Hemos estado reseñando el quehacer de las diferentes comisiones de la Convención Constitucional Chilena, por lo hoy abordaremos las dos restantes: Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Soberanía –que llamaremos Comisión de Principios—, la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y modelo económico —que llamaremos Comisión del Ambiente y la Economía— así como cerraremos con una Comisión adicional complementaria: la Comisión de Participación y Consulta Indígena, Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Cabe indicar que, en los primeros días de enero de 2022, luego de seis meses de ejercicio, el pleno de la Convención Constitucional Chilena renovó los cargos de la Presidencia y la Vicepresidencia, eligiendo por 78 votos a María Elisa Quinteros como presidenta, quien es una odontóloga e investigadora de 39 años, así como por 112 votos eligió de vicepresidente a Gaspar Domínguez, médico rural y académico de 33 años.
Comisión de Principios
Al igual que todas las comisiones, su trabajo ha consistido en visitar los territorios y recibir en audiencia a diversas personas que desean a aportar insumos para la nueva Constitución, en la temática que le corresponde trabajar.
En ese sentido, se vienen escuchando sugerencias de incorporar determinados principios rectores a la Constitución, como pueden ser la soberanía, la dignidad humana, el buen vivir, el bien común, el pluralismo, la justicia, la solidaridad, el ambiente, etc.
Así por ejemplo, en materia del principio de soberanía, hay una discusión acerca de si Chile debe seguir su tradición histórica de indicar que la misma reside en la Nación –lo cual comparte con la Constitución de Costa Rica y Uruguay— o, por lo contrario, debe indicar que la soberanía reside en el Pueblo, que es el enfoque de la Constitución de los Estados Unidos, España y la gran mayoría de países de América Latina. El concepto de Nación usualmente se usó en los albores de la independencia como indicativo de que se trata de otro país, sea de un Estado nuevo. No obstante, si se trata de establecer institucionalmente quien detenta el poder político supremo en un país, el término Pueblo luce como más apropiado, aunque señalándole límites, los cuales usualmente son dos:
- Ninguna persona o grupo se puede arrogar la soberanía.
- El soberano debe respetar los derechos humanos.
Por otra parte, sobre el tema de la democracia, sin duda la discusión es sobre el modelo de democracia que debe establecer la constitución y su profundización para ampliar el espacio cívico, incluyendo un posible énfasis en una modelo de democracia directa y en una democracia no solo representativa sino también participativa.
En cuanto a los temas de la nacionalidad y la ciudadanía, la discusión gira en torno a un nuevo concepto que se ha venido reconociendo en otros países sudamericanos como Bolivia y Ecuador: la plurinacionalidad. Es decir, un concepto que reconoce la diversidad cultural y con ello, un país con distintas nacionalidades, entendidas como identidades de diferentes pueblos originarios e incluso de los afrodescendientes que también hay en Chile.
Comisión del Ambiente y la Economía
En esta materia existen muchas expectativas, debido a que hay un sentir extendido en muchos diputados convencionales así como en la población en general de que en Chile se han sacrificado territorios enteros, en pos de las inmensas explotaciones mineras (de cobre, litio y otros minerales) así como la industria maderera y pesquera, con graves afectaciones a las comunidades y al medio ambiente, al punto de que se ha priorizado el uso del recurso hídrico —el agua— para esas industrias, antes que para el consumo humano.
Por otra parte, esos y otros temas suelen estar ligados al modelo económico neoliberal que ha prevalecido en Chile por varias decenas de años, motivo por el cual existen quienes incluso hablan de nacionalizar los recursos naturales y otros más comedidos no llegan a tanto, pero sí desean un modelo económico más respetuoso con el ambiente, más solidario, inclusivo y distributivo.
Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas
Lo primero que debemos recordar es que de los 155 diputados convencionales, hay 17 escaños reservados a representantes de pueblos indígenas, que en Chile son 10 pueblos originarios: Aymara, Quechua, Lickanantoy (Atacameño), Colla, Diaguita, Rapa Nui, Mapuche, Kawésgar y Yagan.
Muchos de esos convencionales indígenas forman esta Comisión, la cual tiene la responsabilidad de diseñar y ejecutar un proceso de participación y consulta a los pueblos originarios sobre distintos aspectos que debería contener la nueva Constitución en materia de derechos y principios indígenas, territorios indígenas, autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, cultura e incluso institucionalidad como podría ser una Defensoría de los Pueblos Indígenas.
Cabe señalar que existe un marco normativo internacional que debe ser respetado por esa Comisión y por el propio pleno de la Convención, conformado por tres instrumentos:
- El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
- La Declaración Universal de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
- La Declaración Americana de Pueblos Originarios.
En Chile han tenido varias experiencias de consultas nacionales y locales a los pueblos originarios, principalmente para medidas administrativas —como la consulta de 2014-2015 para la creación de un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP)—, en donde usualmente se pasa por dos fases: la primera etapa que consiste en realizar numerosos encuentros con todos los interesados en asistir y aportar, y la segunda etapa, en donde asisten sólo los representantes electos por los pueblos indígenas para sentarse a buscar un acuerdo con las autoridades públicas competentes.
Existen estándares internacionales sobre los requisitos que deben ser cumplidos en esta consultas, que son: previa, con instituciones representativas, de buena fe, con la finalidad de llegar a acuerdos —en cuyo caso es vinculante—, que se siga un procedimiento apropiado a las circunstancias —como sucede en este caso sui generis de una consulta de normas que deben estar en la Constitución en donde el plazo para este proceso es mucho más breve— y el deber del Estado de respetar estos requisitos.
En este caso, se ha definido que la etapa de participación abierta en diversos encuentros y reuniones arrancó el pasado 6 de diciembre de 2021 y culmina a finales de este mes de enero de 2022.
Una vez terminada esa fase de participación se continúa con una segunda etapa de sistematización de los aportes, generando un documento entre el 28 de febrero y el 4 de marzo de 2022.
Posteriormente, se trabaja en un texto concreto de propuestas de normas constitucionales que debe elaborarse entre el 7 de marzo y el 8 de abril de 2022.
Dicho documento es la base de la consulta final, la cual se hace con representantes designados de los pueblos originarios, dentro de un proceso que incluye la deliberación y la decisión política, tanto de la Comisión como del Pleno de la Convención.
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