El país no puede tomar algo que funciona y arruinarlo. Si las entidades siguen por el camino reciente, y los actores involucrados no presionan, Costa Rica está por quitarle continuidad a un servicio que ha demostrado impactos positivos en temas centrales como el ambiente y la vida humana, y que no ha sido manchado por corrupción o las dudas.

La revisión técnica vehicular (RTV) que practicamos hoy ordenó un proceso de reconocida corrupción y limitado efecto para reducir la contaminación y mejorar la seguridad vial. Hace veinte años, el país aceleró una tendencia que hoy mantiene: crecimiento exponencial de la flota automotor, antigua en promedio (16 años); una matriz energética sucia (72% del consumo es petróleo), en una infraestructura vial insuficiente y con un sistema de transporte público mal diseñado, que no atrae más que el vehículo particular como principal apuesta de movilidad. Las consecuencias: imposibilidad de mitigar el cambio climático en un sector que urge (transporte), afectación a la salud y la calidad de vida, e impactos económicos (cerca de 4% del PIB perdido en presas, según el Informe Estado de la Nación).

Con la RTV vinieron impactos medibles y positivos. Según estudios de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), en algún momento se estimó la reducción de emisiones en más de un 30%, gracias a este control. Otros análisis de la Universidad de Zeppelin (en Friedrichshafen, Alemania) calcularon una baja de 27% en accidentes viales en el primer año de la RTV y de un 39% en 2005, y le atribuye evitar al menos 1.500 muertes y 200 mil personas heridas en carretera entre el 2003 y el 2015.

Además, la información que deja el proceso de RTV es clave para la toma de decisiones. El Programa Estado de la Nación ha utilizado datos para estudios académicos, que permiten el diseño de política pública en desarrollo humano. Una caracterización de la flota vehicular en detalle mostró que la apuesta por el vehículo particular es un reto por resolver, pues son los que más kilómetros de recorrido aportan en total. Pero también se probó que la flota diésel —carga pesada y transporte público— emiten la mitad del CO2 de todo el parque, pese a ser solo el 20% de las unidades. También se identificó que la concentración de gases que afectan la salud humana (como el monóxido de carbono) es menor en carros más nuevos, pero con el “truco” de concentrar más dióxido de carbono, principal causante del efecto invernadero y el cambio climático.

¿Qué significa todo eso? Que con datos de la RTV se pueden identificar objetivos de política pública: a) cambiar el sistema y parámetros exigidos en el transporte público y de carga; b) cambio tecnológico radical (no solo carros más nuevos, sino de tecnologías limpias) y, sobre todo; c) reducir la apuesta carro-centrista y los impactos del parque automotor sobre la salud, el ambiente y el desarrollo humano a partir de un transporte público masivo, interconectado, limpio y eficiente, así como del estímulo a una movilidad activa segura.

También datos de la RTV permitieron medir el impacto de la atención de la pandemia. Una reducción de uso de la flota llevó a un 27% menos de emisiones de CO2 durante el primer año, y una reducción del ausentismo y -en consecuencia- de las unidades que circulan sin cumplir los parámetros mínimos-, gracias a un mayor control en carretera. Es decir, la información recopilada permite ver lecciones aprendidas sobre el efecto ambiental de un menor movimiento de personas en vehículo, y de una mayor vigilancia en el terreno.

Costa Rica no puede detener la revisión técnica vehicular. Hay evidencia clara y pública de su relevancia. Tocará, en su momento y con más eficacia institucional, abrir los procesos que corresponda en la normativa y, si se quiere, debatir el modelo. Pero desde una perspectiva de seguridad y de ambiente, el riesgo que se corre al suspender el servicio es incoherente con las necesidades del país, sus compromisos ambientales y la urgencia de proteger la salud y la vida, en ese campo de batalla que son nuestras carreteras y el mal sistema de transporte y movilidad.

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