La diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz Mejías, arremetió este martes en el Plenario Legislativo en contra de la posibilidad de que en el futuro se exija el carnet de vacunación como requisito para que las personas ingresen a los comercios y restaurantes en el país.

Esta medida, que ya se ha implementado en naciones como en Francia, empezó a resonar desde la semana pasada, luego de que el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, señalase que las autoridades sanitarias evaluarán ajustes en las medidas de restricción vigentes en el país, como la presentación de un carnet que certifique la vacunación contra la COVID-19 en el futuro.

Las autoridades, sin embargo, han sido enfáticas en que esta medida se tomaría más adelante, cuando la mayor parte de la población esté inmunizada contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Sin embargo, y según señaló Díaz esta tarde, "la vacunación debe ser un acto libre y nunca obligatorio", por lo que solicitó a sus compañeros legisladores poner "mucho ojo" ante esta propuesta.

Según aseguró:

La vacuna contra el COVID-19 es necesaria para volver a la actividad normal pero mucho ojo, es un acto que debe ser libre y voluntario, nunca forzado y tampoco se debe exigir ningún carnet de vacunación para el ingreso a comercios. Quiero hacer esta advertencia porque la semana pasada el presidente Alvarado expresó que un tema a valorar para la apertura de los comercios era el uso del carnet de vacunación para el ingreso a los mismos. Mucho ojo, compañeras y compañeros, no se debería exigir a los ciudadanos demostrar que ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID para ingresar a restaurantes. ¿Qué pretenden con esto en medio de un proceso tan lento de vacunación? ¿Terminar de cerrar la economía? Tampoco se puede aplicar esta medida, aún teniendo la cantidad de dosis para toda la población. Creo oportuna la vacunación pero esto conforme a nuestras leyes y en concordancia con el Estado de Derecho, por eso la vacunación debe ser un acto libre y nunca nada obligatorio".

La legisladora socialcristiana aseguró que una medida de este tipo "podría dar pie a ideas que podrían fortalecer en un futuro la obligatoriedad de la vacunación", una posibilidad de la que se manifestó en contra señalando que:

Es inconstitucional y lesiona los derechos de los ciudadanos. No sería la primera vez que el Poder Ejecutivo aplica el matonismo. Lo hemos visto en las manifestaciones con la fuerza usada por la policía y también en los decretos como la UPAD y por supuesto, la norma técnica a favor del aborto. Debemos estar atentos para frenar estas ideas dictatoriales que han sido el pan de cada día con este gobierno del PAC y que con la excusa de la pandemia han venido a transgredir los derechos de los costarricenses".

El tema de la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 lleva rato en la palestra y al respecto ya se han pronunciado instancias como la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo.

Según consta en los expedientes del Poder Judicial, a la fecha ya se han rechazado más de 15 recursos y apelaciones a recursos que se oponen a la obligatoriedad de la vacuna en escenarios como el de la entrega de servicios de salud.

En ellos, los recurrentes han presentado alegatos como el que solicitaba la firma previa de consentimiento informado antes de que la persona se vacunara; el que pedía la aceptación de la objeción de conciencia en caso de que la persona no quisiese recibir la vacuna; u otro que señala que la vacuna era un "tratamiento experimental" y que por eso pedía no recibir la inmunización.