— "Habiéndose demostrado que acosó, amedrentó y atemorizó al personal a su cargo en la Dirección Jurídica del INS, presenta una tesis insostenible para hacerse acreedora ella misma de hechos de acoso laboral que no logra probar, pidiendo una cuantiosa indemnización por ello, misma que por tratarse de una institución del derecho público surgiría del erario público, así como surgió del mismo, todos los costos materiales, humanos y económicos requeridos para confrontar las acusaciones de la presente sumaria", dice el fallo.

— Por todo esto la jueza condenó a Ramírez a pagar el 25% del importe líquido de las absolutorias que son: su pretensión de 250 millones de colones en la sumaria principal por daños; 250 millones por daño moral; 150 millones de colones por daño material, para un total de 650 millones. Así las cosas, deberá pagar 162.5 millones de colones por costas.

— Tratándose de una sentencia de primera instancia y conociendo los antecedentes del caso está claro que esto está lejos de quedar en firme, pero todo parece indicar que una de las historias más inverosímiles que se han registrado en el sector público en años recientes empieza a quedarse corta de gasolina.

— Ojalá el caso sirva de ejemplo para que futuros nombramientos públicos, de cualquier orden y naturaleza, sean realizados con la responsabilidad política del caso y no para salir del paso o para cumplir algún favor adeudado. Las consecuencias de este tipo de nombramientos ya las hemos visto en más de una institución, a veces, inclusive, trayéndose abajo la reputación de una oficina entera.

— ¿Quién gana con esto? Nadie. Ciertamente no el país. Podemos y debemos aspirar a más, como mínimo, a ser un poquito más decentes y consecuentes, que lo que hoy parece “menor” mañana se lleva a cualquiera entre las patas mientras las verdaderas personas responsables siempre logran hacerse las majes sin rendirle cuentas a nadie.