El Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (Maoco) y su brazo legal (Asomaoco) se manifestaron en contra del proyecto de ley 21.087 (“Ley para la Modernización de la Oficina Nacional de Semillas”, anteriormente denominado “Ley sobre la producción y control de la calidad en el comercio de semillas”) porque consideran que se opone al derecho al acceso y uso sin restricciones de semillas criollas, el cuál se encuentra resguardado por el artículo 20 de la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica (Ley 8591).
Desde Maoco reclaman que no han sido consultados por la Asamblea Legislativa, a pesar de que se verían directamente afectos ante la aprobación de este proyecto ya que “los productores orgánicos utilizan, reproducen, intercambian, venden y trasiegan semillas criollas, silvestres y asilvestradas que han sido mantenidas y mejoradas en toda su diversidad genética y de variedades por los pequeños campesinos y los pueblos ancestrales desde tiempos inmemoriales”.
Desde la Asociación aseguraron que, a pesar de que el texto dictaminado contiene una declaratoria de interés público en su artículo 4, consideran que esta es “es omisa y a todas luces insuficiente para resguardar el derecho humano inalienable de los pueblos indígenas, los pequeños campesinos y los productores orgánicos, agroecológicos, y agricultores en general pues en el articulado de la ley propuesta no se excluye explícitamente a las semillas criollas del registro; por el contrario, cuando se habla de registro, este aplica a todas las semillas, sin excepción”.
Dato D+: La actual versión del artículo 4 señala que “se declara de interés público para el país la protección y conservación de las variedades de semillas tradicionales y criollas, como recursos fitogenéticos esenciales del país, para la seguridad alimentaria y como derecho de los productores y de las comunidades campesinas e indígenas”.
Adicionalmente, el actual artículo 29 del proyecto señala que las semillas criollas deberán certificarse cuando su venta “trascienda el ámbito informal o de pequeña escala, convirtiéndose en una actividad especializada con fines lucrativos y cuya magnitud y características permitan considerarla como una competencia desleal con las empresas dedicadas al comercio de semillas y tener implicaciones económicas considerables”.
Por este motivo desde la Asociación manifestaron su oposición a cualquier tipo de exigencia de registro de las semillas criollas, silvestres y asilvestradas, y consideran que la aprobación del proyecto en su versión actual sería una violación al “derecho de los pueblos indígenas, los pequeños campesinos, los productores orgánicos, y agricultores en general pues en el articulado de la ley propuesta no se excluye explícitamente a las semillas criollas del registro”.
El presidente de Asomaoco, Manuel Zumbado Arrieta, añadió que: “nuestra lucha es porque se respete nuestro derecho a seguir utilizando las semillas criollas como se ha venido haciendo por cientos y miles de años, que se excluyan explícitamente de esta nueva ley. Estamos de acuerdo en que se regulen aquellas semillas comerciales, muchas de las cuales no se pueden reproducir, y que quede a libre elección del productor cuál semilla utiliza. No basta con que se declaren de interés público si eso no queda claramente explicito en el articulado de la ley, no basta con que se hagan excepciones si no se permite el libre intercambio, venta, reproducción y el trasiego de estas semillas”.
El expediente 21.087 fue presentado a la corriente legislativa por la diputada Paola Valladares Rosado (PLN) con el apoyo de nueve firmas adicionales de distintas fracciones legislativas. El texto del proyecto fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Agropecuarios el pasado 21 de setiembre, pero todavía podría ser modificado vía mociones 137 antes de que pase definitivamente al Plenario Legislativo para su primer debate.
