Con 12 votos a favor y 31 en contra, fracasó el intento legislativo de "pasarle por encima” al veto presidencial y reactivar la pesca de arrastre en Costa Rica.

El expediente 21.478: Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica, necesitaba 38 votos positivos para aplicar el resello legislativo al veto interpuesto por el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, en octubre de 2020. 

El intento de revivir el proyecto de pesca de arrastre en el país llegó luego de que, el pasado 17 de agosto, la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea recomendara al Plenario hacer caso omiso a lo dicho por el Presidente.

Los diputados conservadores Mélvin Núñez, Carmen Chan, Marulin Azofeifa e Ignacio Alpízar se impusieron a los oficialistas Welmer Ramos y Mario Castillo, quienes votaron en contra de pasar por encima del veto presidencial. Las diputadas Paola Valladares y Aida Montiel del PLN; y Erwen Masís del PUSC pidieron permiso para faltar a la sesión de ese día.

Los conservadores presentaron su informe de mayoría proponiendo el resello de la ley, ignorando el veto del presidente; mientras que el PAC presentó su propio dictamen instando a archivar el proyecto, y lo mismo hicieron por su cuenta los diputados del PLN y PUSC.

Cuando un Decreto Legislativo es resellado se convierte en ley con las firmas del directorio legislativo y no requiere las firmas del Poder Ejecutivo.

El pasado de la pesca de arrastre en el plenario

El proyecto fue aprobado en segundo debate el pasado 22 de octubre y buscaba otorgarle el plazo de un año a Incopesca para que contara con los estudios científicos y técnicos necesarios que permitieran concluir que la pesca de arrastre es sostenible ambientalmente y por ende, extender las licencias según los lineamientos que la institución definiera reglamentariamente.

Se aprobó con 28 legisladores a favor y 18 en contra.

Luego de la segunda votación, del grupo que votó negativamente, surgió una carta a Presidencia donde se solicitó vetar el proyecto de ley. El documento enviado desde el despacho de Ana Karine Niño Gutierrez (PLN) fue firmada por ella y por los liberacionistas Luis Antonio Aiza CamposDaniel Ulate ValencianoRoberto Thompson Chacón y Silvia Hernández Sánchez, junto a Paola Vega Rodríguez (PAC), José María Villalta Flórez-Estrada (FA) y Mileidy Alvarado Arias (PRN).

A estas solicitudes se sumaron, además, la de organizaciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que también el fin de semana pasado hizo «un llamado especial para colocar la naturaleza en el centro de la recuperación post-pandemia»; y la Universidad Nacional cuya Escuela de Biología, mediante una petición formal a Presidencia, solicitó el mismo rechazo por parte de Zapote.

Por su parte, y a corte del 23 de octubre anterior117 organizaciones del país habían solicitado al presidente que aplicase el veto a esta ley, entre los cuales se encontraban a su vez, 32 gobiernos locales.

Además, la activistas Ana María y Melissa pasaron desde el 23 de octubre en huelga de hambre frente a Casa Presidencial, pidiendo a su vez el correspondiente rechazo a la ley.

Posteriormente, el 30 de octubre, el presidente Alvarado Quesada impuso el veto presidencial total contra proyecto de pesca de arrastre. En ese momento el mandatario argumentó:

Al no ser categórica la evidencia, debemos proteger al ambiente y a las poblaciones que se verían más afectadas. Cualquier decisión que tomemos sobre el aprovechamiento de recursos naturales debe ser basada en ciencia y puede ser desarrollada por los órganos competentes".