La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) defendió este miércoles los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que las entidades bancarias deben enviar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en forma confidencial.
La defensa se realizó luego que ayer en una sesión de comisión en el Congreso, el fiscal general interino, Warner Molina Ruiz cuestionara la utilidad que tienen esos informes para generar causas penales, además de afirmar que dependiendo de si el cliente en cuestión tiene mucho dinero en el banco, la entidad podría preferir no reportarlo al ICD.
"La realidad nos dice que los grandes lavadores de dinero ilícito en este país o no son detectados, o son detectados pero no reportados, por más sospechosas que resulten sus operaciones financieras. Una prueba de ello son las recientes sanciones que Sugef ha aplicado a dos bancos por haber incumplido la normativa anti lavado, pero si la Sugef es acuciosa y coordinara acciones con la Unidad de Inteligencia Financiera, serían muchos más las entidades financieras sancionadas", declaró Molina.
En un comunicado de prensa en respuesta a las declaraciones del fiscal, la ABC afirmó que la banca pública y privada del país es respetuosa de la normativa existente y que cumplen con la obligación de reportar al ICD cualquier operación sospechosa de lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“El Sector Financiero es de los más regulados en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, por eso asume con mucha seriedad este tema. La Sugef fiscaliza los departamentos de cumplimiento de todas las entidades y las labores que realizan, en procura de garantizar que las personas que utilizan el Sistema Bancario Nacional lo hagan de manera transparente, correcta y legal”, dijo Mario Gómez, Asesor Legal de la Asociación Bancaria Costarricense.
Gómez afirmó que los ROS cumplen con los estándares nacionales y que según datos del ICD, en 2020 recibieron 550 Reportes de Operaciones Sospechosas, de los cuales 409 fueron realizados por los bancos y en los primeros siete meses del 2021 recibieron 366 reportes, 260 de ellos por parte de entidades bancarias.
El fiscal general interino también dijo que los casos de lavado de dinero que llegan al Ministerio Público no tienen "mucho futuro" y en realidad, representan un desgaste desde el punto de vista de investigación, pues solo tienen nueve auditores forenses que además de ver esos casos, deben dar apoyo a las fiscalías de todo el país.
“Es claro que los ROS son solamente un instrumento más del cual pueden hacer uso las autoridades judiciales en los casos que tramitan, y que muy probablemente requieran de otros elementos de prueba para concretar sus investigaciones, pero eso no le resta relevancia de estos reportes, que por obligación deben realizar los bancos”, concluyó Gómez de la ABC.
