El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate un proyecto de ley que cuadruplicará el plazo para interponer una denuncia por actos de hostigamiento sexual en el empleo o la docencia.
Se trata del expediente 21.749 presentado por el diputado oficialista Enrique Sánchez Carballo y que recibió 39 votos a favor en su primera votación.
El proyecto surgió por considerarse que el plazo actual de dos años para plantear una denuncia es insuficiente para las víctimas: en el caso de estudiantes, los planes de estudio usualmente tienen una extensión de al menos 5 años (sin tomar en cuenta el período para la realización de un trabajo final de graduación o un posgrado) y existen relaciones de poder que prevalecen entre personal docente-estudiante o personal administrativo-estudiante, debido a las cuales se genera una presión sobre la víctima que podría evitar que decida interponer una denuncia.
Por otra parte, en el caso del ámbito laboral, las personas trabajadoras que deseen realizar una denuncia tendrán también un plazo mucho más razonable para que pueda superar el episodio de violencia y pueda tomar la decisión de denunciar.
Con esta modificación, el plazo para interponer la denuncia, en el ámbito de trabajo y educativo, del sector público y el sector privado, sea ante instancia judicial o no judicial, ya sea en espacios privados de empleo, docencia o educación, en sede administrativa o ante las instancias judiciales, se considerará de ocho años y se computará a partir del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de que cesó la causa justificada que le impidió denunciar.
En el caso de las personas menores de edad, este plazo se computará a partir del momento en el que alcancen la mayoría de edad.
Breves
— Con 38 votos a favor se aprobó en primer debate por unanimidad el expediente 22.042 "Autorización al Estado para que done un inmueble de su propiedad a la Municipalidad del cantón de Turrialba".
— Con 38 votos a favor se aprobó por unanimidad en primer debate el expediente 21.978 "Autorización al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que done y traspase un terreno propiedad del Estado al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para construir las nuevas instalaciones de la Estación de Bomberos de Ciudad Quesada, San Carlos de Alajuela y desafectación del inmueble".
— Con 39 votos a favor, se aprobó por unanimidad en segundo debate el expediente 22.190 "Modificación a los artículos 104 y 111 de la Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554, del 13 de noviembre de año 1995". Con el proyecto se permitirá que los jueces del Tribunal Ambiental Administrativo trabajen de manera unipersonal, lo cual ayudaría a triplicar la atención de las denuncias, creando una optimización de los recursos actuales al contar los jueves con tiempo suficiente para poder elaborar las resoluciones finales.
— Con 24 votos a favor y 19 en contra se volvió a rechazar ampliarle el plazo cuatrienal al expediente 20.490 "Rectificación de límites entre los cantones de Atenas y San Mateo en el sector de Estanquillos (Quebrada Honda y Zapote)", por lo que el expediente quedó definitivamente archivado.
— Los conservadores del Congreso nos dejaron dos penosos incidentes este martes: Jonathan Prendas Rodríguez y Nidia Céspedes Cisneros saturaron de mociones el proyecto de ley que pretende reducir de 3 a 2 años el tiempo necesario para validar una unión de hecho en el país, proponiendo que la misma no aplicara a parejas del mismo sexo. Ello molestó a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, donde Patricia Villegas dijo que lo hecho por esos congresistas era "una caballada". Mientras tanto, en el Plenario la diputada Shirley Díaz del PUSC llegó a comparar la obligatoriedad de la vacuna de la COVID-19 o que los comercios pidan el carnet de vacunas a sus clientes, con el aborto y las dictaduras, y dijo que era "inconstitucional" a pesar de que según una revisión rápida del sistema de jurisprudencia muestra una gran cantidad de resoluciones en las que se dice lo contrario.
