Don Pepe: el espía

Señora dígame cuántos viven en esta casa, si hay viejos y cuántos güilas y por supuesto —arrastrando algunas letras por los años— dígame si su marido bebe güaro.

Mientras la mujer le reportaba éste y otros datos sensibles a don Pepe, Orlando Núñez —un cubano excompañero de la Facultad de Derecho de Fidel Castro Ruz— custodiaba la entrada para evitar que alguien interrumpiera el interrogatorio del caudillo.

Don Pepe también les preguntaba sobre sus ingresos, en qué se gastaban la plata, si les alcanzaba, si ocupaban más, si tenían deudas. Todo lo apuntaba en una libretilla que andaba en la bolsa de la camisa mientras recorría los pueblos, barrios y caseríos de la Costa Rica de finales de los años 60.

Aquel registro que comenzó a construir durante su última campaña presidencial y el inicio de su gobierno le permitió darse cuenta de que en Costa Rica era necesario apoyar a la mujer en el hogar, sola o con marido, para superar la condición de pobreza de cientos de hogares en nuestro país, lo que lo condujo a establecer el programa de asignaciones familiares.

Don Pepe, de una formación autodidacta y multidisciplinaria, desde el siglo pasado —tal vez sin pretenderlo— estableció para la política local la importancia del uso de información estadística para la formulación de políticas públicas, pero para los estándares de los actuales diputados de la oposición, incluidos los y las de Liberación Nacional, don Pepe fue un espía.

No es posible que al entrar hacia la culminación del primer cuarto de este siglo algunos políticos pretendan que en Costa Rica la política se siga manejando con consultas al oráculo, leyendo las piedras de la vesícula de una gallina o que el presupuesto nacional se monte con un ábaco.

En la era de la información los datos son un paladín contra corrupción y por consiguiente un gladiador contra el manejo clientelar de los recursos del Estado y es posiblemente eso lo que a los políticos de mayor avejentamiento les irrita: el fin de sus medios para el ejercicio del poder.

En política la juventud y la vejez no tienen que ver con la edad, sino con las ideas. No fue el joven revolucionario el que desplegó esta importante acción, sino un José Figueres por encima de los 60 años. Así los hay por muchos, pero también jóvenes con 100 años de prejuicios a los que no vale la pena mencionar junto con el nombre del caudillo.

Pretender que alguien en Zapote se quiso abrir una sucursal de la CIA en Costa Rica es tan absurdo como la afirmación que acabo de hacer y en el plenario legislativo, en un acto absolutamente inconstitucional, quedó claro de quienes era la mala intención: de los que vieron en esta situación una oportunidad electorera y no les importó, incluso, violentar la constitución que juraron defender.

Situación similar se ha producido, con ésta, cuatro veces: con José María Figueres por el cierre del Banco Anglo, con Abel Pacheco por el financiamiento de su campaña electoral, con Luis Guillermo Solís por el cementazo y con Carlos Alvarado por la UPAD. Pero no porque se haya hecho significa que estuvo bien o que hay un precedente para hacerlo. Por eso me llamó poderosamente la atención que la fundamentación jurídica que hizo la Presidencia de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa para exponer el fundamento de tal acto, se basó, en primer lugar, en una supuesta “norma consuetudinaria” y no en la Constitución Política.

Supongo que fue también don Pepe el que metió en ese zapato a la diputada de su partido, pues probablemente para no rendirle cuentas por su Presidencia de la Junta Fundadora de la II República, a la Asamblea Legislativa en el periodo de don Otilio, en la Constitución del 49 se estableció que la presencia física del presidente en el recinto parlamentario únicamente se contempla para efectos de entregar el informe que (ahora) se hace el 2 de mayo de cada año y al otorgar como materia reservada para el Poder Legislativo la interpelación de funcionarios, únicamente se permite hacerlo para Ministros de Estado.

Sin que nada de eso implique un “cheque en blanco” para el presidente pues no está exento de responder por sus actos ante el Poder Judicial.

De tal forma, la violación a la Constitución no es porque se ha hecho un acto contrario a lo que ésta dice, sino, precisamente, porque se está realizando uno que ella no contempla, lo que queda resuelto por el principio de legalidad consagrado en el Art. 11 de la Constitución.

En tanto que esa sea la disposición constitucional, se debe respetar, porque como lo señaló don Rodolfo Méndez en un Estado de Derecho esas cosas tienen que importar y punto. El respeto y el cumplimento de la ley en una República como la nuestra no es y no puede ser opcional (Rodolfo Méndez, un nombre que si vale la pena mencionar en momentos como este).

Si queremos un presidencialismo sujeto al control político directo de la Asamblea sobre la institución de la Presidencia, son los mismos diputados lo que tienen la opción de cambiar la Constitución Política, pero en tanto no se haga debe respetarse como está, no actuar contra ella.

De modo que en este episodio confluyeron el analfabetismo digital y la calentura electoral, ambas en perjuicio de nuestra democracia. No obstante, es ampliamente satisfactorio observar el apoyo de la mayoría de costarricenses hacia la institucionalidad democrática.

Nunca nos cansemos de luchar por ella… la defiendo, la quiero y la adoro.

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