La Asamblea Nacional de Cuba, en su sesión anual extraordinaria, aprobó este domingo el nuevo Código Penal en el que se incluyen penas más graves para los delitos vinculados a la corrupción, discriminación y para quienes participen de forma activa en “actividades subversivas”.

Estas normativas fueron criticadas desde la oposición que, pese a no tener representantes en el parlamento cubano, advirtieron que el nuevo Código Penal crea 37 nuevos delitos que apuntan directamente a acallar las movilizaciones en contra del gobierno.

Sin embargo, entre las modificaciones no se incluye la tipificación del delito de femicidio y mantiene la pena de muerte, que no se aplica desde 2003 y sí es eliminada para cuatro de 24 delitos en los que es considerada.

Sobre el nuevo código, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, destacó que el texto fue consultado con actores del Poder Judicial y que se recibieron 1.140 propuestas y 1.114 sugerencias de modificación, de las cuales 706 fueron admitidas. A su vez, en la sesión de la asamblea se presentaron 112 propuestas, de las cuales 97 fueron aceptadas.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Luis Toledo, dijo en el sitio Cubadebate que los nuevos artículos reúnen “lo más moderno en la práctica judicial e investigativa” y fueron elaborados “sobre la base de principios constitucionales” y las garantías a la ciudadanía.

Uno de los puntos más criticados es la condena de cuatro a diez años a personas u ONG que reciban fondos para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. En este sentido, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó a través de un comunicado que esto puede traer efectos “catastróficos” en el periodismo local.

Nuevos delitos

Los cambios en el Código Penal cubano se dan luego de las manifestaciones que tuvieron lugar en julio de 2021, que fueron consideradas como una de las mayores en las últimas décadas, cuyo saldo fue de un muerto y más de 1.300 detenidos -algunos de ellos con condenas de hasta 30 años-.

De acuerdo con la oposición, entre las normativas que buscan silenciar las protestas contra el gobierno figuran desórdenes públicos, delitos contra la seguridad del Estado, difusión de noticias falsas y propaganda contra el orden constitucional.

También penaliza a quienes colaboren con organizaciones civiles o instituciones internacionales que elaboren contenidos que puedan ser utilizados para llevar a cabo "actividades contra el Estado y su orden constitucional".

A su vez, incrementa a 30 años de cárcel la pena para los delitos de espionaje y difusión de información secreta o confidencial.

Según dijo a la agencia AFP el jurista Harold Bertot, estas normativas coinciden con “un momento de tensión política y social en Cuba” y con este Código se apuesta al “expansionismo penal” y a tener “un notable impacto” en el desarrollo de las manifestaciones.

Por su parte, el abogado Fernando Almeyda dijo al medio La Joven Cuba, que este nuevo código alcanza “un nuevo nivel”, ya que institucionaliza la violencia “a favor de los intereses del Estado” y libera de responsabilidades a quienes actúen para “impedir un peligro o daño a los intereses sociales”.

"Si el Código de 1987 es poco garantista, el nuevo penaliza por completo la existencia del disenso", sostiene el abogado.

No se tipifica el delito de femicidio

Durante la sesión, la diputada Mariela Castro Espín, hija del expresidente Raúl Castro, lamentó que la aprobación del nuevo Código Penal no implique la creación del delito de femicidio en Cuba, algo consideró necesario para visibilizarlos y para evidenciar que es un "tema complejo" que "no se va a solucionar en poco tiempo".

Remigio Ferro señaló que el delito de femicidio está descrito en el Código Penal y trae aparejado un aumento de la pena con respecto a otros homicidios. “No está la nomenclatura femicidio o feminicidio porque habría que establecer en el asesinato nomenclaturas distintas, como infanticidio, por ejemplo”, argumentó.

El representante del Poder Judicial reafirmó que esto no implica que el gobierno y la Justicia no tengan desarrolladas estrategias y programas para atender la violencia contra mujeres y niños.

En la misma línea, la diputada Terresa Amarelle consideró que no hay vacíos en el nuevo Código Penal en cuanto a la violencia de género