Nuestra Constitución Política establece, en su artículo 65:

El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador.”

Es así como el constituyente desde 1949, delineó un Estado solidario, que vele por el acceso universal a una vivienda digna, como un derecho fundamental, relacionado directamente a la calidad de vida de las y los costarricenses.

En razón de ello, no entendemos el recorte pretendido por el Ejecutivo de más de 6.000 millones de colones al Fondo de Subsidios para la Vivienda, en la modificación contenida en el Segundo Presupuesto Extraordinario 2022, que se sumaría al recorte por casi 21.400 millones de colones ya realizado para el presente año.

Las acciones del Gobierno no ayudan en nada a la solución del déficit habitacional en el país, disminuyen la calidad y cantidad de metros cuadrados de construcción, y frenan la dinamización económica de este sector, poniendo en peligro casi 7.000 solicitudes en trámite ante el BANVHI y entidades relacionadas, en un país en el cual más de 659 mil viviendas se encuentran en regular o mal estado, según análisis desprendidos de la Encuesta Nacional de Hogares de julio 2021. Datos que seguramente empeorarán con los resultados que arroje el nuevo censo nacional.

Ante este panorama, no deberíamos estar discutiendo recortes en vivienda, sino más bien, cómo sacar mayor provecho de los recursos existentes en beneficio de las poblaciones más vulnerables, así como de nuestra clase media. Desde la pareja joven cuyos ingresos no son suficientes para ser sujetos de crédito y aspiran a una casa propia, hasta la madre jefa de hogar que vive en un anillo urbano o rural precarizado y requiere toda la ayuda del Estado para salir adelante.

En la actualidad, alrededor de un 30% de la población no tiene acceso a crédito para comprar vivienda, según la Cámaras de la Construcción, principalmente por los elevados precios de los materiales y el exceso de trámites. Por eso, simplificar y facilitar el acceso a necesidades de primera necesidad, como la vivienda, debe ser prioritario. No vamos a permitir que se sigan motivando recortes o reasignación de recursos destinados a vivienda para otros fines.

La fracción de Liberación Nacional no considera prudente cualquier recorte poco razonado al respecto, sumado a todos los que se han venido dando de forma sistémica desde el año 2020, por casi 59.000 millones de colones.

Más que preguntarnos cuánto recortamos en vivienda, deberíamos plantear la discusión de cómo mejoramos el uso de los recursos disponibles para atender las necesidades inmediatas de miles de familias; y así, también, colaborar con la urgente reactivación económica que necesita el país y aportar a la generación de empleo.

La construcción de nuevas viviendas debería ser considerado como un pilar fundamental de este nuevo Gobierno. Promover el desarrollo habitacional es un enorme reto que, además, de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, asegura la generación de empleo para las personas más desfavorecidas, y contribuye a combatir la pobreza y la exclusión social.

Como presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, me corresponde ser vigilante del uso de los recursos públicos y velar por que estos se destinen a promover el desarrollo. Los programas sociales que tengan como objetivo la satisfacción de necesidades básicas, la reactivación económica, el fortalecimiento de las cadenas de valor y la generación de empleo, nunca deberían verse comprometidos.

Garantizar este derecho humano a la vivienda digna, no puede ser visto únicamente desde la frialdad de los números, con inciertos recortes promovidos en la comodidad de un escritorio, sino atendido de manera integral, pronta y propositiva.

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