El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de un sospechoso de los delitos de tentativa de homicidio y robo agravado en perjuicio de un hombre de 32 años de apellido Rojas Cubero, ocurrido el 10 de abril en Palmares.

Semanas atrás, el Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ) de Palmares denunció que el vecino del cantón fue victima de agresiones que personas dentro de la comunidad calificaron como un intento de homicidio y a la vez como un crimen de odio.

En principio, el jefe del OIJ de San Ramón, Pablo Calvo, indicó a Delfino.cr que el móvil del suceso fue únicamente asalto; sin embargo, la versión cambió.

Al parecer el sospechoso intentó sustraer las pertenencias del ofendido, siendo que se dio un forcejeo entre ambos y al parecer el sospechoso golpeó al ofendido en la cabeza provocándole una lesión en el cráneo por lo que fue remitido al centro médico", detallaron desde el OIJ. 

El CCPJ manifestó su preocupación y condenaron la intolerancia, exclusión y violencia hacia la población LGBTIQ+. En la organización palmareña solicitaron desde un inicio "el compromiso de las autoridades de realizar un proceso informativo, responsable y respetuoso de los derechos a la identidad e intimidad y libre autodeterminación tenemos todas las personas. Así mismo desalentar y condenar toda la intolerancia y discriminación por razón de: grupo social, edad, raza, identidad de género, religión, etnia, nacionalidad, discapacidad u orientación sexual".

¿Qué es un crimen de odio por orientación sexual ? 

Según la organización especializada en temas de justicia social y ambiental, Hivos, un crimen de odio por orientación sexual e identidad de género real o percibida se puede definir como:

“Un crimen motivado por el odio, desprecio o repudio, que la persona perpetradora siente hacia la identidad o hacia las características que moldean subjetiva u objetivamente la identidad de la víctima tal como es la orientación sexual y la identidad o expresión de género real o percibida, y caracterizado por la violencia y agresividad de la persona perpetradora en rango amplio de acciones. Es una forma de castigar por transgredir una norma social y de transmitir un mensaje amenazante a grupo o colectivo a la cual pertenece la víctima.”

El pasado 25 de abril el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, junto a la ministra de Justicia, Fiorella Salazar Rojas, firmaron una ley que incrementa las penas de prisión entre 20 y 35 años para los homicidios motivados por odio que sucedan en el país.

La reforma estipula que ahora los crímenes motivados por la nacionalidad, la raza, la edad, el sexo, la opinión política, la situación migratoria, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la discapacidad o las características genéticas de la víctima, serán considerados homicidios calificados.

El proyecto fue aprobado en segundo debate a finales del pasado mes de marzo y une a Costa Rica a los más de 40 países que ya han regulado como un agravante los delitos que se realicen contra una persona a causa de su pertenencia a un grupo específico.