En el imaginario de muchos costarricenses, “Costa Rica gasta muchísimo dinero en programas sociales”; “la mayoría de este gasto es administrativo”, y por si esto fuera poco, “los programas sociales no tienen ningún impacto”, estos tres mitos afirmados con vehemencia por candidatos a la presidencia, burócratas, y numerosos conciudadanos, no sólo distan de la realidad, sino que le generan un daño severo a la sociedad.

Veamos los datos, si nos comparamos con los países con las mejores prácticas internacionales, resulta que Costa Rica invierte la mitad de lo que hacen ellos en programas sociales. El año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicó el Informe sobre inversión social, por primera vez y gracias a su adhesión, Costa Rica fue incluido en el mismo. Resulta que, en promedio, los países más avanzados invierten el 20% del producto interno bruto en este tipo de programas, mientras que nuestro país alcanza el 12%. Este nivel de inversión nos ubica en el extremo inferior de la escala, sólo por encima de México, Chile y Turquía. Mientras que, en el extremo superior, Francia, Finlandia y Bélgica invierten el triple que nuestro país.

Este ejercicio comparativo también permitió estimar qué porcentaje del presupuesto del gobierno central se invierte en programas sociales, nuevamente aquí Costa Rica aparece por debajo del promedio de la OCDE, mientras que países como Alemania y Luxemburgo duplican el nivel de empeño presupuestario gubernamental en materia social.

El segundo mito afirma que la mayoría de los recursos de programas sociales se destina a gasto administrativo, algo imposible en términos legales, y lejano a la realidad. Todos los programas sociales tienen límites legales para el gasto administrativo, por lo que superarlos conlleva sanciones que ningún funcionario público buscaría sufrir. Por ejemplo, el programa más grande del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) es el Régimen no contributivo por monto básico operado por la CCSS, que tiene un tope legal para su administración del 5%, en la práctica se ha venido reduciendo, y actualmente utiliza el 3,4%; el segundo programa más grande del Fodesaf es el Fondo de subsidios para la vivienda, que tiene un techo legal para gastos de administración del 6% de las sumas colocadas anualmente, en el presente utiliza cerca de la mitad. 

El tercer mito ignora que, según múltiples estudios, los programas sociales existentes tienen efectos positivos sobre la pobreza, e impactos de larga duración en la población beneficiaria. El Programa Estado de la Nación, determinó que las ayudas estatales reducen la pobreza extrema cerca de tres puntos porcentuales, y la pobreza total hasta cuatro puntos porcentuales. Es decir, que si eliminamos los principales programas sociales, en 2020 la pobreza habría alcanzado a más del 30% de la población. Asimismo, otros estudios han determinado que el otorgamiento de un bono de vivienda a un hogar en condición de pobreza con jóvenes en secundaria, garantiza un año más de escolaridad a sus miembros, lo que equivale a alcanzar el noveno año de secundaria a los varones y terminar el quinto año a las mujeres; y que un hogar en el que habita una persona que recibe una pensión del régimen no contributivo, se ve incentivado a generar ingresos propios 64% adicionales al beneficio otorgado.

En momentos en que el país empieza a superar una crisis fiscal, a la vez que enfrenta una pandemia con efectos inéditos en más de 130 años, existe una obligación incuestionable de hacer un uso óptimo de los recursos. Dicha búsqueda de eficiencia, genera presiones para ajustar y reducir algunas erogaciones estatales. Sin embargo, es preciso hacer un análisis basado en hechos verificables, sobre el mejor uso de los fondos públicos. Asimismo, el proceso de discusión e implementación de cualquier ajuste fiscal o reforma del Estado,  debe tomar en cuenta que el choque económico y sanitario producto de la Covid19, han afectado severamente y quizás de forma permanente, algunos avances en materia social, lo cual trae como consecuencia inevitable, un aumento de la demanda por servicios sociales, más allá de lo que se tenía programado atender en la era pre pandemia.

Es preciso afirmar, que los programas sociales tienen espacios de mejora en cuanto a su gestión, abordaje y focalización. Sin embargo, es un error no reconocer el camino avanzado ni su situación verificable actual, más allá de cualquier mito. En el país existe un debate profundo sobre el rol y tamaño del Estado, el cual sólo se agudizará en los próximos meses conforme se cierre la campaña electoral. Por ello, confiamos que la discusión se lleve a cabo basada en datos y hechos, por el bien de la sociedad, y en particular de sus miembros más vulnerables.

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