Tras un último periodo súper convulso, Nicaragua está a las puertas de un nuevo proceso electoral que se llevará acabo el próximo domingo 7 de noviembre.

Desde ya, y sin las garantías de un proceso justo, la oposición se prepara para enfrentar al presidente y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega Saavedra, quien será el candidato oficialista en busca de perpetuar aún más su mandato, luego de alcanzar el poder por segunda vez en el enero de 2007 (Ortega ya había sido presidente en el periodo posterior a la Revolución Sandinista, de 1985 a 1990).

En este contexto, desde Delfino.cr conversamos con el precandidato presidencial por el partido Yatama, George Henriquez Cayasso, quien definió el camino que le espera con palabras que no son comunes para un lector costarricense:

Si nosotros no hacemos esto ¿quién más lo va a hacer? ¿Si mi generación no lo hace quien más lo va a hacer? Los que hicimos el sacrificio antes y después de abril de 2018 fueron los más jóvenes y por eso no tiene lógica que si nosotros hicimos lo que hicimos, en el momento de ahora de disputar el poder vengan los mismos de siempre y los apellidos de siempre a querer montarse sobre el riel y querer liderar al país. Para mí eso no tiene sentido. Yo sé que esto no va a ser fácil, yo sé que hay un riesgo para mi integridad física y la de mi familia pero si nosotros no asumimos el reto, otra gente lo va a asumir y esa otra gente puede que no tenga el compromiso con el país".

En efecto, para un costarricense es difícil imaginar un escenario en que poner el nombre en una papeleta signifique un riesgo; sin embargo, esta parece la tónica del otro lado de la frontera norte, donde la represión de abril de 2018 sigue latente.

Rememoremos: aquellas primeras protestas que empezaron el 18 de abril ante las reformas anunciadas al sistema de seguro social nicaragüense, terminaron transformándose en meses de manifestaciones y de represión que dejaron muestras inéditas de violencia, con un saldo de más de 300 muertos (el número exacto nunca fue confirmado por el régimen), miles de heridos y miles de personas desplazadas a naciones aledañas, como la nuestra.

Uno de los ejemplos más recientes de la represión que se vive del otro lado del Río San Juan, es la modificación de la fachada del edificio en el que se albergaba el medio opositor 100% Noticias, tras poco más de dos años de la toma de las oficinas y el arresto a los periodistas dirigentes del medio en diciembre de 2018.

Entre los periodistas arrestados se encontraba la comunicadora nicaragüense —y también costarricense pues tiene doble nacionalidad— Lucía Pineda Ubau, quien se encuentra en nuestro país luego de haber estado presa hasta el 11 de junio del 2019, cuando fue liberada de la cárcel de mujeres La Esperanza, ubicada en las afueras de Managua, gracias a la intermediación de la cancillería costarricense y presiones de distintos organismos internacionales.

En medio de semejante contexto, el bloque opositor más grande de Nicaragua, la Coalición Nacional que se formó a partir del 2018, está organizándose para formar una propuesta alterna al Orteguismo con la cual disputar el poder el próximo mes de noviembre.

Según señaló George Henriquez a Delfino.cr, esta coalición aglutina a dos partidos y a cinco movimientos sociales nicaragüenses entre los que destacan el movimiento campesinos, la agrupación Fuerza Democrática Nicaragüense, la de Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica Unidad Territorial y el Partido Yatama, entre otras.

La coalición está apostando por una elección primaria interna en la que las agrupaciones parte enviarán a sus precandidatos a fin de que entre todos se elija a un representante opositor que sea el que enfrente a Ortega.

Esta elección primaria se realizaría entre la segunda quincena y finales del mes de abril con el objetivo de que en el mes de mayo ya se tenga definido al candidato por el bloque.

El panorama, sin embargo, no es del todo confiable y así lo confirmó el propio Henriquez:

No existen las condiciones. Actualmente no existen las condiciones de seguridad ni jurídicas para participar en unas elecciones democráticas en contra del régimen de Daniel Ortega. En estas elecciones hay un escenario que plantea que las elecciones van a ser muy difíciles en cuanto a la protección de la integridad física de los opositores por la persecución política y criminal con paramilitares, con entes de la policía a líderes opositores del país".

Esa misma realidad ya está siendo denunciada por organismos internacionales como la propia Organización de Naciones Unidas (ONU), quienes el pasado mes de febrero señalaron un deterioro en el Estado de derecho nicaragüense, al tiempo que solicitaron una reforma electoral urgente para poder garantizar que las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre sean “libres, justas y transparentes”.

Según la ONU, “la adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”, una afirmación que, evidentemente, fue rechazada por el gobierno nicaragüense que a partir de la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales, quien rechazó enérgicamente el contenido del informe.

Sin embargo, esta no es el único dictamen que se ha emitido en esa vía. Justo el día de hoy martes 9 de marzo, la denominada Comisión de Buena Voluntad, compuesta por personajes prominentes de Nicaragua, informó que ha solicitado información a la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el avance de las reformas a la Ley Electoral que el organismo demandó al Gobierno del presidente Daniel Ortega en octubre pasado, para garantizar unas "elecciones creíbles" en noviembre, pues hasta ahora Ortega no ha dado muestras de que realizará las reformas exigidas.

Las complicaciones son evidentes: Henriquez señala que la oposición ni siquiera se puede reunir de manera presencial sin poner en riesgo su seguridad.

No hay facilidad de movilización y no hay garantías de reuniones durante un periodo electoral: las reuniones opositoras las tenemos que hacer, en su mayoría, a través de un medio digital porque muchas veces cuando el régimen sabe que tenemos reuniones, lo que hace es que envía a la policía a resguardar las casas de los líderes opositores para que no salgamos ni participemos de esa reunión".

Candidato joven y afrodescendiente

George Henriquez Cayasso, precandidato opositor nicaragüense, aspirante a la representación del Partido Yatama.

En este escenario es en el que George Henriquez Cayasso lanzó su precandidatura.

Henriquez es nicaragüense, originario de la etnia creole de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua. A sus 35 años, este licenciado en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas que también cuenta con una maestría en Género e Identidad intercultural, se presenta como una figura conocida en la oposición del vecino país del norte, luego de más de 18 años de ejercer el activismo en temas de derechos humanos, en temas de derechos de poblaciones minoritarias y en la vida política y social del país.

Antes y después de abril de 2018 he estado muy involucrado en la oposición, yo he hecho cabildeo político con los países miembros del CARICOM (Comunidad del Caribe) solicitándoles el voto y explicándoles la situación de Nicaragua. También tuve la oportunidad de dar un testimonio ante el Tom Lantos Human Rights Commission en el Congreso de los Estados Unidos, con respecto a la situación sociopolítica que estaba pasando en el país".

Henriquez es miembro militante del Partido Yatama, una agrupación que debe su nombre a la frase indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, que significa "Hijos de la Madre Tierra" y que, según sus propias palabras, busca separarse del conflicto izquierda-derecha que ha caracterizado a esta nación, con el objetivo de defender al medio ambiente e impulsar un desarrollo productivo económico sostenible con los recursos naturales.

El precandidato tiene que ser oficializado como tal por su partido ante la Coalición y espera que este proceso culmine a su favor en la asamblea regional que Yatama realizará el fin de semana del 19 al 21 de marzo.

Creo que tener 35 años y lanzar una candidatura contra una dictadura que no da garantías reales en el proceso es algo muy serio pero yo lanzo mi candidatura porque siento que no estamos presentes dentro del discurso político del país, no estamos en la agenda pública. La única vez que los afrodescendientes, indígenas y la agenda de los pueblos minoritarios está presente, es cuando ven los muertos en alguna reunión. Los líderes políticos que se han proyectado luego de 2018, no tienen esas agendas en sus discursos, por eso creo que podemos hacer esto, marcar una pauta con mi candidatura para cerrar brechas y abrir espacios para mi generación y las que vienen".

Henriquez asegura que los cargos políticos afrodescencientes que se han presentado en Nicargua en los últimos años tienen una tendencia partidaria que "nos han hecho mucho daño porque su elección fue a través de un partido político y dan su obediencia y su respaldo a las agresiones del partido político y no a la gente en general" y por eso aboga por una candidatura que vaya en otra vía.

Sus propuestas, según mencionó a este medio, abogan por la independencia de los poderes del Estado, por la reducción del ejército nacional y de su gasto, así como la recolocación laboral de las personas que ahora forman parte de ese ejército.

Además buscará que se dé trato justo a las personas acusadas de terrorismo por parte del régimen y que se incentive y garantice la seguridad jurídica para la inversión extranjera asegurando el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Estas son algunas de las propuestas porque a través de la Coalición Nacional hemos elaborado propuestas que van a ser la bandera que va a utilizar el candidato que sea electo", señaló.

La esperanza de este precandidato, así como de gran parte de la oposición de su país, está en que como prometió en 2018 cuando todo estaba ardiendo, Ortega respete el proceso y que en caso de una derrota, la dictadura seda su poder a través de un proceso democrático como pasó en Chile a inicios de los 90.

Por eso este precandidato opositor señaló que uno de los principales retos en este momento es que el régimen permita que entre observación de la OEA y la ONU para que sean garantes del proceso (un proceso que no parece estar avanzando bien dentro del régimen).

Hay un gran apoyo popular a la oposición: Ortega tiene alrededor de un 10 o un 15% de apoyo ciudadano y el 90% de esa gente, es gente que le trabaja. Hay un respaldo popular a la oposición en el país pero también hay una desilusión muy grande porque todavía, luego de 3 años, no se ha consolidado un solo bloque opositor en contra de Ortega y eso ha desilusionado a mucha gente. Creo que a medida que logremos definir el mecanismo y que logremos elegir a un candidato o candidata que lidere la oposición, a esa medida nuevamente la gente se va a motivar".