Una fecha que revela una deuda institucional
Al reconocer el 9 de enero como Día Nacional e Institucional contra la Violencia Obstétrica, Costa Rica asume el compromiso de promover la sensibilización y la prevención de una forma de violencia de género que afecta la dignidad y los derechos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Esta conmemoración no es meramente simbólica: cuestiona directamente al sistema de salud y al Estado sobre la forma en que se atiende uno de los momentos más trascendentales de la vida.
El nacimiento, que debería ser una experiencia marcada por el cuidado, el respeto y la autonomía, continúa siendo para muchas mujeres un espacio de vulneración de derechos. Nombrar esta realidad es un avance, pero también una invitación a mirarla de frente.
Prácticas normalizadas que vulneran derechos
La violencia obstétrica no es un concepto abstracto, sino una forma de violencia documentada. Se concreta en prácticas cotidianas como procedimientos médicos realizados sin consentimiento informado, comentarios humillantes o descalificadores, la negación del acompañamiento elegido por la mujer o intervenciones innecesarias que dejan huellas físicas y emocionales. Estas acciones, lejos de ser excepciones, han sido normalizadas en sistemas de salud que con frecuencia privilegian la autoridad médica por encima de la autonomía de las mujeres.
Cuando estas prácticas se normalizan, dejan de ser hechos aislados y se convierten en una forma de violencia institucional que reproduce desigualdades de género y relaciones de poder profundamente arraigadas.
Nombrar el problema es solo el primer paso
El reconocimiento de la violencia obstétrica como un problema institucional representa un avance significativo. Al oficializar el 9 de enero como Día Nacional e Institucional contra la Violencia Obstétrica, Costa Rica envía un mensaje claro: el parto respetado debe ser garantizado como un derecho humano, y no tratado como un lujo ni un privilegio.
Sin embargo, el reconocimiento resulta insuficiente si no va acompañado de cambios reales; de lo contrario, corre el riesgo de diluirse en el terreno del discurso y la conmemoración simbólica.
Del compromiso simbólico a la acción concreta
La erradicación de la violencia obstétrica exige acciones estructurales. Implica revisar y reformar los protocolos de atención, capacitar de manera continua al personal de salud con un enfoque de derechos humanos y garantizar que cada mujer pueda decidir libremente sobre su cuerpo y su proceso de nacimiento.
Respetar la autonomía no significa poner en riesgo la atención médica, sino fortalecerla. Un sistema de salud que escucha, informa y respeta es un sistema más seguro, más humano y más acorde con los estándares internacionales de derechos humanos.
Obligaciones internacionales y responsabilidad del Estado
La violencia obstétrica no es un problema aislado: se trata de una problemática estructural reconocida a nivel internacional. Su prevención y erradicación están respaldadas por compromisos jurídicos que obligan al Estado costarricense a actuar.
Instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer establecen con claridad que las prácticas que vulneran la autonomía, la dignidad y la integridad de las mujeres en la atención en salud constituyen formas de discriminación y violencia institucional.
Al ratificar estos tratados, Costa Rica asumió una responsabilidad que va más allá del discurso: traducir esos compromisos en políticas públicas efectivas y en cambios concretos dentro de la atención clínica.
El plan de parto como garantía de derechos
En este camino, el plan de parto se presenta como una herramienta clave para avanzar hacia una atención respetuosa. Permite que las mujeres expresen sus decisiones sobre el acompañamiento, el manejo del dolor, las intervenciones médicas y los cuidados inmediatos del recién nacido. Su incorporación sistemática en los servicios de salud no solo previene abusos, sino que fortalece la relación de confianza entre las pacientes y el personal sanitario.
Garantizar su implementación no constituye un favor, sino una vía concreta para hacer efectivo el derecho a la autonomía y a una atención digna.
Una deuda que exige acciones concretas
Hoy, más que nunca, es necesario recordar que un parto respetado no es un lujo: es un derecho humano fundamental. Costa Rica tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de liderar en la región y convertirse en un referente internacional, demostrando que la vida se protege desde su inicio con respeto, autonomía y dignidad.
Un país que garantiza nacimientos libres de violencia es un país que apuesta por la igualdad y la justicia desde el primer instante de la vida. La conmemoración del 9 de enero solo tendrá sentido si se traduce en acciones inmediatas y sostenidas.
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