El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela ordenó al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) que, en un plazo no mayor a seis meses, elimine los canales y rellenos que afectaron los ecosistemas de humedales, durante la construcción de la Ruta Nacional 1856, conocida como la "trocha fronteriza".

La orden fue emitida el pasado 23 de mayo, luego de una solicitud de medida restitutiva al respecto, emitida por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público.

Según la prueba aportada por la Fiscalía, durante la construcción de la fallida trocha fronteriza, hubo una afectación de al menos cinco humedales de importancia RAMSAR, por medio del relleno de suelo y la excavación de los canales que drenan las aguas.

Los humedales de importancia RAMSAR, según señaló el Ministerio Público en una nota enviada a la prensa esta mañana, "son sitios frágiles y de vital importancia para la vida silvestre que depende de ellos, en especial aves migratorias que utilizan esos espacios para anidar, reproducirse, descansar y alimentarse durante sus migraciones".

Esas especies forman parte del atractivo turístico de Costa Rica y su protección, así como la de sus hábitats, resulta imprescindible para continuar siendo un destino turístico atractivo. Además, los humedales son extensos reservorios de agua dulce, por lo que son fuentes de gran importancia para el ser humano", agregó la Fiscalía.

De acuerdo con el Ministerio Público, tras la construcción de la ruta no solo se eliminaron partes de los humedales debido a la existencia de los rellenos que hoy se mantienen, sino que la afectación continúa hasta hoy, pues los canales de drenaje continúan secando las áreas que aún conservan importante cantidad de agua, lo que expone a su desaparición.

La evidencia de todo lo anterior fue presentada por la representación fiscal ante el Juzgado, el cual acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó la eliminación de los canales.

El caso de la Trocha se remonta al año 2010, cuando el gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda, dio luz verde a la construcción de la Ruta Nacional 1856 Juan Rafael Mora Porras, la cual consistiría en una ruta de 160 kilómetros a lo largo de la frontera con Nicaragua, dada la invasión militar de Daniel Ortega a Isla Calero.

Las obras fueron suspendidas en el 2012, tras una inversión superior a los 20 mil millones de colones, luego de que Chinchilla denunciara que funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) habían recibido dádivas de empresarios.