La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, por unanimidad, el crédito entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1750 millones para la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19.

En sesión virtual, los legisladores integrantes del foro legislativo votaron a favor de dictaminar el crédito, el cual pasará ahora a conocimiento del Plenario para ser discutido y votado en primer y segundo debate.

La aprobación en segundo debate y la firma del mismo como Ley de la República por parte del Presidente de la República hará que el Fondo Monetario desembolse el primero de seis tractos del préstamo, por 292 millones de dólares, mientras que los demás tractos se harán contra evaluaciones semestrales en las que el FMI verificará el cumplimiento por parte del país de las metas que fueron convenidas.

El crédito se enmarca en la facilidad del Servicio Ampliado del Fondo (SAF, o EFF por sus siglas en inglés), tiene un plazo de 10 años, con cuatro años de gracia y una tasa de interés de 2,05% aproximadamente.

Como dispone la Constitución Política para todos los empréstitos internacionales al Gobierno, el proyecto de ley requiere de aprobación legislativa por mayoría calificada (al menos 38 votos a favor). Costa Rica comprometió ante el fondo una agenda de reformas para alcanzar un superávit primario de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2023 y empezar a bajar la relación deuda/PIB, para que descienda del 60% crítico que se considera desde la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La pandemia de COVID-19 aceleró el deterioro financiero del Gobierno Central: la economía se desplomó 4.5% durante el 2020; la tasa de desempleo se duplicó en cuatro meses y el déficit financiero del Gobierno cerró en 8.1% ese año, tras sufrir una caída en sus ingresos de ₡586.924 millones (1,7 % del PIB), lo cual representó un decrecimiento de -10,9 % respecto al 2019.

El Banco Central advirtió que sin las reformas y el crédito del FMI, la relación deuda/PIB del Gobierno en el 2024 podría superar el 80% del PIB, un nivel considerado insostenible para un país como Costa Rica.