El Acuerdo de Escazú no es solo un tratado internacional más que Costa Rica debe ratificar ni siquiera por la obligación moral de hacerlo por haberse firmado en nuestro país, sino porque representa la renovación del compromiso de Costa Rica con la lucha contra el cambio climático, pero sobre todo con la democracia y su respeto a los derechos de todas las personas.
Este tratado internacional, cuyo origen conlleva una gran historia de multilateralismo latinoamericano de décadas, no es nada más ni nada menos que la señal democrática sobre la lucha por preservar el planeta y consolidar la agenda de desarrollo sostenible de la región.
¿La razón? Muy sencilla, pero profundamente significativa. La participación ciudadana, dice António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas: “es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza”. Y es que, de ese concepto, fundamental en la construcción y sostenimiento de una democracia, se deriva el objetivo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Publica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú:
“El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, dicta el artículo 1 del Acuerdo.
Nunca antes la comunidad internacional se había centrado propiamente en construir un instrumento que defendiera la participación de la ciudadanía como bastión para combatir un problema que es de todos y todas: el cambio climático y la contaminación del planeta. La toma de decisiones sobre cómo utilizar los recursos naturales debe tomar en cuenta a la diversidad de personas que componen las naciones y no únicamente a los gobiernos ni mucho menos solo a las empresas, esencialmente porque todas las personas tienen derecho a incidir en cómo construir su ambiente sano y equilibrado, siendo esto un derecho humano.
De allí que, entonces, al constituir un acuerdo que deja la marca de la democracia en la lucha ambiental, hace que sea obligación moral para las democracias más sólidas de Latinoamérica, como Costa Rica, el ratificarlo con un amplio respaldo de la Asamblea Legislativa, pero sobre todo de la sociedad civil y la empresa privada; sin embargo, nuestro país no lo ha hecho.
Como si no fuera grave el no haberlo ratificado, pese a que somos un país que levanta la bandera de la participación ciudadana, tampoco lo hemos hecho para renovar nuestro compromiso con quienes, sin miedo y con la cara en alto, levantan la voz por las injusticias cometidas contra el planeta. El Acuerdo de Escazú es relevante para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la Tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo. Los riesgos que las personas defensoras de la Tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan tienen un efecto amedrentador que va más allá de las víctimas directas, pues amenaza con paralizar actividades de defensa que son cruciales para el futuro del planeta y de la humanidad.
Costa Rica tiene una deuda pendiente de mejorar su legislación para proteger a los defensores del medio ambiente y este acuerdo es un paso firme para saldarla y significa un amplio respaldo al respeto de los derechos humanos, estos a su vez claves para el fortalecimiento del sistema democrático.
Ante esto, tal y como en numerosas oportunidades lo ha dicho Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL, debemos ver el Acuerdo de Escazú como “una oportunidad para la construcción del futuro del planeta previniendo los conflictos sociales al mismo tiempo que se va transformando la estructura productiva con igualdad, sostenibilidad y resiliencia”, en virtud de que, fomentar la participación ciudadana en todos los espacios siempre será una herramienta efectiva para generar consenso y alcanzar acuerdos, acciones fundamentales para una democracia, por lo que no respaldar su promoción, evidentemente significaría rechazar la filosofía de un régimen político que hemos defendido en el concierto de las naciones en las últimas décadas.
Ratificar el Acuerdo de Escazú es, sin duda, hacer más y mejor democracia. Señores diputados y diputadas, llegó la hora de enviar ese mensaje al mundo.
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