El Juzgado de Trabajo de Cartago ordenó por segunda ocasión al Instituto Nacional de Seguros (INS) reinstalar a la cuestionada exministra de Justicia Cristina Ramírez Chavarría, tras haber sido despedida del INS por segunda vez (en año y medio) el pasado 14 de enero.

El primer despido de Ramírez del INS fue en octubre del 2019, tras un proceso administrativo donde se concluyó que había incurrido en conductas de acoso laboral contra 7 funcionarios a su cargo, mientras que el segundo se dio por los presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude de ley en la función pública administrativa y peculado de uso, por hechos relacionados con la contratación de los servicios de dos personas, a través de la subsidiaria INS Servicios S. A. que sucedieron cuando Ramírez era la directora jurídica del INS.

Dato D+: Ramírez Chavarría fue ministra de Justicia y Paz durante la administración Solís Rivera. En mayo del 2015 aspiró a ocupar la secretaría general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (Comjib), pero retiró su candidatura antes de la elección por falta de apoyo. Una semana después de ese evento, el Gobierno la degradó del puesto de ministra a asesora de la Presidencia Ejecutiva del INS.

En enero del 2020, tras el primer despido, la jueza Bertha María Jiménez Alvarado —del Juzgado de Trabajo de Cartago—  acogió la solicitud de medidas cautelares interpuesta por la abogada de Ramírez, obligando al INS a la reincorporación inmediata de la funcionaría en el puesto de trabajo que ocupaba, aunque, tras una protesta del equipo completo de la Dirección Jurídica, el INS la traslado al departamento de Gestión de Procesos Masivos de Seguros Obligatorios.

Posteriormente, a mediados del 2020, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) le ordenó al Instituto cursar un procedimiento disciplinario contra la señora Ramírez, tras presentar una denuncia penal contra Ramírez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude de ley en la función pública administrativa y peculado de uso, por hechos relacionados con la contratación de los servicios de dos personas, a través de la subsidiaria INS Servicios S. A. que sucedieron cuando Ramírez era la directora jurídica del INS (antes de su primera reinstalación).

Al concluir ese proceso administrativo, el órgano externo que tuvo a cargo la investigación calificó la falta investigada como gravísima y “tuvo por acreditado que la señora Ramírez, de forma intencional, ejecutó actos para beneficiar a personas allegadas con puestos públicos”, por lo que el 14 de enero de este año el INS confirmó la segunda destitución de Ramírez.

Dato D+: Tras el despido de Ramírez, desde el INS ampliaron la denuncia penal que presentó la Procuraduría de la Ética Pública.

En esta segunda ocasión fue la jueza Cleia Calvo Bermúdez, del Juzgado de Trabajo de Cartago,  quien acogió el día de hoy las nuevas medidas cautelares solicitadas por la defensa de Ramírez, obligando al INS a reinstalar nuevamente a la funcionaria a partir del próximo 9 de abril.

Tras conocer esta nueva resolución del Juzgado de Trabajo de Cartago, el INS confirmó que debe acatar la orden judicial, pero aseguraron que presentaran de inmediato las gestiones judiciales para que se deje sin efecto la reinstalación, ya que según señalaron "en casos en donde se encuentra de por medio una denuncia penal por faltas al deber de probidad, debe ceder el interés particular ante el interés público".