La Organización Interseccional pro Derechos Humanos de Costa Rica realizó la mañana de este martes, una denuncia pública en la que acusó al Colegio de Abogados de inacción ante el irrespeto que sufrió esta una persona trans durante un proceso judicial de la que es parte.

Según señaló el activista y abogado Marco Castillo Rojas en una conferencia convocada esta mañana:

La organización acuerpa a una mujer trans que fue irrespetada por un abogado en el marco de un proceso judicial pues, a pesar de que en el proceso veía su nombre femenino, él se refirió a ella siempre diciéndole 'don Fulano', 'señor Tal' o 'el demandado' y nunca respetó su identidad, a pesar de que su cédula ya está actualizada y su aspecto es completamente femenino. Eso es un irrespeto que linda con el Código de Ética del Colegio de Abogados".

Castillo afirmó que el Código de Ética del Colegio señala que los procesos deben regirse bajo el respeto a las partes y también bajo valores como la tolerancia y la cortesía, algo que no se aplicó en este caso.

Además, señala que los profesionales en esta materia están en la obligación de defender el disfrute de las libertades civiles y políticas de la ciudadanía y que aquí también se faltó, pues el abogado en cuestión (cuyo nombre no trascendió), no se ha actualizado en términos del avance en los derechos de las personas trans.

Este abogado se quedó años atrás y en este caso hasta la jueza reprendió al abogado por estar refiriéndose a la mujer de esa forma", sostuvo Castillo.

Por ello la organización optó por interponer la denuncia contra el órgano encargado, en este caso la Fiscalía del Colegio, que a su vez elevó el caso a la Junta Directiva, donde la entidad se declaró incompetente para sancionar:

Eso riñe con los principios de que el Colegio de Abogados tiene que supervisar y disciplinar a los abogados para que tengan una correcta aplicación de los principios éticos".

Según consta en el acuerdo 2020-40-056, tomado por la Junta Directiva del Colegio el pasado 26 de octubre y que se notificó el mes anterior, el Colegio señaló que la competencia para sancionar una práctica de este tipo le corresponde al Poder Judicial y al juez encargado, y no al órgano como falla ética.

Al respecto el documento señala que:

Una vez analizado el presente asunto se logra evidenciar que esta Sede Gremial no es la competente para dilucidar los hechos denunciados por la parte denunciante, en razón de que la actuaciones que se le pretenden endilgar al denunciado es en ocasión de manifestaciones, presuntamente irrespetuosas, realizadas dentro del marco judicial, correspondiéndole en este caso al Juez del Despacho, aplicar la normativa pertinente (...) Debido a lo anterior y de la normativa supra citada lo procedente es declarar la incompetencia de la denuncia interpuesta y en consecuencia ordenar archivo del expediente".

Para Castillo Rojas, este es un ataque a los derechos humanos de la persona que defiende pues durante el juicio, el abogado se negó a tratar a la ofendida con respeto a su identidad de género en todo momento, excepto cuando señaló que ella sí debía tener dinero puesto que había podido realizarse una operación mamaria, "es la forma más irrespetuosa y eso no es ético":

Nosotros lo que le pedimos al Colegio de Abogados es que rectifique y que haga una circular a todos los agremiados y agremiadas, pidiendo el respeto a la transexualidad en todos los procesos judiciales porque lo que nos interesa es que este asunto no se repita más".

El activista agregó que esta acción por parte del Colegio es una lavada de manos, pues "aunque sea podían haber hecho una advertencia. Esto es algo que nos molesta muchísimo porque el Colegio se salió por la tangente y eso no es aceptable desde el punto de vista del respeto hacia las personas que todo abogado y abogada debe cumplir".

Castillo finalizó señalando que la persona ofendida no seguirá adelante con el proceso de denuncia tras este rechazo, lo que para él es una muestra más de la realidad que tienen que vivir las personas trans en nuestro país.

La sociedad costarricense no está tratando a las personas con equidad. Cuando ganamos la batalla por el matrimonio civil igualitario dimos un paso muy importante pero no hemos llegado a la equidad social y se nos sigue discriminando. Por eso aquí estamos sin dejar de poner el dedo en la llaga porque la llaga es esta: la forma en que muchas partes de la sociedad, por fundamentalismos religiosos y por prejuicios machistas, siguen irrespetando la identidad de género de las personas, pues las personas y las mujeres trans siguen siendo las que más sufren de estos agravios".

Desde mayo del 2018 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aprobó una medida que posibilita el cambio de nombre por identidad  de género autopercibida para las personas que lo soliciten ante el Registro Civil. La acción se tomó en cumplimiento de la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de enero de ese mismo año.