De los placeres que ofrecen muchos centros urbanos del mundo es el comer al aire libre. No hay que ir tan lejos como París, Madrid, Nueva York o Montréal para hacerlo. Países en nuestro vecindario geográfico como Panamá o República Dominicana han habilitado los espacios públicos para permitir este tipo de espacios con mucho éxito para el mejoramiento de la experiencia y entorno urbano.
En el 2015, regresando a Costa Rica después de más de una década en Canadá —donde me desarrollé como planificador urbano— recuerdo ver a mi país y nuestras ciudades con nuevos ojos: con esa sensación de tantas oportunidades desaprovechadas.
Nuestra eterna primavera, nuestro clima templado a lo largo del año, naturaleza exuberante, ríos por todas partes, parques desolados o encerrados son activos que pocos tienen. De esa sensación de oportunidad nació Rutas Naturbanas pero, también, una obsesión constante por mejorar la experiencia del 80% de los habitantes que vivimos en zonas urbanas.
Recuerdo ir con mi mejor amigo a Ventanita Meraki frente a la Estación al Atlántico y no tener donde sentarnos a comer ahí mismo. No porque el comercio fuera solo una ventana y no tuviera mesitas para sus comensales, sino porque el espacio público inmediato carecía de ello. La plazoleta contigua a la Estación —mal diseñada y desaprovechada— permanecía vacía y sin espacio alguno para sentarse o comer. Lo más cercano era el Parque Nacional, con bancas, pero inseguro a esas horas. La clientela de Meraki prefería sentarse en el cordón de caño frente al restaurante. Y así en muchísimos lugares de la ciudad, y lejos de ser un entorno que invitara.
De campaña y Twitter
En el 2018 tomé la decisión de postular mi nombre para la alcaldía de la capital. Entre las propuestas “estrella” surgía esta oportunidad de aprovechar el espacio público para realizar una de los actividades sociales más comunes e importantes que tenemos como humanidad: ¡comer!
La capital alberga muchísimos parques y plazas que dejan de utilizarse a partir del ocaso. ¿Qué tal si en vez de refugiarnos en nuestras casas aprovechamos para socializar y comer al aire libre? ¿Qué tal si en vez de pagar por policías para resguardar los espacios públicos deshabitados les inyectábamos nuevos usos y seguridad a través de la activación?
Pero bueno, pasó febrero 2020 y no me tocó servir desde la municipalidad y para rematar un inicio de año intenso, nos cayó la crisis por COVID-19.
Con meses de pandemia a rienda suelta en el mundo, algunas ciudades redujeron el aforo o cerraron por completo sus restaurantes. No obstante, ciudades como Boston, Auckland y Toronto tomaron medidas para fortalecer la capacidad gastronómica al aire libre y así evitar contagios sin matar a sus pequeños comercios. En Costa Rica, no teníamos otra opción que la primera.
Pero si algo bueno podía dejarnos la pandemia, era replantearnos cómo vivimos y experimentamos nuestras ciudades. Tenía todo el sentido reconceptualizar la actividad gastronómica ante la oleada de cierres y pequeños comercios golpeados. La ciencia sustentaba comer al aire libre: como bien lo documentó el Dr. Hiroshi Nishiura de la Universidad de Tokyo que encontró que el riesgo de contagio es 18 veces mayor adentro de un local que al aire libre.
Cuando John Tory, alcalde de mi antiguo hogar de Toronto, compartió en Twitter las nuevas guías para que la ciudad aumentara la capacidad al aire libre, volví a lanzar la idea en Twitter un 6 de agosto del 2020. Rápidamente los diputados Pablo Heriberto Abarca (PUSC), Paola Vega (PAC, hoy independiente) y Roberto Thompson (PLN) se matricularon. A los dos días teníamos nuestra primera reunión vía Zoom y al mes con el apoyo principal de Daniel Álvarez, asesor de don Pablo, presentamos el proyecto de ley un mes y un día después: el 7 de septiembre 2020.
Esta semana, 17 de enero del 2022, el Congreso de la República votó a favor, en forma unánime, el proyecto en segundo debate.
Más que comer
El proyecto de ley (22.188) hace varias cosas. Primero, habilita a las municipalidades para que puedan otorgar permisos a restaurantes, sodas y cafeterías patentadas para que puedan ocupar porciones de aceras, plazas, parques, bulevares y calles locales (principio de legalidad). Hoy por hoy, este tipo de actividades son permitidas solamente para ferias o turnos con un horizonte de tiempo muy puntual.
Segundo, establece lineamientos mínimos en que las municipalidades deben reglamentar y adecuar la ley a sus distintas realidades urbanas, costeras o rurales. Entre ellos deberán definir cuáles aceras califican, qué proporción de qué espacio público puede utilizarse, horarios para cada uno, entre otros. Tercero, pone un tope al monto que pueden cobrar las municipalidades para el uso del espacio público y establece que la actividad al aire libre dentro de la propiedad del patentado no está sujeta a cobro (punto obvio pero importante para evitar “creatividades locales”).
Cuarto, modifica otras leyes para habilitar y clarificar la actividad. Ese es el caso de la Ley 9047 para la Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para permitir que los patentados puedan vender bebidas alcohólicas también en los espacios delimitados para tal efecto o la modificación a la Ley de Planificación Urbana para que la categorización de estos espacios sea contenida en los Planes Reguladores.
Lo que sí no hace la ley es dar carta blanca a cualquiera de ocupar una porción del espacio público. La ley solo permite que patentados existentes soliciten la autorización. No obstante, la autorización no es un derecho adquirido. Por ejemplo, en el caso de aceras deben resguardar el ancho mínimo para el tránsito peatonal según señala la Ley 7600 (1.2 metros). Es decir, si el entorno urbano no cumple las condiciones mínimas, la autorización no puede darse.
Por ello, la Ley de Comercio al Aire Libre genera el incentivo para que las aceras excedan el ancho mínimo de 1.2 metros, para que podamos convertir parqueos o porciones de calles anchas en lugares con actividad y seguridad para las personas. Es decir, los propios comercios serán aliados en la búsqueda de una ciudad más humana con aceras más amplias y dignas así como vías que inviten a ser un punto de convergencia.
Y a diferencia de tantos otros proyectos que no contemplan contenido presupuestario, los fondos que generen las municipalidades a raíz de los pagos por los derechos de la autorización deberán ser dedicados al mejoramiento del entorno urbano (reparación de aceras, iluminación, mobiliario urbano, vegetación, rampas) y seguridad. El proyecto persigue una espiral virtuosa con incentivos, financiamiento y mejoramiento del espacio.
Lo que viene y qué queda por hacer
Ahora queda en manos de las municipalidades reglamentar la aplicación de esta ley. Por un lado, asegurarse que el proceso sea ampliamente participativo con comercios y habitantes para que se regulen los espacios públicos en forma diferenciada y sensible a las realidades de cada territorio. Por otro, que estos reglamentos sean de fácil aplicación y que faculten la reactivación económica del sector gastronómico. Espero las municipalidades tomen esto también como criterio a la hora de identificar áreas de renovación urbana e inversión.
Aún queda pendiente iniciar legislar y dar claridad a la actividad de expendedores de comida móvil —es ilógico que tengamos que hacer festivales de Food Trucks donde quienes se desplazan son los clientes y no las unidades que se suponen ser móviles—. Este elemento, que en un borrador de la ley llamamos Licencias Flotantes, quedó por fuera de la ley pues requería mayor debate y consenso. Esta es una deuda que quedará para una siguiente Asamblea Legislativa.
Pero hoy, como país, damos un paso certero para comer al aire libre y crear el apetito de mejorar nuestro día a día en nuestras ciudades. ¡Provecho!
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