Los 38 funcionarios de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional de Seguros (INS) se encuentran desde las 7:30 am del día de hoy en un cese de labores, debido a la decisión de una jueza de reinstalar a la antigua directora de ese despacho, la ex ministra de Justicia y Paz (2014-2015) Cristina Ramírez Chavarría, quien había sido removida de su cargo—sin responsabilidad patronal— a finales del año pasado, tras un procedimiento administrativo en donde se dieron por probadas varias conductas de acoso laboral contra los subalternos.

Ramírez Chavarría fue ministra de Justicia y Paz durante la administración Solís Rivera. En mayo del 2015 aspiró a ocupar la secretaría general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (Comjib), pero retiró su candidatura antes de la elección por falta de apoyo. Una semana después de ese evento, el Gobierno la degradó del puesto de ministra a asesora de la Presidencia Ejecutiva del INS.

La decisión de reinstauración la tomó la jueza Bertha María Jiménez Alvarado —del Juzgado de Trabajo de Cartago— al acoger la solicitud de medidas cautelares interpuesta por la abogada de Ramírez, obligando al INS a la reincorporación inmediata de la funcionaría en el puesto de trabajo que ocupaba.

El caso

En julio del 2017 Ramírez Chavarría fue nombrada directora de la Dirección Jurídica del INS y estuvo en el ejercicio del cargo hasta octubre del 2018, cuando fue suspendida —con goce de salario— por las investigaciones administrativas que se realizaban en su contra.

Según tuvo por probado el órgano director que llevó el proceso, durante su paso como jefa de la Dirección Jurídica, Ramírez incurrió en conductas de acoso laboral contra 7 funcionarios de esa dependencia. La resolución (del cual Delfino.cr tiene copia), detalla que las conductas incluían:

  • Acoso laboral (en su modalidad de desprotección laboral) y abuso de poder valiéndose de su posición jerárquica.
  • Maltrato verbal, abuso de poder valiéndose de su posición jerárquica, descalificación profesional y amenazas.
  • Maltrato verbal y amenazas.
  • Abuso de poder valiéndose de su posición jerárquica para someter a actos denigrantes y humillantes a un funcionario.
  • Abuso de poder valiéndose de su posición jerárquica para someter a situaciones denigrantes a una funcionaria subalterna.
  • Maltrato de palabra y someter a situaciones humillantes a una funcionaria subalterna.
  • Someter a situación humillante y descalificación profesional a una funcionaria subalterna

Adicionalmente, el Órgano Director del proceso dio por demostrado que las acciones de Ramírez Chavarría afectaron la dinámica y el ambiente laboral de toda la Dirección Jurídica del INS, incluyendo la salida de varios funcionarios durante el periodo de tiempo en el que estuvo a cargo de la Dirección.

Tras el procedimiento administrativo, el 14 de octubre del 2019 se dio la resolución final en la que se decidió el despido sin responsabilidad patronal de la exministra. Sin embargo, la ejecución del mismo quedo pendiente debido a que la funcionaría había interpuesto una denuncia por hostigamiento sexual donde figuraba como víctima y que estaba pendiente de resolución en firme.

Múltiples solicitudes de medidas Cautelares

Tras la ejecución definitiva del despido, la abogada de Ramírez Chavarría presentó una solicitud de medida cautelar ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José (expediente 19-002082-0166-LA) el 8 de diciembre del 2019, solicitando la reinstalación de la funcionaria. A esta solicitud se opusieron tanto las autoridades del INS, como los 38 funcionarios de la Dirección Jurídica quienes se apersonaron como terceros interesados. Esta solicitud se encuentra todavía pendiente de resolución.

Adicionalmente, la defensa de Ramírez Chavarría solicitó el 8 de enero de este año otra solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado de Trabajo de Cartago, que fue la que la jueza Jiménez Alvarado accedió a otorgar el pasado 9 de enero, sin antes otorgar espacio de audiencia a las autoridades del INS y a pesar de que todavía se encuentra en curso la primera solicitud.

Los 38 trabajadores de la Dirección Jurídica solicitaron al Juzgado de Trabajo de Cartago en un escrito que revocara las medidas cautelares y los considerara "parte del proceso", considerando que son víctimas directas e indirectas del acoso de Ramírez y que reintengrarla al cargo los expone a represalias y limita sus derechos laborales.