La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de México presentó este jueves las conclusiones de su trabajo y aseguró que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos -mejor conocida como Escuela de Ayotzinapa-, fue “un crimen de Estado” en el que están involucradas autoridades “de todos los niveles”. 

“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de setiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano”, afirmó durante una conferencia de prensa el subsecretario de derechos humanos de México, Alejandro Encinas.

Las autoridades estatales y federales del más alto nivel "fueron omisas y negligentes" y llevaron adelante actos para “alterar los hechos y las circunstancias” y establecer una “conclusión ajena a la verdad”, detalló Encinas en la presentación de las primeras conclusiones a las que llegó la comisión, cuya conformación fue ordenada enseguida de la asunción del todavía presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Acciones, omisiones y participación (de las autoridades) permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes (al parecer por parte de integrantes del grupo armado Guerreros Unidos), así como el homicidio de otras seis personas”, señaló el subsecretario. En la misma línea, agregó que “no hay indicios” de que alguno de los estudiantes esté con vida o que sus restos estén juntos, ya que supuestamente separaron los ómnibus en la estación de Iguala esa noche. Hasta ahora fueron encontrados e identificados los restos de tres de ellos.

Los hechos

El 26 de setiembre de 2014 los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos emprendieron un viaje para participar de una gran marcha en reclamo de justicia por la “Matanza de Tlatelolco”, una tradición que está vigente desde el 2 de octubre de 1968, cuando asesinaron a unas 300 personas en el marco de una represión que el Estado llevó a cabo contra una manifestación estudiantil.

Para llegar hasta la capital del país, los estudiantes tenían una modalidad que se aplica desde hace décadas: toman ómnibus de la zona que encuentran en la ruta y los utilizan para viajar. Terminadas las actividades, los devuelven. Cuando tomaron el ómnibus en la ciudad de Iguala, a 190 kilómetros de México, fuerzas policiales y militares dispararon hacia los ómnibus. Tras la balacera, hubo problemas para la atención de los heridos que terminó con la muerte de 9 personas y la desaparición de un ómnibus con 43 estudiantes.

“La verdad histórica”

La desaparición ocurrió durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Las autoridades del momento indicaron que policías del estado de Guerrero capturaron a 43 estudiantes de magisterio y los entregaron al cártel Guerreros Unidos. La versión oficial dice que los jóvenes fueron asesinados por miembros del crimen organizado Guerreros Unidos, que luego tiraron sus restos al río San Juan.

Esta versión de los hechos fue denominada la “verdad histórica” y es cuestionada por los familiares de los jóvenes, por organismos nacionales e internacionales que no encuentran consistencia en el relato oficial.

La administración de López Obrador desmintió esta “verdad” en conjunto con los familiares de los estudiantes, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Los familiares continúan exigiendo respuestas al gobierno y piden que la investigación se centre en la actuación de militares, cuyo rol no fue casi incluido en la primera versión de los hechos.

No solo el paradero declarado por la verdad histórica presenta inconsistencias, sino que también la versión de que fueron incinerados fue cuestionada por el fiscal del caso, quien aseguró que varios hallazgos recientes no estuvieron expuestos al fuego y estuvieron a la intemperie durante siete años.