La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente este miércoles, por mayoría, un proyecto de ley que hará que las iglesias, organizaciones y asociaciones religiosas sean responsables civiles de los delitos que cometan sus representantes, sacerdotes, pastores o ministros religiosos.
Se trata del expediente 21.392, presentado por el diputado Erick Rodríguez Steller en mayo del 2019. Cinco diputados votaron a favor en el trámite de comisión: Paola Vega (independiente), Franggi Nicolás y Wágner Jiménez (PLN), Pedro Muñoz (PUSC) y Walter Muñoz (PIN); dos votaron en contra: Mileidy Alvarado (PREN) y Jorge Luis Fonseca (PLN).
La reforma pretende añadir un nuevo inciso al artículo 106 del Código Penal, para incluir a las iglesias, organizaciones y asociaciones religiosas, así como las personas jurídicas que utilicen para sus negocios, actividades y dueñas de sus inmuebles, cuyos representantes, sacerdotes, pastores o ministros religiosos cometan un hecho punible.
En la justificación de su proyecto de ley, Rodríguez Steller afirmó que los casos de abuso sexual religioso son siempre repudiables, y que las noticias mundiales sobre violaciones a menores de edad cometidas por cualquier ministro religioso son espeluznantes.
Para esos pervertidos que aprovechan sus posiciones de poder como guías espirituales de sus víctimas infantiles, no existe sanción alguna que sea proporcional al daño causado. Los depredadores sexuales y particularmente los pedófilos conforman la estirpe criminal más dañina.
El diputado expuso que en casos de violación religiosa, generalmente los agresores no tienen fortuna y las indemnizaciones resultan incobrables, pues no existe norma alguna que obligue a sus iglesias y organizaciones religiosas a cubrir esas indemnizaciones. En otros países del mundo, con sistemas jurídicos diferentes y más justos, esta clase de responsabilidad patrimonial opera y se aplica tajantemente.
Si esa norma existiera -como sucede con las empresas de transporte público, dueños de establecimientos y otros- no solo aseguraríamos el pago efectivo de los montos que establezca la sentencia, sino que además generaría en las cúpulas religiosas mayor cuidado y atención de los comportamientos sociopáticos y delictivos de sus ministros.
Al haber sido dictaminado afirmativamente, el proyecto pasa ahora al Plenario para su discusión y votación en los dos debates de ley. Si esta iniciativa hubiese sido aprobada tiempo atrás, por ejemplo, la Iglesia Católica Costarricense sería responsable civil si un tribunal condena al exsacerdote Mauricio Víquez Lizano por los delitos de abuso sexual, violación agravada y corrupción de menores que se le imputan.
Breves
— La Comisión de Asuntos Municipales dictaminó afirmativamente el expediente 19.511 "Proyecto Anexión del Caserío de La Leguita al Distrito de Candelarita de Puriscal, San José", el expediente 21.736 "Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos de revocatoria de mandato municipal por medio de la reforma de los artículos 19, 163, 169 del Código Municipal, Ley N.° 7794 del 30 de abril de 1998 y del artículo 12, inciso p) del Código Electoral, Ley Nº 8765 del 19 de agosto de 2009", el expediente 22.283 "Desafectación de uso público, autorización a la Municipalidad de San Pablo de Heredia para que segregue y done una finca de su propiedad a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José (Iglesia María Auxiliadora)" y el expediente 22.644 "Modificación de límites entre los cantones de Atenas y San Mateo de la Provincia de Alajuela, en los distritos de Jesús y Desmonte". En contraparte, fue rechazado y enviado al archivo el expediente 22.267 "Autorización a la Municipalidad de Mora y al Ministerio de Seguridad Pública para que desafecten, segreguen, donen y permuten un terreno de su propiedad entre estos mismos".
— La Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó afirmativamente el expediente 22.046 "Reforma al artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley N° 1644" y el expediente 22.390 "Alma, Vida y Camarón".
— La Comisión de Turismo rechazó el expediente 21.968 "Ley de reactivación e incentivos para las actividades turísticas en Costa Rica".
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 21.815 "Reforma parcial a la Ley N.° 7717 de 4 de noviembre de 1997 "Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos"". El objetivo del proyecto es sustituir a la Dirección Nacional de Ingeniería de Tránsito por las municipalidades como entes responsables de otorgar los permisos de construcción y funcionamiento a los establecimientos que pretendan ofrecer el servicio de estacionamiento público, así como de realizar labores de control y fiscalización sobre estos estacionamientos. Además, incorpora como requisito el adquirir una póliza civil para parqueos, individual o colectiva, de acuerdo con la agravación del riesgo, tomando en consideración el número de espacios para los vehículos en el parqueo, la cantidad de pisos que posee el parqueo, el horario (diurno, nocturno o 24 horas), el acceso a las llaves del vehículo, el tipo y estado de la construcción, las cámaras de seguridad y señalización.
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.278 "Reforma del artículo 185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Infocoop, Ley N° 4179, de 22 de agosto de 1968 que establece la transferencia de recursos al Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y al Centro de Estudios y Capacitación y Educación Cooperativa (Cenecoop R.L.) por parte del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop)". El objetivo es aprobar por ley y ya no por norma presupuestaria como hasta el día de hoy está establecido, lo ya previsto por el Estado, lo cual es una transferencia prevista en la Ley N° 7040, Artículo 185, correspondiente al 1,5% de los ingresos del Infocoop, cuyos destinos son el apoyo a las labores de representación y defensa del Conacoop y el financiamiento de los programas educativos y de transferencia tecnológica desde el Cenecoop R.L., a las cooperativas de base.
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate, por segunda vez, el expediente 20.597 "Autorización a la Municipalidad de Turrialba para que segregue y done un terreno de su propiedad a la Asociación Turrialbeña de Radioaficionados".
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.524 "Ley para el desarrollo sostenible de la Cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal". Se declara una salvaguarda ambiental a todo lo largo del cauce principal del río Sarapiquí y su ribera, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río San Juan, por un periodo de 25 años prorrogables, con la finalidad de mantenerlo en las mejores condiciones ecológicas. Durante la vigencia de la salvaguarda ambiental no podrán desarrollarse nuevos proyectos hidroeléctricos ni otorgar nuevas concesiones de extracción de materiales mineros.
— Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 21.906 "Adición del artículo 31 bis y reforma el artículo 32 de la Ley N° 8582 denominada Impuestos municipales del Cantón de Pococí".
— La Comisión de Ambiente aprobó acoger las objeciones formuladas por el Poder Ejecutivo en contra del decreto legislativo 10.113 "Ley del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del Cáñamo para uso alimentario e industrial". Por votación de 6 vs. 1 la comisión aceptó eliminar los artículos 25 y 26 del proyecto de ley relativos al autoconsumo con fines medicinales o terapéuticos del cannabis medicinal; y modificar el artículo 5 relativo a los permisos que se necesitarán para poder sembrar cáñamo.







