácticas selectivas que reduzcan las capturas incidentales, en especial la de tiburones, que aproveche los recursos pesqueros nacionales de mayor valor comercial y que que tome en consideración los efectos del Plan de Acción Internacional de Capacidad de la FAO y las medidas establecidas por los organismos regionales de ordenación pesquera, promoviendo la generación de empleo y el desarrollo social con distribución de la riqueza en las provincias costeras del país, por considerarse el atún como un recurso estratégico para los intereses de la nación.

Asimismo, se dispone la creación de un fideicomiso para fomentar la creación de una flota atunera nacional, cuando técnicamente se demuestre que se garantiza el control de la capacidad y el esfuerzo pesqueros hasta niveles sostenibles. Sus fines serán dar financiamiento para la reconversión productiva hacia la pesca sostenible de atún; financiar la creación de astilleros de embarcaciones bajo la figura de cooperativas de autogestión, asociaciones y organizaciones pesqueras y locales; financiar proyectos de investigación para el desarrollo de capacidades e información necesarias para que las decisiones de manejo, desarrollo y conservación de las pesquerías y la acuicultura.

Finalmente, las embarcaciones debidamente autorizadas para la pesca turística podrán tramitar un permiso especial ante el Incopesca para realizar pesca de atún, de hasta 15 piezas por día, en días hábiles, durante la temporada baja, siempre que se cuente con el sustento técnico respectivo y se garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias que garanticen la inocuidad alimentaria.

Con esta firma, y a partir de que la ya firmada ley sea publicada en La Gaceta, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para emitir la reglamentación respectiva.

Como anuncio final sobre este tema en la conferencia de esta tarde, el presidente anunció que el país ya no negociará bilateralmente el precio por tonelada de atún si no que este se realizará vía licitación:

Ayer acordamos, en una reunión, que ya no vamos a negociar bilateralmente el precio por tonelada métrica de atún como se ha hecho en la historia de Costa Rica. El mecanismo establecido es que venga siéntese conmigo y me dice cuánto y negociamos en una oficina cuánto vale cada tonelada con barcos extranjeros porque no tenemos flota atunera. Ya no se va a permitir que los funcionarios de INCOPESCA y MAG lo hagan así: se va a hacer por licitación, a sobre cerrado, con precios mínimos y que sea el mercado el que determine y no la decisión de un burócrata. No solo es vender el producto, es asegurar la transparencia y maximizar que los ingresos le entren al Estado, no a una persona en particular".